El Gobierno defiende a Nadia Calviño en el caso de la empresa de su marido: «Cumplió la ley»
El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción acordó abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno
La vicepresidenta Nadia Calviño, en una comparecencia en el Congreso. | Europa Press
El Gobierno ha asegurado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, cumplió «escrupulosamente la normativa aplicable» en la concesión de fondos europeos a Beedigital, una empresa presuntamente vinculada a su marido.
El Ejecutivo se ha expresado así en una respuesta parlamentaria del pasado 6 de mayo, recogida por Europa Press, a dos preguntas formuladas por el PP acerca de las «presuntas irregularidades» y la «grave incompatibilidad» de la citada empresa con la gestión de esos fondos.
En concreto, en sendos escritos dirigidos a la Mesa del Congreso de los Diputados, los ‘populares’ preguntaban al Gobierno si tenía previsto abrir alguna investigación para esclarecer este extremo. Además, cuestionaban cuál había sido la respuesta del Ejecutivo a la opinión pública ante «las reiteradas publicaciones» acerca de la concesión.
Por su parte, el Gobierno asegura que España «cuenta con herramientas jurídicas y orgánicas que garantizan que el ejercicio del alto cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas».
«No es posible facilitar la información»
Así las cosas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez expone que «las decisiones adoptadas por los altos cargos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cumplen escrupulosamente la normativa aplicable y, en particular, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado».
Además, en su respuesta parlamentaria el Gobierno se ampara en la Ley General de la Seguridad Social para dejar claro que «no es posible facilitar la información solicitada» por el PP «toda vez que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado«.
Los mismos, añaden, «solo podrán utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto alguno de los contemplados en el citado artículo».
La denuncia en Anticorrupción
Fue el pasado 22 de abril cuando el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, acordó abrir diligencias de investigación para analizar los contratos de emergencia del Gobierno de Pedro Sánchez que se incluyeron en la denuncia que presentó el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
En un decreto de siete páginas, el fiscal jefe indicaba que los hechos denunciados «revisten especial trascendencia» por lo que incoaba diligencias para el esclarecimiento de los mismos, abriendo así una investigación por cada una de las siete empresas «supuestamente favorecidas», entre las que estaban la citada Beedigital e Industrias Plásticas Playbol, que según la denuncia del PP estarían vinculadas con el marido de Calviño y los padres del presidente del Gobierno, respectivamente.
Luzón recordaba en su escrito que fue el pasado 10 de marzo cuando tuvo entrada en la Fiscalía la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea en la que señalaba «irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el covid-19″ y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras irregularidades que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas.
Sobre ‘Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA’, ahora conocida como ‘Beedigital’, Luzón recordaba que el PP de Madrid la relaciona con Calviño porque su marido es el director de marketing de la empresa. Indicaba además que la adjudicación del contrato «se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones» y que cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda ascendía a 884.000 euros.
