Los altos funcionarios reclaman becas para opositar y poder contrarrestar la ‘gran jubilación’
Fedeca, la asociación de funcionarios A1 del Estado, tiende la mano al Gobierno para reformar las oposiciones sin «cambios radicales»: «Los errores se pagarán durante años»
Imagen de archivo de un proceso selectivo por oposición. | EFE
Las administraciones públicas españolas se enfrentan a un reto sin precedentes: un 30% de los funcionarios se jubilarán en la próxima década. La media de edad de los empleados públicos en la Administración General del Estado oscila entre los 52-54 años, lo que obliga a un importante relevo generacional en los próximos diez años que supondrá el incremento de la oferta pública. Conseguir reponer esas plazas y hacerlo de forma que no baje el nivel de las oposiciones es la propuesta de Fedeca (Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado), la asociación que aglutina a 43 organizaciones de funcionarios A1.
Los representantes mayoritarios de los altos funcionarios del Estado, que han accedido a sus puestos tras superar unas exigentes oposiciones, rechazan que la captación de nuevos empleados públicos se produzca a costa de una degradación de los métodos de selecciones utilizados hasta la fecha. Fedeca se abre a «una adaptación del sistema de acceso» a la función pública, pero rechaza los «cambios radicales»: «Aun siendo bienintencionadas, pueden dañar los principios básicos de igualdad, método y capacidad».
«Cualquier degradación en los sistemas de acceso al nivel A1 de la Administración supondría, a medio y largo plazo, una merma notable de la prestación de esos servicios públicos clave», apuntan fuentes de Fedeca a THE OBJECTIVE, que lamentan la falta de voluntad de los distintos gobiernos para afrontar la ‘gran jubilación’ que se avecina con criterios técnicos y después de un estudio pormenorizado de las necesidades reales del Estado: «Por eso, la reforma del sistema de acceso debe hacerse escuchando a las partes implicadas».
«Los errores que se puedan cometer en este proceso de reforma se pagarán durante años», advierte Fedeca
Fedeca se ofrece a «trabajar de la mano» del Gobierno para reformar el sistema de acceso a las oposiciones, lo que consideran que es «defender los intereses generales de los ciudadanos y aspirar a ofrecerles los servicios públicos de calidad». «Los cambios radicales pueden dar lugar a consecuencias no deseadas en la prestación de los servicios a nuestros ciudadanos», recalcan, por lo que plantean una serie de cambios sin acabar con un método que, a su parecer, «ha demostrado cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad».
«Hay que dinamizar y mejorar el acceso a los puestos más complejos de la Administración, pero sin rebajar, bajo ningún concepto, el nivel de preparación y especialización de estos funcionarios», insisten desde Fedeca: «Como Estado, la búsqueda de la excelencia es una obligación». Por ello, advierten: «Los errores que se puedan cometer en este proceso de reforma se pagarán durante años».
Mejora de las oposiciones
Fedeca propone «mejorar la parte práctica de los procesos selectivos, teniendo muy en cuenta aspectos como la expresión oral, capacidades digitales, idiomas o la capacidad de aplicar los conocimientos a casos reales». Sin embargo, la asociación de altos funcionarios rechaza de plano que los cambios deberían limitarse a las «habilidades blandas», pero en ningún caso podrá implicar «un menosprecio de los requerimientos memorísticos». «La actuación de los funcionarios A1 está sometida al cumplimiento de la ley, por lo que deben dominar y poder manejar con fluidez los fundamentos de su trabajo», explican desde Fedeca.
«Abogamos por mantener la parte teórica-memorística y complementarla (que no sustituirla) con la parte práctica», aseveran fuentes de Fedeca, que pide expresamente «mantener los exámenes orales, incluyendo en ellos, en su caso, un turno de preguntas, ya que permiten al tribunal evaluar el grado de comprensión, razonamiento y aplicación práctica de los conocimientos técnicos, así como conocer la capacidad de interlocución, improvisación y resolución de problemas del candidato» ante tribunales de carácter «multidisciplinar».
Becas para opositar: una demanda histórica
La asociación de altos funcionarios cree necesario divulgar las bondades y minimizar el riesgo que supone opositar, «reduciendo el ‘todo o nada’, el riesgo económico y la incertidumbre de plazos y, en consecuencia, vital». Para ello, consideran que debería crearse un sistema de becas y préstamos «que combina la búsqueda de la excelencia con el fomento de la igualdad de oportunidades».
Fedeca pide la creación de becas que permitan opositar a personas sin recursos y establecer un sistema de créditos para costear los años de estudio
Este sería un importante cambio con respecto al sistema actual, en el que la falta de becas dificulta -cuando no imposibilita- la decisión de opositar: un proceso que a menudo conlleva una dedicación plena durante alrededor de un lustro. La implantación de becas es una demanda histórica por parte de multitud de aspirantes. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero trató, con el exministro de Justicia Bermejo, de implantar unas becas para acceder a la carrera judicial, pero la polémica suscitada y la llegada de la crisis paralizaron la decisión.
En la línea de tratar de reducir ese «todo o nada», Fedeca también plantea que se reconozcan los «años de preparación» de las oposiciones mediante «certificaciones oficiales» para todos aquellos candidatos que hayan participado en alguno de estos procesos selectivos, de modo que aquellos que no consigan completar las oposiciones puedan acreditar su preparación.
Fedeca cree importante «agilizar los plazos de los procesos de selección» y hacerlos más accesibles, de modo que «permitan atraer talento desde cualquier parte de España», fomentando así la «diversidad social y territorial». Y una vez conseguido ese talento, Fedeca pide «retenerlo» mediante una mejora de las retribuciones que evite la fuga a la empresa privada o incluso a otras administraciones públicas -autonómicas, provinciales o locales- que a menudo ofrecen mayores salarios en comparación con los de la Administración General del Estado.
