Vox 'obliga' a Almeida a seguir controlando todos los contratos del Ayuntamiento
La izquierda denuncia que hay contratos que aún no se han registrado y pide mantener la normativa que se pretendía derogar en el pleno de este martes
José Luis Martínez Almeida atiende a la prensa. | EFE
El Reglamento del Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid seguirá vigente. Al menos, de momento. El Gobierno municipal no llevará al pleno de este martes la derogación de una batería de normas «obsoletas» entre las que se incluía este texto, que obliga a consignar todos los contratos adjudicados por el Consistorio y las entidades públicas dependientes. La izquierda denuncia que hay contratos que aún no se han registrado y pide mantener la normativa. Solo el concurso de Vox, cuyo voto es crucial, consiguió posponer la decisión del alcalde, José Luis Martínez Almeida.
La Junta de Gobierno acordó el 7 de abril aprobar el proyecto definitivo de Ordenanza de Derogación Normativa y de Modificación del Régimen Jurídico de los Consejos Sectoriales. De esta manera, el Consistorio conseguía suprimir 13 normas que «han quedado desfasadas». Entre ellas, el Reglamento del Registro de Contratos, aprobado en 2017, durante el mandado de Manuela Carmena. Algunos grupos se quejan de que Almeida pretendía acabar con esta norma «por la puerta de atrás» en un momento en el que se están dirimiendo contratos bajo sospecha.
Los contratos de Almeida
Un portavoz del Gobierno municipal rechaza ese extremo. Explica a THE OBJECTIVE que el reglamento en cuestión forma parte de una batería de normas que el Ayuntamiento pretende eliminar para «simplificar» y hacer «más transparente» su ordenamiento jurídico. Leyes que han quedado en desuso, «como la del sereno», y otras que han sido actualizadas o pueden ser agrupadas en otras. El procedimiento forma parte del proyecto Plan de Gobernanza adoptado en 2020. En septiembre del año pasado ya se derogaron otros 17 reglamentos.
La oposición no compra ese argumento. Más Madrid denuncia la opacidad en la contratación de emergencias en el Ayuntamiento. Se queja de que, más de dos años después, muchos contratos siguen sin inscribirse en el Registro, tal y como establece el reglamento que el Gobierno municipal pretende eliminar. El concejal Miguel Montejo cifra en 42,5 millones de euros (164 expedientes de contratación) los contratos que siguen sin consignarse. Y admite: «No sabemos si estas cifras son o no ciertas porque Almeida no nos deja conocerlas».
«Vamos a terminar creyendo que, efectivamente, su forma de actuar quería evitar saltarse cualquier control. Al menos 15 millones terminaron en el cubo de la basura y seis fueron a la saca de dos intermediarios. Si se vuelve a dar una situación de emergencias, conviene tener las cosas claras», insiste Montejo, de Más Madrid. En su opinión, el alcalde no debe excusarse en que esos contratos no se registran porque no están formalizados, ya que eso es «tan inaceptable como ilegal». Entre los contratos que no aparecen, los de las mascarillas por las que el Consistorio pagó comisiones millonarias.
La derogación de esta normativa «obsoleta», entre ella el Reglamento del Registro de Contratos, se incluyó en el punto número dos de la comisión de seguridad y emergencias, que se celebró el miércoles. Sus detractores sostienen que este procedimiento debió abordarse en otra comisión, la de vigilancia de contratación. Aseguran que si el Gobierno municipal decidió incluirla en otra sesión fue «para que pasara desapercibida y se aprobara». A pesar de ello, los grupos de la oposición mostraron sus reticencias.
«Sin participación de la oposición»
El concejal Francisco de Asís Fernández presentó una enmienda. «Teniendo en cuenta la importancia de la contratación pública y a la vista de los últimos acontecimientos, relacionados con diversos aspectos de la contratación pública, Más Madrid se posiciona en contra de que se detraiga del pleno la capacidad de regular el funcionamiento del Registro de Contratos del Ayuntamiento». En la misma dirección se expresó el edil Ramón Silva, del PSOE, que aseguró en su texto que lo que se planteaba con esa derogación era «dejar en manos de la Junta de Gobierno la regulación de este registro sin participación alguna de la oposición».
La pataleta de la izquierda no intimidó lo más mínimo al Gobierno municipal, que siguió adelante con su objetivo. Su intención era aprobar la propuesta en la comisión de seguridad y emergencias y llevarla al pleno del martes 31 de mayo para su derogación definitiva. Sin embargo, acabó encontrándose con el obstáculo de Vox, que avisó de que no votaría a favor de la medida porque pretende seguir fiscalizando los contratos. Al Ejecutivo local no le quedó más remedio que retirar el punto del orden del día y posponerlo para próximas fechas.
A pesar de esta posición, en Vox están convencidos de que la polémica en torno a los contratos de las mascarillas es «humo». «Los hemos revisado y nadie del Ayuntamiento se ha quedado un céntimo. Es una argucia para desgastar a Almeida», afirma un dirigente de la formación verde. La relación entre ambas partes parece que vuelve a ser fluida. Se distanciaron después de que el Gobierno municipal aprobara el nuevo Madrid Central con la ayuda del Grupo Mixto, los concejales cercanos a Carmena que abandonaron Más Madrid. Los ediles también otorgaron su apoyo a Almeida para sacar adelante los presupuestos de este año.
Vox, que apoyó la investidura de Almeida, fue un apoyo fundamental para el alcalde durante sus primeros años de mandato. La relación se rompió después de que el PP, arrastrado por Ciudadanos, alcanzara acuerdos con los ediles carmenistas, distanciados del regidor tras el supuesto espionaje de Ayuso pagado con dinero municipal y el caso de las mascarillas. Los de Santiago Abascal han arropado al alcalde en el momento de mayor debilidad, quizás porque en la próxima legislatura no tendrán más remedio que entenderse (las encuestas avanzan un gobierno de coalición en el Consistorio entre Vox y los populares).
«Una cacería política»
Este viernes, los partidos de la oposición han hecho públicas sus conclusiones sobre los trabajos de la comisión del supuesto espionaje a la presidenta regional. Se votarán en el pleno de junio. La izquierda coincide en que el alcalde «mintió» al asegurar que, al ser informado, puso en marcha una investigación interna para saber si eran ciertos «los rumores» de que se había intentado contratar a detectives privados para espiar al entorno de Isabel Díaz Ayuso. También acusan al regidor de boicotear la comparecencia de dirigentes del PP. Entre ellas, la del excoordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, que dimitió tras estallar el escándalo.
Almeida ha acusado a la oposición de escribir las conclusiones antes de que arrancara la comisión. En su opinión, están «desoyendo» los informes del Comité de Ética y de Antifraude para «difamar y mentir». La formación verde cree que ha sido «una cacería política desde el principio». El Grupo Mixto, en cambio, critica la opacidad y lamenta que en el caso de las mascarillas «ni siquiera se creara una comisión de investigación». Mientras, la jefa de compras del Ayuntamiento ha explicado al juez que asumió toda la responsabilidad y que no recibió ninguna orden, respaldando así la versión del Consistorio.
