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Murcia también sigue la estela de Ayuso y hará frente a la reforma educativa del Gobierno

El Ejecutivo regional mantendrá los libros de texto de la ley Wert en siete de los diez cursos de educación obligatoria

Murcia también sigue la estela de Ayuso y hará frente a la reforma educativa del Gobierno

El Ejecutivo regional mantendrá los libros de texto de la ley Wert en siete de los diez cursos de educación obligatoria

La iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de recurrir el nuevo currículo educativo del Gobierno y de su ofensiva contra los libros de texto «cargados de ideología» va poco a poco marcando tendencia entre el resto de barones del Partido Popular.

Este martes conocíamos que el presidente andaluz, Juanma Moreno, también estudiará acudir a los tribunales en su negativa a aceptar ciertos puntos de la llamada ley Celaá. El candidato a la reelección en las próximas elecciones autonómicas aseguró que su Gobierno va a intentar «por todos los medios» limitar «una ideologización» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las aulas.

La última en sumarse a esta rebelión abierta contra el Ministerio de Educación ha sido la Región de Murcia. La consejera autonómica del ramo, Mabel Campuzano, ha anunciado a su vez recursos legales y su negativa a que los alumnos de la autonomía utilicen ciertos libros de texto contemplados en la Lomloe.

En concreto, tal y como adelanta el diario El Mundo, los estudiantes de toda la enseñanza obligatoria, a excepción de los de 1º y 3º de Primaria y 3º de la ESO, continuarán aprendiendo con los libros vigentes hasta ahora, correspondientes a la ley Wert del PP. Para el resto de cursos, serán los propios centros educativos quienes decidan si aceptan o no los nuevos libros. El Ejecutivo murciano se aferra a la Ley de Gratuidad de los Libros de Texto, que establece que en la Región los libros deberán tener una vida útil de al menos cuatro cursos. Así, la Consejería de Educación utilizará este subterfugio legal para no implantar los libros de texto de la ley Celaá.

La ofensiva legal del Gobierno murciano se sumará, además, a la de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), que interpuso un escrito ante el Tribunal Supremo contra el currículo educativo de ESO y Bachillerato.

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