La expareja de María Sevilla exige 85.000 euros a Montero por sugerir que es un maltratador
Rafael Marcos solicita ante los juzgados celebrar un acto de conciliación. Reclama 65.000 euros a la ‘número dos’ de Igualdad y 10.000 euros a Ana Pardo de Vera
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | Europa Press
Un total de 85.000 euros a Irene Montero, 65.000 euros a su ‘número dos’, Ángela Rodríguez Pam, y otros 10.000 euros a la periodista Ana Pardo de Vera. Es la indemnización que Rafael Marcos exige a la ministra de Igualdad y a la secretaria de Estado contra la Violencia de Género por sugerir públicamente que había maltratado tanto a su hijo como a su exmujer María Sevilla, recientemente indultada por el Gobierno pese a haber sido condenada por secuestrar al menor. A Pardo de Vera le reclama por unas declaraciones en RTVE en las que le llamó «pederasta».
Los abogados de Marcos han formulado este jueves ante los juzgados de primera instancia de Madrid la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de las respectivas demandas contra ambas altos cargos del Ministerio de Igualdad por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor, según han confirmado a THE OBJECTIVE los despachos Arroyo Abogados y Novalex Spain. A la periodista le atribuyen un posible delito de calumnias.
En primer lugar, se requiere a Irene Montero para que «se avenga a a reconocer que las declaraciones que realizó el día 25 de mayo de 2022 en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, en las que presentó a don Rafael Marcos como un maltratador tanto de su hijo como de su expareja, María Sevilla, son inciertas y determinan una intromisión ilegítima en el derecho al honor».
Además, en representación de Marcos, los despachos Arroyo Abogados y Novalex Spain solicitan una indemnización de 85.000 euros y una rectificación pública que contenga reconocimiento expreso de la incerteza de los hechos que se le imputaron al mismo. En las mencionadas declaraciones, la ministra de Igualdad celebraba el indulto a María Sevilla y se refería a Rafael Marcos, sin mencionarle directamente, como un maltratador.
65.000 euros a la ‘número dos’ de Montero
Además, los abogados de Rafael Marcos también han formulado solicitud para la celebración de un acto de conciliación frente a Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género. En este caso la indemnización que se solicita por intromisión ilegítima en el derecho al honor es de 65.000 euros.
Según un comunicado emitido por los despachos que representan a Marcos, se pide a la secretaria de Estado que se avenga a reconocer que son «inciertas» las declaraciones que realizó los días 24 y 25 de mayo en diferentes medios de comunicación en los que se refirió a Marcos como un maltratador y un abusador. Igual que a Irene Montero, a Rodríguez Pam se le exige que haga una rectificación pública.
Rodríguez Pam efectuó unas declaraciones en ese sentido el 25 de mayo en el programa ‘La noche en 24 horas’ que emitió el Canal 24 horas de RTVE. En un debate en el que intercambió opiniones con Begoña Villacís sobre el indulto concedido a María Sevilla, publicado en el BOE ese mismo día, la secretaria de Estado se refirió abiertamente a Marcos como un maltratador.
«Es un maltratador su padre. Los niños que viven con sus padres y les agreden sexualmente no pueden tener régimen de visitas, señora Villacís: ya está prohibido por ley. Tiene usted que leerse la ley de infancia que no la conoce», aseveró Rodríguez Pam en la televisión pública. Un día antes se había referido en términos similares sobre Rafael Marcos, pero sin nombrarle directamente, en una entrevista a ‘eh! universo media‘, un canal de información y entretenimiento en vídeo para las redes sociales, que cuenta con más de ocho millones de seguidores.
10.000 euros a Ana Pardo de Vera
Asimismo, según las mismas fuentes jurídicas, con arreglo a lo dispuesto en el art. 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Rafael Marcos ha formulado una solicitud para la celebración de acto de conciliación, previa a la interposición de una querella por un posible delito de calumnias, frente a Ana Pardo de Vera.
Se requiere a la demandada en conciliación para que se avenga a reconocer que las declaraciones que realizó el día 26 de mayo de 2022 en un programa de RTVE, en las que afirmó que Rafael Marcos había sido condenado por abusos sexuales y lo calificó de pederasta, son inciertas, lo indemnice en la suma de 10.000 euros y publique, a su costa y por el mismo medio, rectificación que contenga reconocimiento expreso de la incerteza de los hechos que se le imputaron al mismo.
Demanda por daño al honor
Los actos de conciliación solicitados por los abogados de Marcos son el paso previo a la interposición de las respectivas demandas que, como ya adelantó este diario, la expareja de María Sevilla tiene previsto presentar contra Montero y Rodríguez Pam por intromisión ilegítima en el derecho al honor.
Al tratarse de un procedimiento civil, y no penal, el demandante sortearía la condición de aforada de Irene Montero. De acuerdo con la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo, las autoridades y personas con cargo de representación pública deben abstenerse en sus manifestaciones públicas de catalogar o tildar como culpables a personas que no han sido condenadas con sentencia firme.
Marcos ha recibido casi 100.000 euros en donaciones para financiar sus demandas gracias a un crowdfunding puesto en marcha por la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid). Una iniciativa en la que han participado 4.500 personas para ayudarle a pagar los gastos del procedimiento judicial y cubrir las costas en caso de ser necesario. Los despachos Arroyo Abogados y Novalex Spain van a encargarse de forma gratuita de llevar ambos casos. El pasado viernes, los abogados de Marcos ya presentaron un escrito de oposición al indulto concedido por el Consejo de Ministros a María Sevilla el pasado 24 de mayo.
La Justicia condenó a María Sevilla en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión, además de cuatro años sin patria potestad, por sustraer y mantener aislado y sin escolarizar a su hijo durante más de un año para evitar que viviese con su padre, al que ella había denunciado hasta en seis ocasiones por abuso sexual al niño. En todos los casos, sus demandas fueron desestimadas por falta de pruebas. Sin embargo, en un decreto publicado la en el BOE el 25 de mayo, el Gobierno concedió a Sevilla un indulto parcial con el que además le devuelve la patria potestad.
