Baleares, Almería y Murcia prevén un «verano caliente» de inmigración por la ruptura con Argel
Policías desplegados en estas regiones aseguran que la ruptura de las relaciones con Argelia acentuará los flujos migratorios procedentes del país en España
Una patera con cientos de inmigrantes a bordo. | Europa Press
La llegada récord de inmigrantes a Baleares el mismo día en el que Argelia hizo pública la ruptura de relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado los peores presagios. El cambio de postura del Ejecutivo con el Sáhara Occidental en favor de Marruecos ha provocado que el país argelino mire para otro lado y las costas españolas más expuestas, Baleares, Almería y Murcia, hayan comenzado a advertir un incremento en los flujos migratorios en las últimos meses. No obstante, desde estas comunidades autónomas, auguran que la situación vaya a peor. «Un verano caliente» de inmigración que, dadas las circunstancias, «superará con creces» a los anteriores, aseguran distintas fuentes policiales a THE OBJECTIVE.
Este martes, en cuestión de 15 horas, 113 inmigrantes de origen argelino llegaron a las Islas Baleares a bordo de seis pateras, la mayor cifra en todo el año, según confirmó la Delegación del Gobierno. Un dato que no solo muestra el escenario que se avecina, sino que confirma a estas islas como «una nueva ruta de entrada de inmigración irregular a Europa» después de varios años recibiendo a miles de ciudadanos procedentes del país vecino, cuando hace un lustro tal vez llegaban un centenar en un mes. «Ahora eso puede ocurrir en un día. Desde el Gobierno negaban que nuestra región fuese una nueva vía de entrada, pero lo todo esto lo confirma», denuncian desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Pese a esta realidad, critican las mismas fuentes, las infraestructuras para una recepción óptima de la inmigración siguen sin estar listas. El Ministerio del Interior sigue acondicionando el que será el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Palma, en una instalación cedida por el Ministerio de Defensa, el antiguo cuartel palmesano de Son Tous. «El invierno pasado empezaron a adecuar el lugar, con módulos prefabricados para albergar hasta a 200 personas, pero todavía no hay fecha de apertura, han tenido tiempo suficiente. Mientras tanto, seguimos improvisando», critican los agentes.
136 pateras en Almería
Por otro lado, el país norteafricano mantiene su frontera cerrada, lo que imposibilita llevar a cabo las devoluciones de los inmigrantes a su país, una vez transcurren las 72 horas que pueden estar retenidos por la Policía antes de quedar en libertad, según marca la ley. En Baleares, durante la primera mitad de 2022, ya son 32 los cayucos que han llegado a sus costas con casi 500 personas a bordo. En Almería, en cambio, este dato es superado con creces. Según las fuentes consultadas, hasta el momento en esta región han arribado un total de 136 pateras.
La llegada de ciudadanos magrebíes —sobre todo, argelinos— y sirios a las costas almerienses es una constante, sin embargo, la Policía ha advertido un aumento de estos flujos migratorios en los últimos meses, principalmente desde que el Gobierno anunció su cambio de posición respecto al Sáhara para, según manifestó el martes el presidente Pedro Sánchez, «mantener la integridad de Ceuta y Melilla». Un cambio histórico por el que Argelia, en palabras de su presidente, Abdelmayid Tebune, ya advirtió hace meses a España de las consecuencias, que esta semana finalmente ha ejecutado.
A principios de mayo, THE OBJECTIVE ya dio cuenta de que el país argelino estaba permitiendo la llegada y posterior salida de su territorio a cientos de inmigrantes sirios, afganos y bangladesíes que, desde hacía al menos un mes, estaban arribando en pateras a las costas almerienses y murcianas. Entonces, las fuentes consultadas calculaban que habían llegado en torno a 1.000 personas a bordo de embarcaciones a estas costas.
Efecto llamada
La prueba del contraataque argelino está en que la llegada de estos inmigrantes a costas españolas resulta inusual. Hasta ahora, la conocida como ruta argelina —que comenzó a activarse en torno a 2019— había sido utilizada principalmente por ciudadanos argelinos que huían por el clima de inestabilidad y el caos político de su país. De hecho, el año pasado fueron más de 4.000 los que lograron llegar a las costas almerienses a bordo de 400 embarcaciones. Cifras que convirtieron a esta zona en el primer puerto español en numero de pateras y el segundo, después de Gran Canaria, que más inmigrantes recibía.
En este caso, los ciudadanos que también están llegando a España proceden de Turquía. Según fuentes policiales desplegadas en el extranjero, se trata en su mayoría de sirios, pero también de otros países como Afganistán o Bangladés, que residían en suelo turco desde hacía seis años, fruto del plan que firmó la Comisión Europea con Turquía en 2016 para contener los flujos migratorios provocados por una década de guerra en Siria. No obstante, parece que esa cifra ha comenzado a decrecer ante el efecto llamada procedente de Argelia.
Policías desplegados tanto en Almería como en la Región de Murcia dan cuenta de este escenario y se preparan para «un verano caliente», en el que «esperan oleadas de inmigración». Todo ello, además, sin los efectivos necesarios. Según precisan desde el SUP, en Almería la previsión de refuerzos que tenía planificado la Dirección General de la Policía para la Operación Paso del Estrecho solo se ha cubierto a la mitad. «Aunque vienen para esa operación, con el problema migratorio al final se tiene que tirar de ellos… Lo que implicará que se dejen de llevar a cabo otras labores».
Un CATE «inservible»
En Murcia, a la llegada en masa de inmigrantes que se prevé de cara a los próximos meses, se suma la falta de las infraestructuras adecuadas para albergarlos. «Aquí, en Cartagena, se decepciona a la gente en el muelle de Escombreras. En un espigón hay una especie de campamento con carpas, sin ningún otro tipo de instalación. No hay agua, ni iluminación, nada. Hace poco, una rata mordió a un agente, la insalubridad es total», denuncian desde la unidad de acción sindical, un grupo que aúna a todas las organizaciones policiales en la región.
Mientras tanto, prosiguen desde esta agrupación, la Policía está a la espera de que se abra el CATE, en el que el Ministerio del Interior invirtió cuatro millones de euros. «Las obras están finalizadas, pero no se usa. Hace poco, se intentó instalar el servicio de telefonía e internet, pero no se permitió, echaron a los trabajadores. La guerra por la apertura o no de este CATE entre las administraciones locales es tal que terminará siendo inservible», critican.
