Interior debe 50.000 euros a los empleados de la prisión de Valdemoro detenidos sin pruebas
Tres meses después de ser absueltos, y tras ser encarcelados sin pruebas, el Ministerio dirigido por Marlaska mantiene abierto su expediente administrativo
Fachada del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro. | Europa Press
Nuevo escarnio para los tres funcionarios de la prisión de Valdemoro que pasaron cuatro meses y medio en prisión tras ser acusados sin pruebas de introducir drogas en su centro de trabajo. Tres meses después de ser absueltos por la Justicia, y a pesar de haber sido readmitidos en su puesto a finales de abril, ahora el Ministerio del Interior se niega a cerrar su expediente administrativo. Motivo por el cual aún no se les ha abonado los casi 50.000 euros que dejaron de percibir en concepto de salario durante los más de doce meses que estuvieron suspendidos de empleo y sueldo.
En sendos escritos, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias deniega a los tres funcionarios la devolución de los haberes que dejaron de percibir durante el tiempo que permanecieron suspendidos de empleo y sueldo. Aunque el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro decretó el sobreseimiento de la causa abierta contra ellos el pasado 22 de marzo, el Ministerio del Interior alega que el expediente administrativo aún se mantiene abierto y por tanto «habrá que mantenerse a la espera» de su resolución para proceder a la devolución de los haberes.
La Subsecretaría de Interior no parece tener prisa para cerrar sus expedientes, a pesar de que han pasado tres meses desde que la Justicia dio carpetazo a la causa. Tampoco para pagarles lo que se les adeuda, algo más de 15.000 euros a cada uno, según confirman fuentes sindicales. Interior se acoge al artículo 98 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En su punto cuarto, establece que «la Administración deberá restituir al funcionario al funcionario la diferencia de los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir» en caso de que su suspensión provisional de empleo y sueldo no llegara a convertirse en definitiva.
Interior defiende al director de Valdemoro
La gran paradoja de esta situación es que Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, mantiene el expediente administrativo abierto a pesar de haberles restituido en su puesto de trabajo a los tres desde finales de abril, como demuestran los documentos obtenidos por este diario. No obstante, ninguno de ellos se ha reincorporado. Se encuentran de baja médica por las secuelas psicológicas que les ha causado su encarcelamiento y acusación. Además, según informan a este diario, tienen miedo a represalias por parte del director del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro, Antonio Luis de la Iglesia.
A pesar de que los sindicatos mayoritarios de funcionarios de prisiones han pedido en reiteradas ocasiones el cese del director de la cárcel de Valdemoro, desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska cierran filas con él. El pasado 10 de junio, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, visitó el centro penitenciario para asistir a la inauguración allí de una panadería que ha costado cerca de 400.000 euros, según cifras del sindicato UGT-ACAIP.
Durante su visita, Ortiz mantuvo una reunión breve con los delegados de los cuatro principales sindicatos de funcionarios de prisiones de Valdemoro. En el encuentro, el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias mostró su respaldo al director del centro. «Nos dijo que el atestado por el que fueron detenidos los funcionarios no lo hizo el director de la prisión, sino la Guardia Civil, y que él cree a pie juntillas al director», indican fuentes presentes en la reunión.
Sin embargo, como adelantó este diario, el atestado de la Guardia Civil tras la detención de los funcionarios, en mayo de 2021, señalaba que de los registros practicados en las viviendas y taquillas de los encausados no se había «podido obtener prueba incriminatoria alguna», salvo lo manifestado por el propio director de la prisión, uno de sus subdirectores y tres testigos protegidos (todos ellos internos del centro).
Los vídeos destapados por THE OBJECTIVE
Después de tenerlos más de cuatro meses en prisión preventiva, la juez archivó la causa tras tomar declaración a los testigos en los que se basaba la acusación. Como demuestran los vídeos publicados por THE OBJECTIVE, su testimonio en el juzgado desmontó por completo la causa. Los testigos afirmaron «no haber presenciado nada», «haber escuchado de oídas» e incluso que los investigadores «habían puesto en su boca palabras que no habían dicho».
Estos testimonios, refutando las acusaciones por las que los tres funcionarios fueron encarcelados y otro más detenido pero sin ir a prisión, dejaron perplejos a los letrados, fiscales y la juez. La magistrada llegó a preguntar en voz alta: «¿Dónde está la cámara oculta?». Inmediatamente después ordenó la puesta en libertad de los acusados, sin llegar a tomar declaración al subdirector de la prisión. La causa terminaría archivada el 22 de marzo.
Tres meses después, y tras el calvario sufrido, los funcionarios siguen sin percibir los haberes que se les adeuda, ante la lentitud de Interior para cerrar el expediente administrativo que les abrió hace ya casi un año y medio. Alguno de ellos ha perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca mientras se encontraba suspendido de empleo y sueldo.
