La cárcel de Valdemoro tiene 'zulos' al margen de la ley: sin ventilación, inodoro ni agua

Sin ventilación, inodoro, agua, lavabo, colchón, ni almohada: «inhabitables totalmente». Así son las dos celdas del centro penitenciario de Valdemoro, en las que desde la dirección de la prisión se da orden de ingresar durante 24 horas a los internos que regresan de un permiso ordinario o de una comunicación especial —más conocido como vis a vis— y son sospechosos de portar objetos prohibidos o drogas para el consumo en el centro o para su distribución en el mismo. Una presunción, sostienen fuentes penitenciarias, basada en la marcación de los perros de la Unidad Canina de la Guardia Civil, pero también en informaciones facilitadas por otros internos, que en muchos casos no se confirman. 

Denominadas como «celdas de evacuación», en los últimos tres años han sido el lugar de ‘castigo’ de un total de 25 reclusos, según denuncian sindicatos penitenciarios a THE OBJECTIVE. Lo grave de estas sanciones, no obstante, prosiguen las fuentes consultadas, es que se llevan a cabo sin que los reos «sean vistos por los servicios médicos» y, en la mayoría de ocasiones, «sin la participación o puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que adopte las medidas pertinentes».

Los funcionarios de prisiones consideran que la aplicación de esta medida a los reclusos supone una vulneración de los derechos fundamentales de los internos, puesto que su internamiento en las mencionadas celdas va aparejado a vejaciones, humillaciones y malos tratos a éstos. Las fuentes consultadas relatan episodios en los que internos han sufrido «ataques epilépticos» o han protagonizado agresiones contra los trabajadores penitenciarios. 

Para que se haga una idea, lo que ocurre en esta prisión es similar a lo que puede ocurrir en los controles de los aeropuertos si se identifica a una mula. Es decir, una persona que contrabandea con pequeñas cantidades de estupefacientes, y que puede albergarlas en el interior de su cuerpo. En este caso, la Policía Nacional es la autoridad competente y quien, a través de una orden judicial, ingresa a este posible contrabandista en celdas estancas que albergan algunos hospitales para verificar si porta sustancias ilegales; y en cualquier caso, si eso le puede causar un problema de salud.  

«Ordenes verbales»

En la prisión de Valdemoro, según relatan trabajadores a este periódico, si se advierte esta posibilidad, en primer lugar se traslada al preso a las celdas y, después, se comunica al juez de vigilancia penitenciaria. Además, denuncian que la directriz nunca se da al funcionario de forma escrita, sino que es «un jefe quien da la orden verbal» y pide que se apunte en «el libro de incidencias». «Seguimos sin órdenes claras de la dirección del centro, y sin un protocolo de actuación que otorgue seguridad jurídica en la forma de proceder de los empleados públicos, a pesar de se siguen usando estas celdas», critican.

A lo que se suman las «pésimas condiciones» las celdas 1 y 2 del departamento de ingresos del centro penitenciario donde se traslada a los presos sospechosos. «Carentes de ventilación por sellado de la ventana, sin higiene por sellado del inodoro, sin agua, sin lavabo, sin respiradero, sin colchón, sin almohada, sin mantas, sin sillas, inhabitables totalmente, sin comunicación de tiempo de estancia, de los derechos que les asisten… Eso sí, con un cubo de fregona como útil de evacuación», denuncian. «Ambas celdas tienen alumbrado deficiente y no tienen cámaras de observación para detectar hechos que pueden poner en peligro la integridad física del preso o incluso la vida por roturas de objetos en su interior», remarcan. Instalaciones que no cumplen con varios preceptos de la Ley Orgánica General Penitenciaria, denuncian los sindicatos.  

El artículo 19,2 dicta que «tanto las dependencias destinadas al alojamiento nocturno de los recluidos como aquellas en que se desarrolle la vida en común deberán satisfacer las necesidades de la higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, alumbrado y calefacción se ajuste a las condiciones climáticas de la localidad». El 43,1, por otro lado, dice que la sanción de aislamiento «se cumplirá con informe del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta».

Sobre esto último, los funcionarios de esta prisión sostienen que estas medidas sancionadoras se llevan a cabo sin que los reclusos sean vistos por los servicios médicos. Explican que quienes hace las radiografías a los reos, en caso de portar sustancias, son los técnicos. Y que pese a que esta prueba debe estar firmada por un médico, ocurre en ocasiones contadas puesto que el facultativo entiende que el interno no tiene un problema de salud, sino que se trata de un problema de seguridad. Razón por la cual, según explican estos funcionarios, la dirección de la prisión pide al recluso someterse a radiografías voluntarias. 

Defensor del Pueblo

Ante esos hechos, un delegado sindical de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) decidió elevar un queja al Defensor del Pueblo para que investigase el uso de estas celdas. Sin embargo, en su contestación, en nombre de 2021, la institución adjuntó un informe del director de la prisión de Valdemoro sobre la cuestión planteada que, a su juicio, daba respuesta a las reclamaciones del funcionario e imposibilitaba «continuar con las actuaciones iniciadas». Motivo por el que el Defensor del Pueblo decidió archivar el expediente. 

Un documento en el que la dirección «dio cuenta detallada de las condiciones de las celdas, de los procedimientos existentes y órdenes de dirección que se dan en cada caso particular, de la dación de cuentas a las autoridades judiciales, del procedimiento de sometimiento voluntario o judicial a rayos X, de la competencia de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en materia de seguridad interior de los establecimientos penitenciarios, y de las condiciones laborales de los puestos de trabajo afectados», subraya el Defensor del Pueblo. 

Desde este sindicato critican el cierre de la investigación y que «ni siquiera se molestasen en hacer una visita a la prisión para comprobar el estado de las celdas».