El Gobierno acuerda por los pelos con las comunidades un nuevo modelo de residencias
El pacto ha contado con diez votos a favor y nueve en contra, entre ellos el de Castilla-La Mancha, única región socialista en rechazar la reforma
Una trabajadora atiende a un familiar en la puerta de la residencia de Las Gándaras, la mayor de Lugo. | Carlos Castro (EP)
Acuerdo in extremis para desbloquear la reforma que el Gobierno quiere implantar en las residencias de mayores. Un mes después de fracasar en su primer intento de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, el cambio del sentido de voto de dos regiones socialistas, Extremadura y Asturias, ha permitido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprobar el Acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia.
En principio, con esta reforma se pretende mejorar la situación de las residencias públicas mediante medidas como el incremento de las ratios, con un profesional por cada dos residentes en las residencias de mayores; la prohibición de construir residencias muy grandes (con un límite de entre 75 y 120 plazas, dependiendo de la densidad de población); la reestructuración de las residencias públicas y concertadas, de aquí a 2030, en unidades de convivencia de 15 personas; la eliminación de las sujeciones; o el incremento del número de habitaciones individuales (65% del total) en las residencias de nueva construcción.
Sin embargo, llegar hasta un acuerdo al respecto no ha sido fácil. El acuerdo ha contado con diez votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones. En concreto, solo las regiones socialistas han apoyado la medida: Extremadura, Asturias (que mostraron su rechazo en la anterior reunión), Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla.
Por su parte, no han cambiado su sentido de voto, y han mantenido su rechazo la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha (la única presidida por el PSOE que ha votado en contra), País Vasco y Cataluña. Una mayoría mínima que explica por qué el Ministerio de Derechos Sociales ya había fracasado en su primer intento de aprobar la reforma el pasado 25 de mayo.
A pesar de lo precario del pacto, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado este martes que se siente «especialmente satisfecha» de haber logrado «uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura».
«Tras mucho tiempo de negociación y de trabajo, hemos aprobado un acuerdo par mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia. Como todos los pactos importantes ha requerido muchas horas de diálogo, pero finalmente lo hemos logrado de la mano de las CCAA», ha destacado Belarra.
Modificaciones para aprobar el acuerdo
No obstante, en el texto aprobado este martes se han introducido algunas modificaciones, entre ellas, que al menos un 80% de las plazas de los centros ya existentes deberán organizarse en unidades de convivencia estables. En todo caso, se precisa que todas las plazas del centro, incluidas aquellas que no se organicen en unidades de convivencia, deben diseñar sus espacios para ofrecer un ambiente hogareño y funcionar según el modelo de atención centrada en la persona.
Al mismo tiempo, el Acuerdo introduce diversos requisitos de contratación laboral como la obligación de que haya un mínimo de 80% de contratos indefinidos y un 66% de contratos a tiempo completo (50% en caso de la ayuda a domicilio).
Además, de acuerdo con el texto, las residencias de más de 30 plazas deberán contar con un profesional de enlace, preferentemente sanitario, para garantizar el derecho de las personas que viven en las residencias a ser atendidas por el sistema nacional de salud. Otro cambio introducido se refiere a la consideración como tiempo de trabajo efectivo de los desplazamientos que lleve a cabo el personal de ayuda a domicilio entre las viviendas de las personas atendidas.
Asimismo, se ha incluido la posibilidad de que las CCAA que así lo consideren incrementen las ratios establecidas para personas mayores o con discapacidad que necesiten una mayor intensidad de apoyos, tanto en residencias, como en centros de día. También se ha establecido un plazo máximo de 9 meses desde la aprobación del Acuerdo para que se aprueben las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento al mismo.
Además, las CCAA tendrán la opción de autorizar nuevas residencias de hasta 120 plazas de tamaño máximo en zonas escasamente pobladas si se acreditan circunstancias excepcionales de viabilidad económica.
