Aragonès imita a Puigdemont y apunta al juez del CNI en su querella del 'caso Pegasus'
La querella del presidente de la Generalitat plantea ampliar denuncia contra el juez del Tribunal Supremo que controla al CNI tras la estrategia de Junts
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sigue la estela de Carles Puigdemont en el caso Pegasus, relativo al presunto espionaje a los líderes independentistas a través de este software de la empresa israelí NSO Group. La querella presentada ante un juzgado de instrucción de Barcelona va dirigida contra la empresa israelí, así como contra Paz Esteban, quien fue directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hasta que fue destituida por el Gobierno el pasado 10 de mayo. No obstante, apunta también al juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas Morilla de la Cueva por haber autorizado las escuchas del CNI.
En la querella presentada, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, piden que se requiera «al magistrado responsable del Control Judicial del Centro Nacional de Inteligencia, Pablo Lucas Morilla de la Cueva» para que «certifique si ha autorizado el uso del software de registro remoto, monitorización, abalizamiento o cualquier forma de intervención de las comunicaciones y la intimidad del muy honorable presidente de la Generalitat Pere Aragonès» y que «remita testimonio de las resoluciones judiciales por las cuales se hubiera autorizado la injerencia».
Ven «delito de prevaricación judicial»
Se trata del primer paso para determinar si ampliarán la demanda contra el magistrado, tal y como explican en la propia querella: «Lo que resulta evidente es que una eventual autorización judicial será, con alta probabilidad, objeto de una ampliación de la querella por delito de prevaricación judicial, ya que no puede existir ninguna justificación para el uso de un software de monitorización absoluta del querellante que cumpla con los principios legitimadores que establecen los artículos 588 bis LECr y siguientes».
La denuncia también solicita esclarecer cómo se adquirió el programa de espionaje y quién formalizó la adjudicación por parte de los diferentes organismos del Estado que podrían haberlo hecho. A este respecto, pide que se oficie al Tribunal de Cuentas para «proporcionar todos los datos de los que dispone sobre los mencionados productos y servicios», como la «fecha de compra, coste, documentación relacionada, especificaciones técnicas si disponen de ellas, vigencia de las licencias», entre otros.
En la misma línea, insta a que se efectúe requerimiento a la Intervención General del Estado para que «no sea destruida toda la documentación legal, contractual y económica relativa a Pegasus o las empresas OSY TECHNOLOGIES S.A.R.L., NSO GROUP TECHNOLOGIES LIMITED y Q CYBER TECHNOLOGIES LIMITED».
Se impone la estrategia judicial de Junts
La defensa de Aragonès ha optado por emular la estrategia judicial de Carles Puigdemont. Como avanzó este diario, el equipo del exmandatario catalán preparó acciones legales contra el juez por intervenir el teléfono de su abogado, Gonzalo Boye. Y, como avanza hoy THE OBJECTIVE en exclusiva, el Tribunal Supremo ha optado por apartarle de las causas que afectan a Puigdemont.
El equipo liderado por Boye solicitó la nulidad de la sentencia 722/2020, de junio de 2020, en la que el juez Pablo Lucas actuó como ponente -en calidad de magistrado de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo- y falló en favor de inadmitir a trámite un recurso presentado por Puigdemont y Antoni Comín contra el acuerdo de la Junta Electoral que les obligaba a viajar a Madrid y acatar la Constitución para poder tomar posesión como eurodiputados.
Asimismo, al conocerse que el mismo magistrado había autorizado anteriormente que el CNI espiara al abogado de Puigdemont, los líderes independentistas fugados entendieron que se había podido producir un «vicio de nulidad» en esa sentencia y que lo mismo podría haber ocurrido en otros dos fallos también de carácter electoral contra Clara Ponsatí y Joaquim Torra, resueltos ambos con el juez Lucas entre los magistrados de la Sala.
El abogado de ERC denuncia su espionaje
Precisamente este jueves también ha trascendido que el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha admitido la querella del abogado de ERC Andreu Van den Eynde contra la empresa NSO por el espionaje a su móvil. En el comunicado hecho público por ERC destacan que se trata de «la primera querella que se admite contra la empresa israelí en Catalunya».
La jueza ha admitido la querella contra NSO por «la creación y puesta a disposición de terceros del programa Pegasus» y por las acciones y omisiones de la empresa que pudieron contribuir voluntariamente a la infección de los dispositivos de Van den Eynde.
Por el contrario, otros líderes de ERC, como el expresidente del Parlament Roger Torrent y su líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, presentaron sus denuncias hace dos años ante un juzgado de Barcelona, pero fueron provisionalmente archivadas.
El hecho de que se dirigieran a la directora del CNI y no a la empresa israelí debilitó sus posibilidades de prosperar. El giro dado por Aragonès y Van den Eynde, de denunciar a NSO y apuntar al juez del Supremo, se ha producido en cualquier caso solo tras la estrategia planteada por el equipo de Puigdemont.
