Históricos del PSOE firman un manifiesto contra la ley de memoria pactada con Bildu
Critican la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Ion Alcoba (EP)
Ofensiva de los históricos del PSOE contra la ley de Memoria Democrática del Gobierno pactada con EH Bildu. Dirigentes como el expresidente del Senado Juan José Laborda y el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas han firmado un manifiesto contra el proyecto de ley, al considerar que «tergiversa» el «gran pacto constitucional» de 1978.
El manifiesto difundido este lunes es una iniciativa de la Asociación para la defensa de los valores de la Transición, surgida durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en oposición a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a la que pertenecen personas de «distinta procedencia política».
Entre los firmantes del manifiesto figuran históricos del PSOE como los expresidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, el exministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas, el exdiputado Luis Berenguer y el exministro de Sanidad y actual presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba, Julián García Valverde.
También han apoyado el escrito la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias; José María Múgica, hijo del político socialista asesinado por ETA Fernando Múgica; y los exdiputados de UCD y del PSOE Luis Berenguer y Carmela García Moreno, entre otros.
El escrito denuncia el pacto alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu para aprobar la ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados, al ser en opinión de los firmantes una «expresión actualizada de quienes, precisamente en esa época, utilizaban la violencia terrorista como método sistemático de actuación, con consecuencias dramáticas bien recordadas, sin que el citado grupo aún no haya formulado una condena expresa de aquellos crímenes».
Extensión a 1983
En concreto, el manifiesto critica una de las enmiendas pactadas por el Gobierno con EH Bildu y Más País para crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado «por la consolidación de la democracia».
Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.
Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González, que ha expresado públicamente su malestar con la ley, aunque su nombre no figura entre los firmantes del manifiesto.
«Nuestro vigente sistema democrático se fundamenta en ese gran pacto constitucional de 1978, que refrendó una amplísima mayoría de españoles. Y, por ello, no podemos aceptar que ese pacto sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica, como hace el proyecto de ley, incluso abriendo la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre de 1983», señalan los firmantes.
«Restaurar el consenso»
Además, solicitan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los grupos parlamentarios la retirada del proyecto de ley de memoria democrática, aún en tramitación, «con el fin de restaurar el necesario consenso en esta materia, pensando en el bien de nuestra convivencia y en el futuro de nuestra democracia».
Defienden que la reconciliación fue «una de las claves de la experiencia histórica de la Transición para superar «un largo periodo de las ‘dos Españas’, excluyentes y enfrentadas».
Y consideran que a ello contribuyó «de forma elocuente» la Ley de Amnistía de 1977 que, según denuncia, «parece desmerecer» el proyecto de ley de Memoria Democrática, que aprobará previsblemente el pleno del Congreso el 14 de julio, aunque no entrará en vigor hasta septiembre, tras su aprobación en el Senado.
En opinión de los firmantes, este proyecto de ley pretende «establecer una verdad oficial, amparada en lo que se configura como un deber de memoria democrática, que abarca los dos siglos de la historia contemporánea de España».
No obstante, comparten el objetivo de «reivindicar la memoria de tantas personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y la represión posterior» y apoyan «cuantas acciones desplieguen los poderes públicos para la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas».
Varios políticos de la Transición pidieron parar la tramitación de la ley el pasado viernes en el seminario ‘Por la concordia y en defensa de la Transición’, organizado en el Congreso por la Fundación Transición Política Española, que apoya el manifiesto.
