La cruzada de Vox contra la Memoria Histórica: propone su derogación en todas las regiones
El partido que preside Santiago Abascal presenta una PNL para derogar la Ley de Memoria Histórica en todas las regiones en las que tiene representación.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un mitin en Andalucía.
Vox ha emprendido una cruzada autonómica contra la Memoria Histórica. Esta comenzó en Castilla y León, donde la ha sustituido por una Ley de Concordia entre Españoles, y ya ha llegado hasta Cataluña. Y es que el partido que preside Santiago Abascal a nivel nacional ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en todas las Comunidades Autónomas en las que goza de representación parlamentaria, según confirman fuentes de la formación a THE OBJECTIVE, para derogar la Ley de Memoria Histórica, de raigambre regional.
La PNL iguala en tratamiento los periodos históricos de la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista y persigue, según la redacción del texto, «volver al espíritu de concordia» de la Transición que, en su opinión, fue roto con la Ley de Memoria Histórica impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y reconvertida hoy en Memoria Democrática por Pedro Sánchez.
Esta iniciativa fue presentada por primera vez por Vox a la opinión pública en el acuerdo de investidura entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo Frings. También iba a ser una de las exigencias que Macarena Olona iba a poner sobre la mesa de Juanma Moreno Bonilla para conformar gobierno en la Junta de Andalucía, pero la mayoría absoluta del candidato del Partido Popular supuso un cambio de planes. Ahora Vox ha optado por presentarla como PNL en todos los parlamentos autonómicos. Una auténtica cruzada que, sin embargo, no tiene visos de prosperar en Cataluña, donde las formaciones separatistas, los Comunes y el PSC han establecido un cordón sanitario de facto sobre lo que tildan de «ultraderecha».
Pero que esta propuesta se registre en el Parlamento de Cataluña alberga un cierto poder simbólico. Y es que la Generalitat, tal y como informó este medio, se resiste a exhumar la fosa de Moncada y Reixac (que alberga los restos mortales de unos 700 represaliados por el bando republicano) pese a que Quim Torra se comprometió a ello en septiembre de 2020, a petición de la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. Una pasividad que choca con la diligencia que han mostrado en los últimos años para excavar fosas de víctimas del bando nacional.
Este caso es una «muestra más del sectarismo y la falsedad del revisionismo histórico de la izquierda y el separatismo», según comenta a este redactor el diputado de Vox en el Parlament, Sergio Marián, que abunda: «Evidencia, además, que sus falsas leyes de memoria están basadas en una visión maniquea de la historia, donde solo hubo unas víctimas y unos verdugos. Tratan de ocultar aquellos episodios que no cuadran con su relato ideológico. Harían bien el Govern y el Gobierno de Sánchez en dejar de manipular la historia, de reabrir heridas pasadas y, en definitiva, de imponer un relato falsario sobre desgracias que afectaron a los españoles de toda condición».
La PNL
La PNL de Vox, que pretende llevar su Ley de Concordia entre Españoles a todos los lugares de España, pide que la memoria histórica se delegue en los historiadores porque «no es potestad de ningún legislador juzgar colectivamente a aquellos españoles de entonces para volver a dividir a las generaciones presentes a costa del pasado». También porque «la concordia y no el revisionismo rencoroso debe ser la respuesta a aquellos sufrimientos del pasado, como una manera de superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en este proyecto común que llamamos España».
«Los poderes públicos de una sociedad democrática, que proclama como valores superiores de su ordenamiento la libertad y el pluralismo, deben abstenerse de fijar como ·correcta o auténtica una determinada versión histórica, propósito que atenta contra las mas elementales libertades ideológica, religiosa, de pensamiento, y que amenaza la libertad de cátedra e investigación», prosigue la PNL, que considera que «la gran diferencia entre las sociedades democráticas y las despóticas es precisamente que las segundas no permiten otro discurso que el declarado oficial».
También pide a las administraciones públicas que traten «a este periodo histórico desde un punto de vista neutral y respetando el sentir de los ciudadanos sobre los hechos que pudieran haber vivido ellos mismos o que les hayan sido transmitidos por las generaciones que vivieron aquellos hechos». En este sentido, la norma no persigue impedir que los familiares de víctimas conozcan el paradero de los cuerpos y se basa en la memoria como un ejercicio individual.
En la exposición, el Grupo Parlamentario que encabeza Ignacio Garriga carga contra la polémica Ley de Memoria Democrática pactada entre el Gobierno de España y Bildu porque «un pasado tan complejo como el nuestro requiere aproximaciones plurales, desapasionadas y generosas», pero esta norma pactada «con los enemigos de España» busca, por otro lado, «imponer un relato maniqueo y falaz que presenta a los etarras como víctimas y luchadores por la democracia, limita la autonomía de los investigadores y la libertad de expresión de los españoles».
El Partido Popular no se sumará a esta cruzada contra la Ley de Memoria Histórica, que de hecho sigue aplicándose en Andalucía, donde gobiernan los populares desde 2018, pero Alberto Núñez Feijóo sí que ha adelantado que derogará la Ley de Memoria Democrática, tal y como ha sido redactada, en caso de alcanzar la Presidencia del Gobierno de España en 2023 para así «restaurar la memoria y la justicia».
