El TJSC archiva la denuncia por agresión sexual contra el exnúmero dos del PP catalán
Los supuestos hechos, una agresión sexual y dos agresiones físicas leves, se remontan a 2015/2016
El instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la denuncia por agresión sexual contra Daniel Serrano, el que fuera numero dos del líder del PP catalán, Alejandro Fernández, al considerar que «no ha quedado debidamente justificada la comisión de los delitos». Tanto el propio Serrano como la Fiscalía habían pedido el sobreseimiento de la causa.
La denuncia fue presentada por M.R.G., que actualmente ostentaría el cargo de secretaria de Igualdad en el PP catalán, según han confirmado a THE OBJECTIVE fuentes cercanas al caso.
Los supuestos hechos, una agresión sexual y dos agresiones físicas leves, se remontan a 2015/2016. Sin embargo, la denunciante, compañera de Serrano en el PP catalán, no presentó denuncia alguna hasta 2019.
M.R.G. habría sido nombrada secretaria de igualdad en el PP catalán por el propio Alejandro Fernández después de los supuestos hechos y continuó trabajando junto a Daniel Serrano durante varios años, hasta que presentó la denuncia.
La denuncia y la investigación judicial salieron a la luz en los días previos a la última campaña electoral para las elecciones del 14 de febrero de 2021 en Cataluña, una vez que la candidatura liderada por Alejandro Fernández ya estaba cerrada. Esto supuso un contratiempo para la candidatura de Fernández, cuyo director de campaña era Serrano, y forzó al propio Serrano a presentar su dimisión como secretario general del partido.
El exsecretario general del PP catalán siempre ha dicho que éstos hechos son «falsos», al tiempo que aseguró que respondían «a una extorsión en base a un chantaje que se hace público en plena campaña para erosionar mi imagen», como ya recogió THE OBJECTIVE.
El TSJC se encargó del caso desde finales de 2020, ya que Serrano era diputado autonómico y, por lo tanto, aforado. Después de las elecciones generales, como Serrano no obtuvo acta de diputado el caso volvió a la Justicia ordinaria, pero acabó regresando al TSJC en 2022, después de que Serrano recogiera el acta del Parlamento de Cataluña en marzo de 2022, tras la dimisión de Eva Parera.
En el último año se ha tomado declaración a amabas partes, M.R.G. y Daniel Serrano, pero, finalmente, el juez ha decidido archivar la causa este miércoles al considerar que «no ha quedado debidamente justificada la comisión de los delitos». No obstante, la demandante puede recurrir la decisión. Una vez archivado el caso, se abre la puerta para que Serrano se pueda incorporar a la disciplina de los populares. Una decisión que debe ser adoptada, en todo caso, de acuerdo con la dirección autonómica del PP.
Segundo caso de agresión que la Justicia investiga en el PP catalán
El de Daniel Serrano es el segundo caso de agresión que la Justicia investiga en el PP catalán. En mayo de este año, la Fiscalía envió un escrito al Juzgado de Violencia de Género número 1 de Barcelona en el que pedía tres años de cárcel para el que fuera ‘número cuatro’ del PP catalán, Alberto Fernández Saltiveri, por un presunto caso de maltrato que denunció hace un año la actual presidenta de Nuevas Generaciones en Cataluña, Irene Pardo.
Además, la Fiscalía solicitaba que compareciera como testigo Bea Fanjul en el próximo juicio ya que la dirigente nacional tuvo conocimiento por su compañera de partido de las lesiones sufridas que se han aportado a la causa. El juez instructor abrió juicio oral contra Saltiveri a principios de abril y tanto la acusación, ejercida por Sagué Abogados Penalistas en nombre de Pardo, como la Fiscalía ya han presentado sus escritos.
El Ministerio Público pide tres años de prisión para el exvicesecretario de Comunicación y Electoral del PP catalán por los presuntos delitos de coacciones leves, injurias, maltrato y lesiones contra quien fue su mujer entre mayo de 2017 y diciembre de 2018. Pardo, quien en la actualidad es también consejera del PP en el barrio barcelonés de Les Corts, eleva la petición a seis años por los mismos hechos.