ETA contrata una legión de abogados para sus jefes imputados en el caso Miguel Ángel Blanco
‘Mikel Antza’ y ‘Anboto’, dos de los exresponsables de la banda investigados por el asesinado del concejal de Ermua, declararán ante el juez el próximo 21 de julio
Homenaje a Miguel Ángel Blanco. | TO
La extinta banda terrorista ETA se volcará en la defensa de dos de sus exjefes, Miguel Albisu Iriarte, alias ‘Mikel Antza’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, ambos imputados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Serán un total de tres letrados los que se encarguen de defender los intereses en el procedimiento de los dos exresponsables de la banda, según consta en varios escritos remitidos al Juzgado Central número 6, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
‘Mikel Antza’ y ‘Anboto’, al igual que José Javier Arizcuren Ruiz, alias ‘Kantauri’, están investigados por delitos de secuestro y asesinado terrorista por el caso del concejal de Ermua, asesinado por la banda en julio de 1997. El juez Manuel García Castellón también considera responsable de los hechos a Ignacio de Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, si bien en su caso los delitos se consideran prescritos.
Entre los abogados que se encargarán de la representación de los etarras estarán Onintza Ostolaza Arruabarrena y Haizea Ziluaga Larreategui. Se trata de dos de los 12 letrados detenidos en 2015 en el marco de la ‘operación Mate’, que llevó a cabo la Guardia Civil contra el denominado «frente de cárceles de ETA», en el que se incluían personas del colectivo de abogados y del aparato de tesorería de Herrira, el grupo de apoyo a los presos de la banda terrorista. Ostolaza y Ziluaga fueron acusadas de delitos de integración en organización terrorista, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, contra el derecho de los trabajadores, financiación del terrorismo y enaltecimiento.
En el documento que los investigados han remitido a la Audiencia Nacional, Mikel Albisu Iriarte ha solicitado al juez García Castellón que su declaración como investigado en la causa se haga mediante videoconferencia el próximo 21 de julio, día en el que también deberá declarar ante el juzgado la etarra Soledad Iparraguirre. Una petición que justifica «dada la situación sanitaria actual motivada por el Covid-19» y «en aras de evitar situaciones de peligro en viajes».
Informe de la Guardia Civil
El magistrado tomó la decisión de investigar a los tres exjefes al considerar que el reciente informe de la Guardia Civil acredita que todos ellos eran miembros del «comité ejecutivo de ETA» y por tanto plenamente conocedores del secuestro y asesinato del exconcejal del PP. El juez acepta imputarlos al considerar que podrían ser responsables por autoría mediata y acción por omisión, tal y como pedía en su querella la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).
De acuerdo con dicho informe, señala García Castellón, los investigados tuvieron «una participación en comisión por omisión, pese a no ser los ejecutores materiales, debido a la posición de dominio que ostentaban en el órgano ejecutivo de la organización terrorista. Apunta a que durante las más de 48 horas en las que se prolongó el secuestro, tuvieron capacidad para poder detenerlo, «pudiendo deducir de la negativa a hacerlo una intención manifiesta en la producción del resultado».
Pudieron parar el asesinato de Miguel Ángel Blanco
«Eran plenamente conocedores de la existencia del secuestro del señor Blanco ya no solo por haber decidido, planificado y ordenado la misma, sino porque se responsabilizó de su secuestro a través de los medios de comunicación social poco después de llevarlo a cabo, y de la elaboración del comunicado justificando la acción terrorista, y eran plenamente conscientes de que tenían a su alcance los medios para hacer cesar esa situación y su posible resultado final, el asesinato de la víctima», indica el juez en su auto, fechado este viernes.
Según el magistrado, los miembros del ‘Comité ejecutivo’ de ETA ostentaban suficiente capacidad de mando y de decisión sobre la actividad terrorista de la organización tanto para haber podido tomar la decisión de que no se secuestrase a la víctima, como para evitar el desenlace último del secuestro al haber podido dar al comando Donosti la orden expresa y concreta de ponerlo en libertad.
Pero pese a los múltiples llamamientos que se produjeron por parte de la gran mayoría de la sociedad civil española y de la clase política dirigente en ese momento, prosigue el instructor, los miembros del “Comité ejecutivo” de ETA «no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro (acción cometida por los integrantes del comando Donosti siguiendo sus directrices) ni la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado», resalta el instructor.
«En ningún momento intentaron evitar o impedir, pudiendo hacerlo, el asesinato. La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del “Comité ejecutivo” de ETA», añade García Castellón.
La estrategia de ETA desde 1994
El juez, que ya que fue el instructor de la causa hace 25 años, relata cómo tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart, en 1992, la organización terrorista diseñó una nueva estrategia político-militar orientada a que todas las formas de lucha provocasen una confrontación constante con el Gobierno de España a todos los niveles, de forma que lo desestabilizase con mayor intensidad que la soportada hasta ese momento.
Entre 1993 y 1994, el nuevo ‘Comité ejecutivo’ planificó y puso en marcha la denominada «estrategia de desestabilización», que incluía el señalamiento de cargos políticos del PP y del PSOE como objetivos de ETA. También la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador como el secuestro, durante 532, días del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o el intento de atentado contra un miembro de la Familia Real. De ese nuevo Comité ejecutivo, apunta el escrito, formaban parte los tres responsables de la banda terrorista ahora investigados.
«La víctima de esta acción, Miguel Ángel Blanco en su calidad de miembro del citado partido político, se había convertido en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista, a través del “Comité ejecutivo” de la misma, que en el verano de 1997 buscaba con urgencia secuestrar y asesinar a un cargo electo de la referida formación política. Las comunicaciones orgánicas dirigidas en esas fechas por el responsable del “Aparato militar” de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, ‘Kantauri‘, a otro comando de ‘liberados‘ de la organización terrorista, el comando Bizkaia, así lo pusieron de manifiesto», indica el juez.
Extradición de ‘Kantauri’
Por todo ello, el magistrado ordena citar como investigados a los tres exjefes de ETA. En el caso de ‘Kantauri’ se acuerda la emisión de nueva Orden Europea de Detención (OED) para interrogarle por estos hechos al haber sido denegada una anterior por Francia por defectos formales.
En un escrito fechado el pasado 5 de julio, la Fiscalía expresó al juez su interés en que se emita y transmita a las autoridades francesas una nueva orden europea de detención contra José Javier Arizkuren Ruiz, habiendo sido denegada la entrega por las autoridades francesas la anteriormente librada por motivos referidos al Auto de 13 de abril de 2016 que deben ser subsanados en la nueva orden de detención.
Asimismo, el Ministerio Público señaba que «de lo informado por la Guardia Civil aparecen indicios de la participación de los citados miembros del Comité Ejecutivo de ETA, quienes estuvieron al frente de dicho comité respectivamente hasta el 3 de octubre de 2004». «El fiscal interesa que se dirija el procedimiento contra ellos dada la gravedad de los hechos imputados, la grave alarma social que provocan los mismos que fue buscada por los citados que llamaban la atención que el secuestro es lo que crea inestabilidad y contradicciones mayores por su dureza, y los indicios de criminalidad contra los mismos reflejados en el informe anterior», añadía el fiscal en su escrito.
