El Gobierno español entrega a Maduro al opositor venezolano Ernesto Quintero
El Consejo de Ministros anunció su decisión en el mes de febrero para que sea juzgado por estafa, un delito que asegura no haber cometido
Cismary Marcano, mujer del opositor venezolano Ernesto Quintero. | Europa Press
El Gobierno de España ha consumado la entrega del opositor venezolano Ernesto Quintero al Gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Quintero llevaba un año a la espera de una resolución definitiva en la prisión madrileña de Soto del Real que finalmente ha concluido en su marcha, acusado de un presunto delito de estafa que él asegura no haber cometido.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que Quintero fue extraditado en el día de ayer en avión desde Madrid a Caracas y que de momento se encuentra en dependencias de Interpol en la capital de Venezuela hasta que decidan a qué cárcel lo trasladan.
Este lunes, la Audiencia Nacional (AN), a través de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechazó el último intento de sus abogados por frenar la extradición, acordada en febrero de 2021 por el Consejo de Ministros. La semana pasada, la defensa de Quintero reclamó suspender la entrega por el «peligro» y el «daño» que conllevaría tanto para él como para su familia ser entregado.
Quintero llevaba un año detenido en España
Quintero fue detenido en Madrid el 10 de febrero de 2021, después de que tanto el Gobierno español como la Audiencia Nacional aceptaran la petición de extradición de las autoridades venezolanas, que le acusan de formar parte de la cúpula de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares.
Desde aquella fecha, Quintero ha estado encarcelado a la espera de que España y Venezuela acordaran su fecha de entrega, tal y como marca el convenio bilateral sobre extradiciones. En un principio, estaba previsto que fuera entregado el pasado 12 de febrero, pero se suspendió por complicaciones relacionadas con la pandemia.
Este mes de junio, el Ministerio venezolano del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de Interpol y de la Embajada de la República Bolivariana en Madrid, planteó al Gobierno español completar finalmente la extradición del reclamado entre el 11 y el 14 de julio, como ha terminado sucediendo.
La Audiencia Nacional desestimó la última petición de Quintero por carecer de competencia la Sala de lo Contencioso para dejar sin efecto tanto el acuerdo del Consejo de Ministros como lo resuelto por la Sala de lo Penal de la AN y su Pleno, quienes acordaron la entrega de Quintero a Venezuela para que sea juzgado por los presuntos delitos de estafa continuada, apropiación de fondos y valores, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
«No procede, en consecuencia, la suspensión cautelarísima» porque «entendemos que lo que, en definitiva, se pretende con la presente solicitud es que esta Sala proceda a revisar el contenido de lo resuelto por aquella», apuntan los magistrados de lo Contencioso.
Quintero asegura que se trata de una acusación falsa
La defensa de Quintero argumenta que el motivo del que se sirvió Caracas para reclamar su extradición «no solo es rotundamente falso, sino que además oculta la motivación política, ya alegada en multitud de ocasiones, sobre la persecución política declarada por el fiscal general de Venezuela contra las casas de bolsa y sus trabajadores», por considerarlas «afines a una ideología de corte capitalista», opuesta al régimen y «perseguida» por el mismo.
Sus abogados reiteran que la vinculación del opositor con la empresa donde trabajaba era de «subordinación absoluta», con «funciones meramente administrativas siempre llevadas a cabo bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert», que en una declaración judicial prestada en Venezuela dijo que «Quintero no tenía capacidad para cometer los tipos penales enunciados en la orden de aprehensión en su contra».
«Ninguna cortesía merecen las autoridades requirentes», porque quienes solicitan la extradición, explican, son el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el fiscal general de Venezuela, Mikel Moreno y Tarek William Saab, respectivamente, sancionados por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos.
Su defensa reclama que la extradición tenía que haber quedado suspendida a la espera de lo que acuerde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la demanda que presentaron el pasado 24 de mayo por presunta vulneración de derechos fundamentales.
También pusieron sobre la mesa que el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una iniciativa del PP como proposición no de ley para «suspender las extradiciones y conceder urgentemente el asilo por razones humanitarias» tanto a Quintero como al también opositor venezolano Rolando Figueroa, a los que considera «perseguidos en su país por causa de su compromiso político».
