Montero destina a Baleares solo el 2,25% de su partida contra la explotación sexual a menores
El Ministerio de Igualdad gasta 800.000 euros en la «prevención y la detección de la explotación sexual en menores», pero solo destina 18.000 a las islas
La presidenta de Baleares, Francina Armengol, posa junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero. | CAIB
La ministra de Igualdad, Irene Montero, no considera Baleares como una de sus prioridades dentro de la lucha contra la explotación sexual a menores, pese a que la región gobernada por la socialista Francina Armengol ha sido la administración más afectada por esta lacra cuando esos menores han sido tutelados. Por eso, de los 800.000 euros que el Ministerio ha transferido este lunes –según el BOE– a las Comunidades Autónomas para la «formación especializada de profesionales en materia de la prevención y la detección de la explotación sexual en menores», sólo 17.934 han ido a parar a las islas. El 2,25% del importe total.
Una cifra muy discreta si se tiene en consideración que el Gobierno balear lleva en el punto de mira por esta cuestión desde el 12 de enero de 2020, cuando el Diario de Mallorca informó de que un grupo de menores acogidas en centros del Instituto de Asuntos Sociales mallorquín (IMAS) llevaban años siendo prostituidas. Las niñas, de entre 13 y 17 años, eran explotadas sexualmente a cambio de drogas, regalos o dinero. Toda una red de explotación que salió a la luz gracias a la denuncia de una menor tutelada de 14 años, que fue violada por seis adolescentes en un piso del barrio de Corea, uno de los más conflictivos de Palma. El suceso quedó recogido en unos estremecedores mensajes que envió a su psicóloga del centro de acogida.
Así se destapó toda una red de explotación sexual de menores bajo tutela pública posibilitada por la inacción de la administración balear, que no atendió los numerosos avisos de trabajadores sociales y agentes de policía. Una inacción que ha sido persistente en el tiempo. PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca -marca homóloga de ERC en las Islas Baleares- impidieron en un par de ocasiones la creación de una comisión de investigación sobre estos casos. También el Congreso de los Diputados rechazó en noviembre crear una comisión de investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España y esclarecer la supuesta explotación sexual en Baleares. La iniciativa de Vox contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y Foro Asturias.
Esta falta de voluntad política por esclarecer lo sucedido motivó que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viajara este pasado mes de abril a Mallorca para indagar en el escándalo que sacude el archipiélago desde hace dos años y medio. El informe definitivo con las conclusiones de la misión enviada por Bruselas estará disponible, según ha podido saber THE OBJECTIVE, este mismo verano y traerá, según fuentes europarlamentarias, «cuestiones controvertidas».
Para más inri, este mismo lunes trascendía una información del diario El Mundo sobre cómo esta red investigada por la Eurocámara y dedicada a la prostitución de menores captó a un niño de 14 años, también tutelado por un centro público de la isla, para que llevara a cabo prácticas sadomasoquistas a cambio de 20 euros. Las explotadoras extorsionaron posteriormente al cliente para que les pagara pequeñas cantidades de dinero o les comprara ropa.
Por lo expuesto llama la atención que la partida de casi un millón destinada por Irene Montero a «medidas de implementación e impacto inmediato y medidas estructurales» para «prevenir este tipo de violencia contra la infancia y adolescencia tutélala o acogida por las administraciones» reserve la tercera cuantía más limitada a Baleares, epicentro de este tipo de violencia en España. Apenas 18.000 euros. Sólo Cantabria (16.163 euros) y Ceuta (9.760) son merecedoras de una cifra inferior.
Los criterios aplicados para establecer la distribución, según explica el Ministerio de Igualdad en el BOE, son la dispersión poblacional, el número de menores bajo tutela institucional y el número de plazas en centros de menores. Las regiones más beneficiadas en función a estos baremos han sido, por este orden, Andalucía (134.491 euros), Cataluña (103.038) y Madrid (82.986).
Escándalos sexuales y menores tutelados
Los escándalos sexuales que implican a centros de menores tutelados por las administraciones españolas llevan dos años sucediéndose a un ritmo preocupante. Uno de los más sonados fue el que involucró a la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que dimitió hace un mes tras haber sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por el presunto encubrimiento de un caso de abusos a una menor tutelada por la Conselleria de la que ella misma era responsable y por el que fue condenado su exmarido, Luis Ramírez Icardi. La región presidida por el socialista Ximo Puig ha recibido ahora 72.562 euros del Ministerio de Igualdad para evitar estos hechos en lo sucesivo.
La Comunidad de Madrid, este mismo año, también detectó un foco de explotación sexual a menores, cinco de ellas tuteladas, en el marco de la llamada Operación Sana. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, como su homóloga balear, también rechazó la creación de una comisión de investigación en la Asamblea regional, pero la dirigente popular, en cambio, sí hizo comparecer a su consejera de Familia, Juventudes y Políticas Sociales, Concepción Dancausa. Las pesquisas judiciales siguen su marcha y la jueza de Instrucción número 8 de Madrid ya ha archivado la investigación contra 18 de los 41 detenidos.
Ante esta proliferación de casos, el Ministerio de Igualdad, en la reunión de su conferencia sectorial del pasado 27 de mayo aprobó una partida de 800.000 euros para la formación especializada de profesionales en materia de prevención y detección de las explotación sexual en menores. Al conocerse este lunes la distribución, resulta llamativo que el epicentro de estas actividades delictivas, Baleares, reciba sólo el 2,25% del importe total. La tercera región con menos presupuesto.
