Así se fugó Anna Gabriel: cambió su cita en el Supremo para ver si arrestaban a Mireia Boya
La exdiputada de la CUP tenía que comparecer la primera ante el juez Llarena el 14 de febrero de 2018, pero solicitó un cambio de fecha para huir del país
La vuelta de Anna Gabriel para ponerse a disposición del Tribunal Supremo después de cuatro años fugada a Suiza no ha sorprendido a su partido, la CUP, ni al resto de formaciones independentistas. La exdiputada cupaire está imputada por un delito de desobediencia, que no comporta pena de cárcel. En aquel momento, voces jurídicas del entorno independentista cuestionaron su marcha, pero a nivel político tenía un sentido: que la CUP presumiera de tener también un «exiliado» entre sus filas, como los tenían ERC y Junts per Catalunya.
No obstante, la gestión de su marcha fue un asunto que originó una ruptura en la cúpula del partido asambleario. Como explican fuentes de la CUP a THE OBJECTIVE, después de los hechos del procés, el juez Pablo Llarena citó a declarar a Gabriel el 14 de febrero de 2018 a las 11:00 de la mañana, junto a su compañera de partido, Mireia Boya. Gabriel, no obstante, pidió un cambio de la fecha de su citación inicial por motivos de salud y dejó que Boya declarase la primera. «No quería ser la primera en declarar por si la arrestaban. Ganó tiempo, a ver qué pasaba», comentan.
El magistrado e instructor de la causa del procés aceptó su petición y aplazó su declaración para el 21 de febrero de ese año. Poco después de que Marta Rovira, secretaria general de ERC, fuera citada el 19 de febrero. Ese margen de tiempo le permitió escaparse hasta el país helvético. Tras la incomparecencia a la citación del Tribunal Supremo, el juez emitió un auto de detención en España. En un primer momento, el juez Llarena le abrió una investigación por delito de rebelión, aunque posteriormente decidió rebajar la acusación y procesarla por desobediencia al no formar parte del Gobierno de Carles Puigdemont.
La «coherencia» de Mireia Boya
Boya y Rovira, en cambio, fueron a esa primera vista con Llarena. En el caso de Rovira, no siguió los pasos de la dirigente anticapitalista de desplazarse a Ginebra hasta marzo, unos días antes de que Llarena la volviera a citar para conocer el auto de procesamiento por su participación en el plan rupturista.
Su compañera Boya, que como Gabriel no tenía funciones ejecutivas, fue la única que tomó una decisión opuesta a la de sus socias independentistas y se quedó en España. Salió ese mismo día sin que Llarena le aplicara medidas cautelares.
La actitud de «coherencia» de Boya fue muy celebrada en su partido. La anticapitalista salió de su declaración ante Llarena afirmando que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre no fue «simbólica» sino que buscaba una «efectividad real». Un año después, Boya se dio de baja de la CUP tras denunciar el acoso laboral sufrido por un miembro del partido.
Gabriel no reconocía la legitimidad del Supremo
Entre los argumentos esgrimidos por Gabriel para justificar su fuga se hallaba la falta de legitimidad del Tribunal Supremo y su denuncia de que «no tendría un juicio justo». En su vuelta, ha afirmado a través de un comunicado que «hoy se produce un paso procesal necesario para recuperar la libertad de movimientos que nunca debí haber perdido, ni yo ni nadie».
Pese a que Boya fue absuelta de todos los cargos, Gabriel mantenía su apuesta por «el exilio» porque, según su interpretación, la condena por sedición del tribunal presidido por Manuel Marchena a los principales líderes independentistas implicados en el procés no despejaba las incógnitas sobre el porvenir judicial de Gabriel. Su defensa temía que las acusaciones formularan algún cambio de criterio para imputarle un delito de sedición, que entraña privación de libertad. Sin embargo, no había ya ninguna orden de detención internacional contra ella.
Como avanzó este diario en exclusiva, el precedente que sentó el caso de Meritxell Serret, la exconsejera de Agricultura que se entregó al Supremo tras tres años fugada, ha allanado el camino de su vuelta. El Tribunal Supremo renunció a perseguir a Serret por malversación y fue condenada solo por desobediencia.
