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Laura Borràs se niega a dimitir pese a la presión de ERC, CUP y dirigentes de Junts

La presidenta del Parlament será suspendida de sus funciones al aplicar el artículo que permite sancionar a un diputado cuando es imputado por corrupción

Laura Borràs se niega a dimitir pese a la presión de ERC, CUP y dirigentes de Junts

Laura Borràs. | Europa Press

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dejado claro este miércoles que no piensa dimitir tras la apertura de juicio oral por su causa judicial, pese a que ERC, la CUP e incluso consellers y dirigentes de JxCat le han pedido que dé un paso al lado, por lo que mañana jueves puede ser suspendida.

Mañana a las 12.00 horas se reúne la Mesa del Parlament con un único punto en el orden del día: la posible aplicación del artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana, que obliga a suspender a un diputado si le abren juicio oral por corrupción.

ERC, la CUP y el PSC -los tres grupos disponen de cinco de los siete votos en la Mesa del Parlament- ya han avanzado que, si Borràs no se aparta del cargo voluntariamente, tendrán que aplicar el 25.4, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la enviara a juicio por los delitos de prevaricación y falsedad documental, por fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para adjudicárselos a un conocido.

Si eso ocurre, el Parlament vivirá una situación inédita: Borràs quedará suspendida de sus funciones, por lo que no podrá ejercer la presidencia de la cámara ni actuar como diputada.

Al quedar suspendida -hasta que haya sentencia sobre su caso- pero no destituida, el Parlament no podrá votar un relevo en la presidencia, por lo que sus funciones quedarán delegadas en la vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés, de ERC.

A las 11.30 horas, media hora antes de que se reúna la Mesa, tendrá lugar a las puertas del Parlament una concentración de apoyo a Borràs, que, por cierto, no podrá participar en la votación sobre su suspensión por evidente conflicto de intereses, por lo que solo Aurora Madaula, de JxCat, votará contra la aplicación del 25.4.

«Me tendrán que matar y ensuciarse las manos»

En el entorno de Borràs hay sensación de «asedio», tanto por parte de la justicia y las instituciones del Estado, como desde las filas independentistas, especialmente ERC y la CUP, que ya han advertido de que no están dispuestas a tratar su causa judicial como si fuera un caso más de «represión» contra el independentismo.

En las últimas horas, Borràs ha evitado comparecer públicamente para expresar su opinión, pero sí ha dejado claro lo que piensa en un contundente hilo de mensajes en Twitter, en los que ha lanzado una advertencia a quienes planean suspenderla.

«He dicho y repetido que no dimitiré. Porque hacerlo significaría aceptar que he hecho lo que me acusan de haber hecho, y no. Y los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme por la autonomía», ha afirmado Borràs, que ha reivindicado su inocencia «a capa y espada» y ha dicho ser víctima de una «persecución política».

Ayer por la noche, Borràs recibió el ánimo de sus compañeros de partido en un comunicado en el que le expresaron su apoyo «sin fisuras» y emplazaron a ERC y la CUP a no caer en la «trampa» de un Estado que quiere «dividir y enfrentar» al independentismo.

Consellers y dirigentes de JxCat la invitan a apartarse

Sin embargo, según diversas fuentes de JxCat consultadas por Efe, el debate en la dirección del partido fue muy distinto y hubo varios dirigentes de peso que sugirieron a Borràs dar un paso al lado, antes de que sea la propia Mesa la que la suspenda.

Entre quienes invitaron a Borràs a dar un paso al lado hubo diversos consellers -reacios a que este caso derive en una crisis en el Govern-, como Violant Cervera o Jaume Giró, así como dirigentes de relieve como el adjunto al secretario general, David Saldoni, o la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, entre otros.

Según las fuentes consultadas, cerró las intervenciones el secretario general de JxCat, Jordi Turull, que expresó su apoyo a la presidenta del Parlament y del partido, evitando sumarse a las voces que le pedían dar un paso al lado, si bien se mostró favorable a que esta crisis no derive en una salida de Junts del Govern.

Sobre la posibilidad -sugerida por ERC- de que sea alguien de Junts quien asuma las funciones de la presidencia del Parlament si Borràs es suspendida, la cúpula del partido, de momento, no acepta esa delegación de funciones y dejará que Vergés se haga cargo de esa responsabilidad, al menos hasta que haya sentencia judicial sobre Borràs, añaden las fuentes consultadas.

Borràs presiona a la Mesa del Parlament

a presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha presionado a los miembros de la Mesa de la Cámara para que rechacen su posible destitución tras la apertura de juicio oral por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para favorecer a un amigo. La presidenta de Junts ha pedido a los diputados del organismo que actúen «como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores».

«Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas, respetuosos con los derechos fundamentales, y no como jueces o inquisidores y tomarán, en consciencia, la decisión más ecuánime», ha afirmado en un hilo de Twitter.

Borràs ha vuelto a negar haber fraccionado contratos, por lo que ha insistido en reivindicar su inocencia y ha dicho ser «víctima de lawfare, de una persecución política».

La nueva presidenta de Junts se enfrenta a dos delitos de prevaricación y falsedad documental por las acciones referidas con anterioridad en favor de Isaías H, persona cercana a Borràs. A pesar de las afirmaciones de la mandataria, la Fiscalía ha solicitado imponer una pena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación además de una multa de 144.000 euros al considerar que existen pruebas suficientes para acusarla de este fraccionamiento.

Su posible despido viene recogido en el artículo 25.4 del Reglamento del Parlament, que obliga a la Mesa a acordar la suspensión «de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata» a los diputados acusados por delitos vinculados a la corrupción, una vez el auto de apertura de juicio oral es firme, situación en la que se encuentra.

En respuesta a un usuario en la misma red social, ha asegurado que no dimitirá porque, a su juicio, hacerlo significaría aceptar aquello de lo que se la acusa: «Los que me quieran muerta, me tendrán que matar y ensuciarse las manos. Yo he venido a hacer la independencia, no a suicidarme para la autonomía».

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