Interior archiva el expediente del funcionario de la cárcel de Valdemoro al que acusó sin pruebas
La dirección del centro implicó a cuatro trabajadores en la fuga de dos presos y los acusó de introducir droga en la prisión durante la pandemia
Aledaños de la prisión de Valdemoro, en Madrid. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Ministerio del Interior ha archivado el expediente disciplinario de un funcionario de la prisión de Valdemoro al que acusó sin pruebas. Una instructora concluye que no queda acreditado «que los hechos probados sean susceptibles de constituir infracción administrativa». El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska le culpó de estar implicado en la fuga de dos presos y de introducir droga en el centro durante la pandemia junto a otros tres trabajadores del centro penitenciario madrileño.
La providencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está firmada el 7 de julio y afecta a uno de los cuatro trabajadores acusados de estas prácticas por la dirección de la cárcel. El funcionario estuvo más de un año suspendido de empleo y sueldo por dos delitos, de los que finalmente ha sido exonerado. Incluso estuvo cuatro meses en prisión preventiva junto a otros dos compañeros (otro trabajador se libró al quedar acreditada la mala praxis del proceso). La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende de Interior, levantó en mayo el castigo tras advertir que no existían pruebas para involucrarles.
La investigación de Interior
La prisión madrileña, bajo la dirección de Antonio Luis de la Iglesia, inició una investigación que implicó a este y otros tres trabajadores en la fuga de dos presos. Una vez que este pretexto quedó desacreditado, el centro les acusó de introducir droga y objetos prohibidos en la cárcel durante la pandemia, cuando las prisiones estaban cerradas al exterior. El 3 de junio de 2021, el subdirector de Recursos Humanos del centro penitenciario decretó la suspensión provisional decretada para el inculpado ahora exonerado.
La instructora fundamenta su decisión en la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su artículo 89 establece que «el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución». Lo hará, dice la norma, siempre que el procedimiento de instrucción ponga de manifiesto que concurren circunstancias como la inexistencia de los hechos, cuando estos no resulten acreditados, cuando no constituyan infracción administrativa, cuando no se pueda acreditar a sus responsables o cuando haya prescrito la infracción.
La providencia, no obstante, no termina de cerrar el círculo. La instructora permite interponer recurso de reposición ante la Subdirección General de Análisis e Inspección en el plazo de un mes, o ante el Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses «contados a partir del día siguiente al de notificación». Este diario no ha podido certificar que las autoridades vayan a presentar alegaciones.
Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2020. Dos conocidos butroneros (ladrones que roban practicando boquetes en techos o paredes) con amplio historial delictivo protagonizaron la primera fuga exitosa en las tres décadas de historia de la prisión. Jonathan Moñiz Alcaide alias El Piojo y su hermano Miguel Ángel Muñiz Alcaide consiguieron escapar pese a que los sistemas de alarma de su módulo se activaron en una veintena de ocasiones. Serraron los barrotes de la ventana de su celda y se descolgaron por la fachada con ayuda de sábanas anudadas con cuerdas.
La declaración de un preso
El Piojo y su hermano contaron con la ayuda de otro interno que no logró escapar, pero les sirvió de señuelo mientras huían hasta un gasolinera cercana. Allí les esperaba un coche de alta gama para completar la fuga. Tardaron varios meses en volver a ser detenidos y encarcelados. En febrero de 2021, Instituciones Penitenciarias abrió expediente y suspendió de empleo y sueldo a este funcionario, encargado de la vigilancia del módulo 9, por «presunto incumplimiento de sus obligaciones y presunta introducción de objetos prohibidos».
El centro le acusó de haber facilitado las llaves de algunas dependencias del módulo a los internos y haberles proporcionado «alguna de las sierras utilizadas» para la fuga. Así lo recoge el expediente administrativo de 276 páginas al que ha tuvo acceso este diario. La Inspección Penitenciaria incluía un interrogatorio al preso que intentó fugarse junto a los hermanos Moñiz. El interno dijo «sospechar» que el funcionario exonerado les proporcionó a los fugados la sierra utilizada escapar. Según su versión, ya les había prestado las llaves del cuarto de maletas «en más de una ocasión».
El expediente siguió su curso a pesar de que el resto de testimonios contradecían la versión del interno que fracasó en su intento de fuga. Se envió a los juzgados de Valdemoro, que abrieron diligencias contra el funcionario. Le llegaron a imputar por la evasión de los hermanos Moñiz y por un delito contra la salud pública. Ninguno de los interrogados ratificó las acusaciones del preso que apuntaba a la relación entre El Piojo y su hermano con el trabajador de prisiones, al que llegó a acusar de facilitar móviles y sustancias estupefacientes. El funcionario siempre lo negó.
El interno cambió su declaración en varias ocasiones. Después de varios meses de investigación, el juzgado de Instrucción número 7 de Valdemoro decidió archivar la causa. «Las diligencias practicadas no permiten considerar la participación en los hechos que aquí se investigan», indicó el juez instructor en un auto fechado el 21 de noviembre. Tras investigar varios «ingresos sin tarjeta» en una cuenta del investigado, el juzgado concluyó que «no existe dato objetivo alguno que permita apreciar indicios de que esas cantidades le fueron abonadas como pago por su colaboración en la evasión de los hermanos Moñiz».
Un delito contra la salud pública
«En cuanto al testimonio de otros internos que se recoge en la documentación remitida por el centro, no aportan más que juicios de valor sobre la relación entre el investigado y los evadidos», concluyó el juez. A pesar de quedar exonerado por la fuga del Piojo y su hermano, el funcionario siguió suspendido de empleo y sueldo. Además, tuvo que enfrentarse a otro proceso penal por la presunta introducción de sustancias prohibidas y teléfonos móviles en la prisión. Se le acusó de un delito contra la salud pública, del que también ha sido absuelto.
Tras más de un año de investigación, tanto la fiscalía como el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro consideraron que «no ha quedado acreditado el delito investigado», rezaba un auto fechado el 22 de marzo. En el escrito, el juez ordenaba a Instituciones Penitenciarias la suspensión de todas las medidas cautelares impuestas al investigado. Entre ellas, la suspensión de empleo y sueldo y la obligación de acudir a firmar cada lunes al juzgado.
