Aprobado el plan para limitar los termostatos en comercios y en el transporte público: estas son las claves
Además, se deberán apagar las luces de los escaparates de los comercios a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso
Además, se deberán apagar las luces de los escaparates de los comercios a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de ahorro energético para que edificios administrativos, espacios comerciales así como estaciones de autobús, tren y aeropuertos, entre otros, ajusten sus termostatos para que no queden por debajo de los 27 grados en verano ni superen los 19 grados en invierno.
Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este lunes, las medidas estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y tendrán que ser puestas en funcionamiento en los siete días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Asimismo, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando dispongan de sistemas de calefacción o refrigeración en funcionamiento.
En cualquier caso, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas.
El plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que busca reducir el consumo en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, establece que los recintos públicos deberán revisar calderas e instalaciones térmicas siempre que la última revisión fuera anterior a enero de 2021, informar de las mejoras adoptadas e incorporar termómetros que hagan visible la temperatura.
No obstante, ha explicado la ministra, estas medidas se aplicarán teniendo en cuenta «flexibilidades relevantes», con el objetivo de garantizar «los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas» de ciertos sitios públicos «siempre que quede justificado».
El real decreto también introduce la agilización de las tramitaciones de las redes e infraestructuras eléctricas, reduciendo requisitos, unos de los principales reclamos del sector, al tiempo que se facilita la inyección de gases renovables en la red de gasoductos y se potencian el almacenamiento y el autoconsumo.
En palabras de Ribera, el paquete introduce «medidas muy importantes» en la actual crisis energética que golpea a Europa, donde la «situación es crítica y puede haber un corte de gas por parte de Rusia en cualquier momento».
«Es momento de ser solidarios, de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier presión a un socio de la Unión Europea lo es para todos», ha añadido.
El Gobierno también ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para el sector del transporte
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un nuevo paquete de ayudas para el sector del transporte, que incluye un proyecto de ley para garantizar la rentabilidad de los transportistas, así como la gratuidad de los trenes de servicio público de Cercanías y Media Distancia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que las medidas «complementan los compromisos con el propio sector», y dan respuesta «a la inmensa mayoría de los españoles que sufren las consecuencias» de la invasión rusa de Ucrania.
Así, asegura que las medidas amortiguarán el coste que supone el conflicto bélico en la economía tanto de las familias, como de sectores específicos que se están viendo especialmente afectados.
En cuanto a las ayudas a los usuarios de transporte ferroviario, se establece la gratuidad de los servicio de Cercanías y Media Distancia de Renfe, y se mantiene la reducción del 50% del precio de los títulos de los servicios Avant.
La subvención estará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, y los usuarios deberán abonar una fianza de entre 10 y 20 euros dependiendo del servicio a la hora de adquirir el abono, que será devuelta si se realizan un total de 16 viajes (cuatro al mes) en los cuatro meses de vigencia.
Por su parte, ha anunciado que se aplicará al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la cadena alimentaria, evitando que el precio del servicio sea menor que el precio de costes y obligando a que los contratos se recojan por escrito.
Además, se abre una nueva línea de ayudas directas por valor de 450 millones de euros, que permitirá recibir una cuantía determinada en función del tipo de vehículo, fijada en 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta o ambulancia, y 300 euros por vehículo ligero (taxis y VTC).
Fuente: EFE