Ayuso se agarra a dos lagunas en el plan de ahorro para criticar su implementación
El portavoz del Gobierno asegura que no se especifica cuánto tiempo han de apagarse las luces y que es contrario a la ley, por lo que no puede aplicarse
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Carlos Luján (Europa Press)
La Comunidad de Madrid mantiene su pulso contra el Gobierno central por el plan de ahorro energético para reducir el consumo de gas en España. Si en un principio se vio obligado a recular en su negativa inicial a aplicarlo, ahora las dudas pasan por la dificultad de aplicar sanciones en caso de incumplir las medidas y de los varios resquicios legales a los que se agarra el Ejecutivo de la capital para postergar su implementación.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha señalado que la nueva normativa resulta inaplicable al no tener especificado varios puntos esenciales como cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos, por lo que si un comerciante apaga su tienda por 10 segundos «está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley».
El decreto no especifica cuánto tiempo de apagarse la luz
«Nosotros siempre hemos dicho que hay que cumplir el Real Decreto Ley, pero el Gobierno de Pedro Sánchez se tiene que dar cuenta de que ellos son los propietarios de la norma hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y la torpeza increíble ha sido olvidarse de decir cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates y los edificios. Es que es un error absolutamente garrafal», ha indicado.
Ossorio ha defendido que la nueva medida es contrario a los derechos y a las libertades de los ciudadanos, por lo que el Ejecutivo debería haber sido más cuidadoso a la hora de plantear la normativa. Además, ha señalado otro resquicio para evitar su aplicación, y es que, según sostiene la Comunidad, puede interpretarse que el plan de ahorro es contrario al Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo del año 1997, que establece que las actividades que denomina de trabajo ligero, como son las del comercio y la hostelería, y que apunta a que no puede haber más de 25 grados en estos recintos. Este último punto es regulable por el Gobierno, lo que complica este segundo punto de la Comunidad.
El exconsejero de Educación ha añadido que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha encargado un estudio de varios catedráticos y profesores universitarios que han concluido que el régimen sancionador «se ha articulado mal, que probablemente es inconstitucional y que va a suceder exactamente igual que con las sanciones del Estado de Alarma, que no se podrán cobrar esas multas».
