El Gobierno expulsó a menores a Marruecos aún sabiendo que era ilegal
El Área de Menores de Ceuta advirtió a la Fiscalía de este problema, aunque posteriormente fue ignorada
Varios agentes y vehículos de la Policía Local de Ceuta. | Antonio Sempere (Europa Press)
Un correo electrónico enviado por la directora del Área de Menores de Ceuta, Antonia Palomo, al fiscal de Menores de Ceuta, José Luis Puerta, advertía días antes de la devolución de menores no acompañados a Marruecos en agosto de 2021 de que el procedimiento que se iba a seguir no era acorde a la legislación nacional.
«A la vista de que el procedimiento no es acorde a la legislación nacional, europea e internacional, lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos», así concluía ese mail, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, que fue enviado el 12 de agosto de 2021 justo después de que la responsable asistiera en la frontera con Marruecos a una reunión en la que se preparó la entrega de una parte de esos menores que entraron en Ceuta en el mes de mayo.
Este documento obra en el sumario que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta contra la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta ceutí, María Isabel Deu, a las que se les imputa un delito continuado de prevaricación administrativa al omitir «de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente».
En ese correo, Antonia Palomo explicaba que se dirigía al Ministerio Público porque son quienes en virtud del Código Civil deben vigilar la tutela, el acogimiento o la guarda de menores. Y explicaba que en esa reunión en la frontera a la que asistió, estaban citados tanto responsables marroquíes como Policía Nacional y Delegación del Gobierno.
Ella fue requerida como representante del Área de Menores de Ceuta y el objetivo era «coordinar un dispositivo de retorno de menores no acompañados». Cabe recordar que ese dispositivo se activó apoyándose en el Acuerdo con Marruecos de 2007 —nunca antes usado— y que se paralizó después de que varios menores pidieran comparecer ante un juez antes de ser devueltos.
Palomo, tras asistir a esa reunión «con personas que decían ser representantes del Gobierno marroquí», albergó dudas sobre cómo se iba a realizar esa devolución. En concreto, en su ‘mail’ destaca que las autoridades marroquíes hablaron de un autobús que tenían preparado con al intención de trasladar a los menores al centro de Martil.
El Gobierno no realizó los procedimientos
Una vez en ese centro, le explicaron, se procedería a la búsqueda de los padres. Pero a la responsable del Área de Menores ese extremo no le convenció, y de hecho asegura que no les transmitieron que hubieran establecido «ningún tipo de procedimiento». «La reunión finalizó sin concretar los términos en los que se iban a producir las repatriaciones», lamentaba en su correo.
Según deja por escrito, por la parte marroquí asistieron representantes de la prefectura de Tetuán y de la L’Entraide Nacionale, organismo perteneciente al Ministerio de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo Social.
Este ‘mail’ concuerda con lo que aseveró en su declaración como testigo ante la Fiscalía en diciembre de 2021, la vicepresidenta y consejera de Presidencia y Relaciones Instituciones del Ejecutivo de Ceuta, María Isabel Deu, cuando aseguró que «la jefa del área de menores siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la ley de extranjería» y no el acuerdo de 2007 firmado con Marruecos.
