Corinna Larsen cambia de versión y saca al CNI en la demanda por acoso contra Juan Carlos I
En la denuncia desaparecen todas las referencias a «seguimientos» de agentes de inteligencia
EP
Corinna Larsen ha presentado una nueva versión de su denuncia por acoso que presentó en 2020 en Londres contra Juan Carlos I. La principal novedad es que han desaparecido todas las referencias al CNI y, por tanto, cualquier participación de los servicios de inteligencia en los hechos que denuncia.
Este cambio tendría como objetivo reforzar la idea de que Don Juan Carlos actuó como un ciudadano privado y no como jefe del Estado, circunstancia clave en el debate sobre si conserva su inmunidad o no que está dirimiendo la Justicia británica, publica El Mundo. Y es que el pasado julio, el Tribunal de Apelaciones de Reino Unido decidió permitir al Rey emérito que recurriera la decisión inicial del juez Matthew Nicklin de no reconocerle inmunidad alguna frente a la demanda por acoso, lo que permitiría a Juan Carlos I frenar las acciones civiles emprendidas por la empresaria.
Corinna Larsen demandó al Rey Juan Carlos por acoso en diciembre de 2020. La demanda fue elevada en diciembre de 2020 y, en ella, pide una orden judicial que impida a Juan Carlos I comunicarse con ella, seguirla, difamarla o acercarse a una distancia inferior a los 150 metros. De esta forma, denunciaba a lo largo de 20 folios lo que califica como presunto «acoso» (harassment en inglés) por parte de Juan Carlos I, responsabilizo del «seguimiento abierto y encubierto» que habrían realizado agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español en Londres, donde reside, y en Montecarlo, la otra residencia de Larsen. Este «acoso» se habría producido, según la demanda, a partir de 2012. Larsen solicita una compensación no cuantificada por daños y perjuicios.
Larsen centra ahora su acusación en el propio Rey Juan Carlos y en Félix Sanz Roldán, que en esta última versión de la demanda no habría actuado como director del CNI, sino como amigo personal de Don Juan Carlos, explica El Mundo. La eliminación de toda referencia al CNI exime además al Estado español de cualquier responsabilidad en el caso.
