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Corinna guarda el DNI con el que Juan Carlos I abrió su cuenta en Suiza tras la donación saudí

THE OBJECTIVE tiene acceso al dossier sobre la Fundación Lucum que la empresaria manejó antes de la salida del Rey emérito a Abu Dhabi

Corinna guarda el DNI con el que Juan Carlos I abrió su cuenta en Suiza tras la donación saudí

Corinna Larsen y Juan Carlos I. | EP

Corinna Larsen tiene consigo una copia del DNI de Juan Carlos I con el que el anterior jefe del Estado abrió su cuenta en el banco suizo Mirabaud en agosto de 2008 con la ayuda de Arturo Fasana y Dante Canonica tras la donación saudí de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces), según un dossier en francés que pasó por las manos de la empresaria germano-danesa y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva.

El documento, de 15 páginas y que contiene anotaciones personales de Corinna (leer abajo), es un relato pormenorizado de todas las transacciones bancarias que se realizaron desde la cuenta 505.523 de Mirabaud entre julio de 2008, tras la constitución de la Fundación Lucum en Panamá, hasta julio de 2012, cuando se produjo la disolución de la misma por orden de Juan Carlos I después de la donación irrevocable a la exprincesa del dinero que quedaba en la cuenta.

El dossier contó con 54 documentos anexos, muchos de los cuales aparecieron en los medios de comunicación en verano de 2020 tras varias exclusivas del diario suizo Le Journal de Gêneve y el británico The Telegraph que desembocaron en la decisión del padre de Felipe VI de salir de España e instalarse en Abu Dhabi. Precisamente, este 3 de agosto se cumplen dos años de aquel momento.

Sin embargo, quedan por conocer varios de estos anexos. El más controvertido -el número 5- es la copia del DNI de Juan Carlos I que Fasana y Canonica entregaron al directivo de Mirabaud Antoine Boissier junto al formulario de apertura de la cuenta, en el que se admitía que el titular de la misma -SAR, acrónimo de Su Alteza Real- era una persona políticamente expuesta, en virtud de las leyes bancarias helvéticas, por su «profesión» de rey. THE OBJECTIVE no ha tenido acceso a la fotocopia del DNI del Emérito.

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Pinche en la imagen para leer el dossier de Corinna.

Entre las anotaciones personales de Corinna en el dossier, destacan las relativas al pago final con el que se clausuró la cuenta en 2012. Pese a que el anterior jefe del Estado dejó por escrito a sus financieros suizos que la totalidad de bienes en Mirabaud debían transferirse «en su totalidad» a ella, por el camino se produjo un trasvase de 3,5 millones de euros a una cuenta de Canonica -llamada Dolphin– en el paraíso fiscal de Bahamas. Concretamente, en la filial que la entidad financiera suiza Pictet tiene en este país caribeño.

Esa trasferencia fue investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa, pero las pesquisas por un presunto delito de blanqueo de capitales y cobro de comisiones irregulares se archivaron en diciembre de 2021, cerrándose así la controvertida donación del rey Abdalá a Juan Carlos I. «Es en ese momento (mayo de 2012) cuando ellos idean su plan. En su integridad», subrayó Corinna en uno de los post-it amarillos. «DC (por Dante Canonica) se quedó 3,5 millones en este proceso», anotó la empresaria de su puño y letra.

Tras la decisión de Bertossa, Corinna no tardó en pronunciarse a través de un comunicado en el que defendió su inocencia. «Hoy finalmente he sido exonerada de toda responsabilidad en la investigación llevada a cabo por el fiscal suizo durante tres años. Mi inocencia era evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles», indicó antes de lanzar un aviso. «Mientras tanto, los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades. Permanecen impunes», señaló Larsen.

Con el cierre judicial en Suiza, solo queda abierta la denuncia interpuesta hace un año contra Juan Carlos I ante la Justicia británica por supuesto acoso y que incluye varios supuestos incidentes. El más reseñable de estos sucesos consiste en dos disparos efectuados contra su finca privada de Shropshire el 14 de abril de 2020, día que coincide con el octavo aniversario del polémico accidente de Botsuana.

La Justicia británica determinó en un primer momento que el padre de Felipe VI no tiene inmunidad y que podrá ser juzgado por este caso, pero en julio se produjo un giro en el mismo. El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido decidió permitir al Rey emérito que recurra la decisión inicial del juez Matthew Nicklin de no reconocerle inmunidad alguna frente a la demanda presentada por Corinna, lo que permitiría a Juan Carlos I frenar las acciones civiles emprendidas por la empresaria.

Así lo anunció el juez Nicholas Underhill al término de una vista que duró unas dos horas y donde los abogados del monarca alejaron que, a pesar de su abdicación en 2014, Juan Carlos I es miembro de la Casa Real y, como tal, mantiene una especial vinculación con Felipe VI que hace que cualquier acción emprendida en su contra afecte a las funciones del actual jefe de Estado.

El letrado centró su argumentación en el hecho de que, conforme a la ley española, Juan Carlos I ya no es jefe de Estado pero sí es una de las seis personas que conforman la Casa Real, junto a las reinas Letizia y Sofía y las infantas Leonor y Sofía. «El término Casa Real es un concepto, no un lugar», acotó el abogado antes de explicar que lo fundamental son las «estrechas relaciones en circunstancias especiales» entre sus miembros, no el hecho de que convivan bajo el mismo techo.

En este sentido, citó un caso relativo a la monarquía saudí donde se reconoció inmunidad a miembros de su casa real «para proteger las funciones del jefe de Estado». «Es el reconocimiento de que cualquier cosa que le ocurra a esas otras cinco personas ineludiblemente impacta en el soberano (actual) en sí mismo», concluyó el abogado del Emérito.

Bajo esta premisa, reivindicó que se estaba ante «un caso argumentable» que justifica el recurso que quieren plantear, admitiendo que, si bien puede requerir de mayor elaboración, al menos es «un comienzo prometedor». El juez Underhill, aunque calificó de «sorprendente» el argumento de que cualquier cosa que afecte a Juan Carlos I impacta «necesariamente» en Felipe VI, apreció motivos suficientes para dar luz verde a la presentación del recurso.

Un acto «privado», según Corinna

En el otro extremo, el abogado de Corinna Larsen insistió en que no cabe reconocer ninguna inmunidad al Rey emérito por los actos de los que le acusa la empresaria por entender que fueron «actos privados». Aquí, el juez británico volvió a mostrar su escepticismo por cuanto, en su opinión, si Larsen sostiene que fue acosada por orden del exjefe del CNI Félix Sanz Roldán, ningún individuo a título privado podría haber promovido dicho hostigamiento por parte de la Inteligencia española.

El letrado replicó que la inmunidad personal del ex jefe de Estado desapareció con la abdicación y que, en este caso, Sanz Roldán podría haber actuado en calidad de «amigo» de Don Juan Carlos «Eso no quiere decir que el Estado español estuviera implicado», aseveró antes de apostillar que eso sería tanto como decir cualquier acto emanado del Rey emérito es un «acto de Estado». «Pero eso no es correcto», zanjó.

Con esta resolución, el juez Nicklin despejó el camino para que la demanda de Larsen siguiera su curso en la justicia británica, algo que ahora dependerá de cómo se resuelva la apelación, una vez formulado el recurso por parte de los abogados del exmonarca. La empresaria relata en su demanda que Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después, a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios, de acuerdo con el relato de Larsen.

Por ello, reclama al Rey emérito una indemnización -cuyo montante no ha trascendido- por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido.

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