Malestar entre los abogados por un proyecto del Gobierno sobre el derecho de defensa
Los profesionales señalan que la nueva ley desarrollará principios que ya existen, pero seguirá sin permitir que los acusados elijan a su letrado
Pilar Llop interviene tras el Consejo de Ministros de este martes. | Alberto Ortega (Europa Press)
Los abogados han emitido su veredicto: la futura ley de derecho a la defensa es «una declaración de intenciones». El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de una normativa que pretende ser «pionera» y que garantizará que este derecho «no dependa del bolsillo del ciudadano». Los profesionales señalan a THE OBJECTIVE que la nueva ley desarrollará principios que ya existen en la legislación española y que es «insuficiente» porque, entre otras cosas, seguirá sin permitir que los acusados elijan al letrado del turno de oficio que prefieren para su defensa.
El anteproyecto aunará una regulación fragmentada e incluirá aspectos como el derecho a una tutela efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a ser informado de la acusación y a no declarar contra sí mismo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado que todos los ciudadanos pueden verse envueltos en un proceso judicial. Sostiene que la intención del Gobierno es que el derecho a la defensa no dependa del bolsillo de las personas porque «sin justicia no hay cohesión social ni territorial».
El documento no convence a los abogados. «Se hace un anuncio a bombo y platillo que anuncia justicia gratuita dando a entender que ahora no existe. Se habla como si hubiese una justicia para ricos y otra para pobres», lamenta Alfredo Arrién, penalista en Paredes & Asociados. En su opinión, el anteproyecto no menciona el atenuante de reparación del daño que establece el artículo 21 del Código Penal y que permite rebajar la pena del acusado «en uno o dos grados» si se repara el daño de la víctima.
«Demagogia del Gobierno»
El experto considera que «un sistema judicial eficaz y equiparable» es aquel en el que las personas no se libran de ciertas penas si pagan una reparación o dependen de tener dinero para contratar a un buen equipo jurídico, lo que «garantiza mayor éxito». Además, le preocupa que las resoluciones ejecutorias se ejecuten tal y como se dictan y que se resientan las políticas de reinserción. El Gobierno sostiene que el anteproyecto es positivo porque aúna «todos los aspectos de un derecho fundamental que cuenta ahora con una regulación fragmentada».
Arrién lo califica de «demagogia» porque esos principios ya existen en nuestra legislación. Ahora solo se hace un desarrollo legislativo, pero no se atajan otros aspectos necesarios. «Anuncian una nueva ley, pero son palabras bonitas». El letrado afirma que la futura norma no mejora el acceso de los acusados a los abogados ni el libre cambio cuando los ciudadanos consideran que no están bien representados. «En Suiza se elige a un letrado y el Estado sufraga los gastos. Aquí es por sorteo».
«Un abogado de oficio tiene infinidad de procedimientos en España y cobra muy poquito, una media de 300 euros. No pueden tener dedicación exclusiva y eso supone un deterioro para su defensa», denuncia Arrién. Un escenario que no incluye el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, que ahora deberá pasar un periodo de exposición pública y superar el trámite parlamentario para que los partidos puedan presentar enmiendas con la intención de mejorarlo.
El letrado de Paredes & Asociados sostiene que la forma en que el anteproyecto regula el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), con el que los colegios de abogados ofrecen información gratuita a aquellas personas que la precisan para defender sus derechos, es insuficiente para que sea eficaz. Entre otras cuestiones, el texto que ha tramitado el Gobierno incluye el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo y la presunción de inocencia.
«El derecho de defensa y el derecho a ser informado vienen recogidos en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Son más antiguos que el propio Código Penal porque es un principio romano», recuerda Arrién. En cuanto a la presunción de inocencia, el letrado sostiene que es más controvertido. «El Gobierno tiene que hacer un refuerzo positivo porque con la reforma de los delitos sexuales tiene que existir cierta constancia de que ha habido un consentimiento costatable. Pero estaría infringiendo la presunción de inocencia. Aquí la normativa chirría».
Llop ha explicado que, aunque el derecho a la defensa está reconocido en el artículo 24 de la Constitución, «no existen registros previos de una ley», algo que sí ocurre en el anteproyecto presentado. Arrién reconoce que los derechos se han tratado jurídicamente, pero que hasta ahora no habían desarrollado legislativamente. El Gobierno defiende el texto porque supone recoger en un solo texto legal todos los aspectos del derecho de la defensa. En ella, el Ejecutivo asegura incorporar las experiencias y necesidades manifestadas por las asociaciones profesionales.
La hoja de encargo, obligatoria
El texto compila los deberes y derechos de la abogacía, tanto los principios que deben guiar su actuación como la actividad supervisora de los colegios profesionales. Entre las novedades que incluye, que cualquier persona puede solicitar por escrito el contrato con su abogado. Arrién destaca que todo lo que afecta al profesional ya está recogido en el Estatuto de la Abogacía, aprobado en marzo del año pasado tras la insistencia de los letrados. No obstante, considera positivo que la hoja de encargo, que ahora es recomendable, se convierta en obligatoria.
Una novedad a la que también da la bienvenida el penalista Luis Romero. No obstante, el abogado sevillano considera que el Gobierno vende el anteproyecto como «un favor al pueblo» cuando el derecho a la defensa ya se recoge en la Constitución. En su opinión, se trata de «propaganda» y de un texto insuficiente, aunque aún admite mejoras. El fundador de Luis Romero Abogados sostiene que, a la hora de elegir abogado de oficio para el acusado debería existir flexibilidad. Así ocurre en Inglaterra, donde ha desarrollado parte de su carrera.
En su opinión, la nueva normativa surge de la exigencia de los abogados para que exista un proceso con todas las garantías para que el ciudadano no sufra indefensión. Algo que los profesionales llevan mucho tiempo demandando. «Me acuerdo que en 2009, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ya me dijo que estaba en conversaciones con el Ministerio de Justicia para poner en marcha esta normativa. Luego han pasado gobiernos de distintos signos. Me alegra que se vaya a aprobar».
El ministro Juan Carlos Campo ya intentó sin éxito desarrollar una ley de derecho a la defensa. Incluso llegó a convocar en varias ocasiones durante 2020 a diversos expertos, que marcaron las pautas de trabajo y establecieron una metodología de trabajo para elaborar la norma. El presidente de la comisión era Antonio Garrigues, que señaló como uno de los principios rectores de la ley su orientación al ciudadano, porque «aunque existe un derecho de defensa, se trata de impedir las situaciones de indefensión que aún se producen».
Otro de los profesionales consultados por THE OBJECTIVE, que prefiere mantener el anonimato, saluda positivamente la futura ley, aunque estima que existen varios puntos que pulir. En su opinión sería positivo que los ciudadanos pudieran elegir a su abogado en el turno de oficio y que se ampliaran los honorarios porque, con lo que se paga ahora, «no existen derecho a la defensa porque no se puede dedicar tiempo a los procedimientos». El despacho Cremades y Calvo Sotelo prefiere no hacer declaraciones hasta que no estudie a fondo el anteproyecto.
