La España Vaciada saldrá a la calle en octubre para denunciar los incumplimientos de Sánchez
Teruel Existe se queja de que el Gobierno solo ha ejecutado el 36% del acuerdo de investidura y que no ha aplicado ninguna de las 101 medidas que presentaron
Miembros de la España Vaciada presentan su candidatura en Burgos. | Tomás Alonso (Europa Press)
La España Vaciada es también la España cabreada. La plataforma territorial, convertida en partido político, aprovechará la manifestación que convoca cada octubre desde 2019 para denunciar los incumplimientos de Pedro Sánchez. No descartan volver a la calle si el presidente continúa infringiendo sus compromisos con las zonas despobladas. Teruel Existe se queja de que el Gobierno solo ha ejecutado el 36% del acuerdo de investidura. El portavoz de la organización, Antonio Saz, lamenta que no se haya aplicado ninguna de las 101 medidas que presentaron hace dos años.
El anuncio de España Vaciada se une a la advertencia que lanzaron los sindicatos mayoritarios a principios de junio. Los responsables de Comisiones Obreras y UGT informaron de que tenían la intención de alentar protestas en las calles si los salarios no se equilibraban con la inflación, que supera el 10%. A Sánchez se le presenta un otoño caliente. Los miembros de la plataforma territorial aseguran a THE OBJECTIVE que no les queda otro remedio que mostrar su descontento.
El Gobierno sigue sin cumplir la mayoría de sus compromisos con la despoblación. Entre ellos, el acuerdo de investidura, que facilitó el apoyo de Teruel Existe a Sánchez. El gesto le costó una buena ristra de amenazas al único diputado de la formación, Tomás Guitarte. Con su apoyo arrancó la promesa de un pacto de Estado para la repoblación, infraestructuras y un ministerio específico, el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. España Vaciada reprocha que, a 15 meses de las generales, el Ejecutivo solo ha ejecutado el 36% del acuerdo.
Las ayudas de Sánchez
No es la única queja. Tampoco se ha puesto en marcha el tren directo entre Madrid y Teruel ni las ayudas económicas para las zonas despobladas, a pesar de que el 14 de julio el Congreso aprobó exigir al Gobierno su «aplicación inmediata». Se trata de bonificaciones del 20% de los costes laborales para que las empresas puedan contratar trabajadores en las provincias de Teruel, Soria y Cuenca, que cuentan con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrados.
La medida tiene está autorizada por la Comisión Europea desde abril del año pasado y consignada en los presupuestos de 2022, pero el Gobierno aún no la ha implementado. Ahora debe negociar las próximas cuentas entre la desconfianza de sus socios. «Pensamos que lo hacen intencionadamente. Saben que si estas ayudas no llegan, vuelven a la Administración», señala Saz. La plataforma pone su desarrollo como condición para apoyar los próximos presupuestos. «Ya no nos van a engañar más. Por eso intensificamos la movilización».
La protesta tendrá lugar el primer fin de semana de octubre, coincidiendo con la marcha que realizan en esa fecha desde 2019 bajo el lema Yo paro por mi pueblo. «No es una cuestión de izquierda o de derecha, sino de si hay o no hay. Luchamos para que haya sanidad, seguridad o conectividad. O la gente pelea por sus pueblos o morirán», sentencia Saz. Otro de los temas que le preocupan es la descentralización de organismos públicos anunciada por Sánchez hace un año en Ponferrada.
La mayoría de esos entes son de nueva creación. Teruel Existe demanda la futura Agencia Espacial Española. La provincia parte como favorita para hacerse con su sede. El Gobierno la anunciara antes de que finalice el año. El presidente del Gobierno ya informó que Soria albergaría el Centro Nacional de Fotografía, Segovia sería la sede del Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional y Cuenca, la del Museo Postal y Telegráfico de Correos.
El reto demográfico
«La situación es cada día más grave. Los incendios de este verano han dejado patente el abandono de las zonas despobladas. Se van personas, bancos y dejamos de contar con servicios. Es un cumulo de cosas», lamenta Saz. El Gobierno puso en marcha en esta legislatura la secretaría general para el Reto Demográfico, que dirige Francesc Boya y depende del Ministerio de Transición Ecológica. El portavoz de España Vaciada asegura que no ha servido para nada. «Las medidas se diseñan en Madrid y no tienen implantación en los territorios. No son reales. Hay mucha distancia entre los despachos y la España rural».
El martes, el Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros un reparto de 56,7 millones de euros entre municipios afectados por el reto demográfico para la puesta en marcha de proyectos de dinamización y de lucha contra la despoblación. La mayor parte de esa cuantía, 40 millones, proceden de fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. El resto está incluido en los presupuestos de este año. «Mucho anuncio, mucha palabra, pero pocas cosas tangibles», lamenta Saz.
Preparar las elecciones
El portavoz de España Vaciada explica que ningún municipio y pocas empresas del mundo rural tienen capacidad para solicitar proyectos y ejecutarlos. «Es un dinero que vuelve a la Administración». Para contrarrestarlo, pide que se cree una Agencia contra la Despoblación. Con ella, esos territorios podrían resolver sus problemas burocráticos. «Es algo que ya se hace en países del norte de Europa como Finlandia, pero también en Francia e Italia. Para eso tiene que existir intención».
Saz no pierde de vista los procesos electorales del próximo año. Explica que España Vaciada se ha constituido como partido político. Soria ¡Ya! ya fue de esa guisa a las elecciones autonómicas de Castilla y León en febrero. Aquella experiencia les ayudó mucho para desarrollar el modelo. El 17 de septiembre celebran la IV Asamblea Nacional y en octubre el primer Congreso Nacional, que abordará la hoja de ruta a seguir en las elecciones municipales y generales.
La intención es estar presente en todos los territorios del país. En su web explican que, actualmente, España Vaciada está conformada por 170 plataformas y cuentan con representantes en 25 provincias. Están en conversaciones con grupos de Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha. En Madrid tienen una delegación desde abril. Incluso hay acercamientos con alcaldes de PP y PSOE que entienden que «sus partidos no resuelven los problemas del mundo rural».
