El 'lobby trans' aconsejó al Gobierno «evitar» el debate público para sacar adelante su ley
Las feministas revelan un informe en el que el ‘lobby trans’ habla de «evitar la excesiva cobertura y exposición de la prensa» para que prospere su norma
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | EFE
La ley trans impulsada por Irene Montero avanza hacia su implantación gracias a que el Gobierno de España ha aprobado su tramitación por procedimiento de urgencia. Esto es, en la mitad de tiempo que una norma regular, sin comparecencias de expertos en el Congreso y minimizando el debate público. Las feministas clásicas se han revuelto contra lo que consideran una «argucia» del Ejecutivo para «impedir que la ciudadanía reciba información relevante sobre el impacto que estas leyes están teniendo» en otros países.
Pero esta «argucia» no es casual, y responde a un plan confeccionado por el lobby trans para que prospere su norma. Así se desprende del informe elaborado por la Organización Internacional de Jóvenes y Estudiantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Queer e intersexuales (IGLYO), junto a Dentons y la Fundación Thomson Reuters, que se desmarcaron a posteriori de éste señalando que no reflejaba «necesariamente» sus puntos de vista. Dicho informe ha servido como hoja de ruta para el lobby trans en España, tras haber demostrado su éxito fuera de nuestras fronteras.
El documento jamás ha sido publicado en un medio de comunicación español, pese a la insistencia de las feministas españolas a que vea la luz. Este recomienda a los impulsores de la ley trans que «los Estados deberían tomar medidas contra los padres que obstruyen el libre desarrollo de la identidad de un joven trans», que se debe «vincular la campaña a una reforma más popular» o que se debe tratar de «evitar la excesiva cobertura y exposición de la prensa». Entre otras consignas polémicas.
«Presiones a políticos»
Sobre la última, el texto abunda en que se trata de una técnica «que se ha utilizado con gran efecto es la limitación de la cobertura y exposición mediáticas»: «En ciertos países, como Reino Unido, la información sobre las reformas del reconocimiento legal de género ha sido malinterpretada en los medios de comunicación principales, y como resultado ha surgido una oposición (…) En ese contexto, muchos creen que las campañas públicas han sido perjudiciales para el avance, ya que gran parte del público en general no está bien informado acerca de las cuestiones trans, y por tanto puede surgir una mala interpretación».
Poniendo énfasis en este aspecto, señala como buen ejemplo que, en Irlanda, «los activistas han presionado directamente a políticos individuales y han tratado de mantener la cobertura de prensa al mínimo para evitar este problema».
Nótese las semejanzas de esta agenda con la actuación del Gobierno de España. Las feministas han criticado en un comunicado reciente «la opacidad, la ocultación y las maneras totalitarias del Gobierno de Pedro Sánchez», por cuanto «son incompatibles con el derecho de la sociedad a conocer cómo va a impactar esa ley en las vidas de las niñas, los niños y las mujeres españolas». Y ante el empeño del Ejecutivo a aprobar esta norma «sin luz ni taquígrafos» han anunciado que llevarán expertos en Medicina, Psicología o Biología a las puertas del Congreso de los Diputados cada vez que se reúna la comisión de Igualdad.
Los efectos de la ‘ley trans’
La ley trans ha suscitado una enorme polémica desde su concepción. En un principio, supuso un cisma en el Gobierno de coalición, por cuanto el PSOE era contrario a las tesis del feminismo queer que abandera Unidas Podemos. La ex vicepresidenta Carmen Calvo fue quien más luchó contra la norma, pero el veto del colectivo trans a los socialistas en el Día del Orgullo del pasado 2021, así como la marcha de Calvo del Ejecutivo, consumaron el viraje de los de Pedro Sánchez en esta materia.
Cuando finalmente se apruebe, España recogerá la «autodeterminación de género» y permitirá el cambio de sexo legal sin necesidad de informe médico o psicológico, así como la hormonación y/o cirugía genital de menores de 16 y 17 años sin necesidad de contar con el consentimiento paterno. En este sentido, el informe que maneja el lobby trans reconoce que «el requisito del consentimiento de los padres o el consentimiento de un tutor legal puede ser restrictivo y problemático».
La ley, además, prevé que todo el proceso sanitario sea gratuito, ya que incluye una ampliación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para cubrir las «necesidades» de las personas trans. Las prestaciones incluyen la asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, la terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico.
Todas estas medidas dirigidas a los menores han sido duramente criticadas por los expertos (médicos, psicólogos y sexólogos), pero también por los colectivos feministas tradicionales. Aglutinados en la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, entienden que una norma así «expone a los niños a efectos dañinos de por vida, y a auténticas terapias de conversión de las que los adultos quedan eximidos, pues para ellos es suficiente expresar me siento/soy».
Contra Europa
Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión del concepto de «autodeterminación de género», que provoca el rechazo de las feministas tradicionales (que consideran que borra la categoría jurídica de mujer, basada en el sexo biológico) y de los expertos (por tratarse de un criterio ideológico y acientífico). La legislación vigente permite cambiar de nombre y sexo en el DNI siempre y cuando exista un informe médico o psicológico. Ese requisito se eliminará con la ley trans, que da por suficiente «la libre declaración de la persona sentida» para cambiar el sexo registral a partir de los 16 años.
Es decir, los menores de 16 y 17 años podrán cambiar de sexo sin necesidad de prueba psicológica ni médica. Por su parte, entre los 12 y los 15 años, quien desee hacer el cambio registral deberá hacerlo a través de sus representantes legales, los padres, pero si éstos no están de acuerdo, se nombrará a «un defensor judicial». Los trámites, en todo caso, estarán exentos de «costes o tasas».
Esta norma convertirá a España uno de los países de la Unión Europea con una legislación más radical -o avanzada, según sus impulsoras- sobre las personas trans. Y llegaría, además, en un momento en el que Finlandia, Suecia y Reino Unido, los países que inspiraron la norma de Irene Montero, están rectificando en sus regulaciones. ¿En qué cuestiones? Entre otras, las terapias hormonales a menores de edad, para las que se emplean tratamientos no recomendados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Pero esto no frena al Gobierno de España, que, siguiendo la hoja de ruta del lobby trans, ha activado su tramitación por la vía de la urgencia. Las feministas clásicas han pedido que se retire el texto para abrir un debate que permita a la sociedad conocer las consecuencias prácticas para la infancia y los derechos de las mujeres. Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a escucharlas y ha anunciado que derogará la norma tan pronto como llegue a Moncloa.
