El Gobierno privilegia a las regiones del PSOE en las subvenciones de memoria democrática
Las comunidades autónomas socialistas perciben un 41% más de euros per cápita en la última adjudicación del Ministerio de la Presidencia.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. | Europa Press
El Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños ha repartido este miércoles tres millones de euros a las comunidades autónomas para actividades relacionadas con la denominada memoria democrática. De esta cuantía, 960.000 euros van destinados a las nueve regiones gobernadas por el PSOE, frente a 938.000 euros para las seis del PP. Pero si se divide el importe dado a cada autonomía por su número de habitantes, resulta que las socialistas han sido beneficiadas sobre las populares: 0,068 euros per cápita frente a 0,040. Un 41% más en proporción.
Según el cribado de THE OBJECTIVE, cinco de las seis regiones más premiadas están dirigidas por barones socialistas. Por este orden: Castilla-La Mancha (0,12 euros por habitante en memoria histórica), Extremadura (0,096), Aragón (0,088), Asturias (0,076) y Navarra (0,075). La única comunidad regida por el Partido Popular que se cuela en el pódium es Castilla y León, con 0,11 euros por cabeza.
Se repite así una práctica recurrente a lo largo de esta legislatura. Pasó ya con los fondos europeos, de un modo mucho más ostensible: los datos facilitados por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al Congreso de los Diputados reflejaron que las regiones del PSOE recibieron una media de 502 euros por cada habitante, mientras que las del PP solo 387 euros.
Pero los datos brutos también son llamativos. Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática tan pronto como llegue al Gobierno de España. Sin embargo, es una región gobernada por su partido, Andalucía, la que recibe más subvenciones en Memoria Democrática: 469.201,62 euros. Por detrás de ella, Castilla y León (239.425,23) y Galicia (104.161,33). Entre las regiones del PP que menos cobran para estas actividades, Madrid (63.747,30) y Murcia (62.713,71).
Un total que casi llega al millón de euros, y que iguala prácticamente el importe que perciben las regiones socialistas, pese a que estas blasonan mucho más de atender estas cuestiones. La Comunidad Valenciana, presidida por Ximo Puig, es la región con bandera del PSOE que más destaca en este sentido (247.226,99 euros), seguida de Aragón (115.988,01) y Asturias (77.943,82).
De los tres millones de euros dispensados por el Ministerio de la Presidencia, dos van destinados, según la exposición de motivos, a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El millón restante se dedicará a actividades de divulgación de trabajos sobre memoria y a la dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. También se financiarán actos conmemorativos o de investigación sobre la Constitución Española y la Transición Democrática, entre otros relacionados con la II Guerra Mundial.
Memoria Democrática por regiones
En el mapa autonómico destacan varios casos, empezando por el de Castilla y León, donde Partido Popular y Vox gobiernan en coalición, y donde la intención del Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco es derogar la Ley de Memoria Histórica para sustituirla por una nueva normativa de concordia. Esta aún no tiene fecha. Pero por lo pronto el Gobierno de coalición de la derecha gozará de una nueva inyección de 239.425,23 euros en la nueva Memoria Democrática.
Cataluña es la segunda autonomía que más dinero recibe para actividades relacionadas con la llamada memoria democrática: 341.660,81 euros. Una cifra polémica si se tiene en cuenta el uso que la Generalitat de Cataluña hace de estas partidas. Tal y como ha venido informando THE OBJECTIVE en exclusiva, el Govern ha rechazado por escrito exhumar la fosa de Moncada y Reixac, la más grande de la región, donde yacen 700 cadáveres de represaliados por el Frente Popular.
La negativa de la Dirección de la Dirección General de Memoria Democrática a dignificar este cementerio ha motivado que la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces se haya querellado contra su responsable, Toni Font, por prevaricación. Tal es la dejación de la administración separatista para con esta fosa que sus víctimas no se atribuyen a ningún bando en su mapa oficial de fosas. Esto no sucede cuando se trata de víctimas del bando nacional, o de ambos bandos.
En el caso de Extremadura, donde gobierna el socialista Guillermo Fernández Vara, parte del presupuesto ha ido destinado este año a la creación de un curso para educar a los más de 3.000 concejales de la región en memoria histórica. Esto es, en represión franquista, poniendo especial énfasis en los campos de concentración, la represión que sufrían las mujeres, la situación de los presos en las cárceles o los bebés robados. Una iniciativa que ha soliviantado a PP y Ciudadanos por considerarla innecesaria.
Estas tres regiones son el paradigma de cómo las cuantías destinadas a la Memoria Democrática suelen perderse o destinarse a iniciativas de dudosa pertinencia, especialmente ahora que la crisis económica castiga con dureza a los ciudadanos españoles.
