Ayuso recurrirá al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas
Considera que vulnera las competencias de la autonomía fiscal de Madrid, que dejaría de recaudar, según sus estimaciones, 5.000 millones de euros
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. | Víctor Lerena (EFE)
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al considerar que vulnera las competencias de la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, que dejaría de recaudar, según sus estimaciones, 5.000 millones de euros. «Es un impuesto que no es de solidaridad, que es una broma de mal gusto. Solidaridad sería bajarse los sueldos, cosa que no ha hecho el Gobierno, reducir ministerios, cosa que tampoco hace el Gobierno», ha asegurado la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso
Este impuesto, acordado por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pero que aún no ha sido aprobado, afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades del PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se sigue pagando este tributo.
«Lo redacten como lo redacten, este impuesto ya es directamente atacar a la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que lo que intenta es volver a instalar el pago de un impuesto que nosotros dentro de nuestra autonomía, hemos retirado. Por tanto, en cuanto lo presente el Ministerio de Hacienda, que lo va a tener que redactar francamente bien, porque estaremos encima de ello, nosotros tendremos un plazo de tres meses para presentarlo», ha asegurado Ayuso.
Ambas regiones rechazan este impuesto, con el que el Gobierno pretende recaudar 1.500 millones de euros, y ya avanzaron que recurrirían a los tribunales si se constataba que invadía competencias
Aunque aún no ha sido creado el proyecto de ley de creación de este impuesto, llamado por el Ejecutivo «impuesto de solidaridad», el Consejo de Gobierno ha analizado cómo será planteado, y esperan que se presente como ley ordinaria, lo que «choca con el principio de jerarquía normativa que es de las comunidades autónomas», ha explicado en rueda de prensa, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio.
Para el Gobierno regional es un impuesto «muy negativo» para la Comunidad de Madrid y los madrileños», que provocará una menor recaudación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Ossorio ha estimado que la Comunidad de Madrid dejaría de recaudar 5.000 millones de euros y unas 13.000 personas «podrían irse a otros países que no tienen este impuesto». Según el vicepresidente, esos 5.000 millones de euros son «el 88 % del presupuesto de educación o el 68 % de sanidad».
El Gobierno madrileño alega que la Ley Orgánica de Financiación Autonómica establece que son las comunidades las que tienen las competencias para regular la tarifa, deducciones o bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio.
