El Gobierno ocultó seis meses y sin justificación el expediente de la serie sobre Pedro Sánchez
El Ejecutivo publicó el convenio en el BOE en septiembre para esquivar la reclamación de un abogado que lo solicitó el pasado mes de marzo
Un fotograma de la serie 'Las cuatro estaciones' en el que Pedro Sánchez desayuno junto a su mujer en Moncloa.
El pasado 9 de marzo un particular solicitó toda la información pública acerca de la serie televisiva sobre Pedro Sánchez en La Moncloa, titulada Las cuatro estaciones, pero no fue hasta el pasado 9 de septiembre cuando obtuvo respuesta. Seis meses de silencio. Y la respuesta no llegó de manera directa, sino a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), que publicó el convenio con las productoras Secuoya Contenidos, SLU y The Pool para la colaboración en el documental sobre la Presidencia del Gobierno.
Por eso esta semana, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, en una resolución con fecha de 10 de octubre, reconoce que «es cierto que el reclamante manifiesta ante este Consejo que su petición de copia de todos los contratos, documentos contractuales, expedientes de adjudicación, subvenciones públicas y documentación administrativa al completo de dicha serie, no se ha visto satisfecha pues no se le ha facilitado la copia de un expediente administrativo completo».
El Consejo de la Transparencia ha estimado la reclamación del abogado Guillermo Rocafort por razones formales, al no haber respetado la Administración el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido de un mes (artículo 20.1 de la Ley de Transparencia). Lo que sucede es que el Gobierno facilitó la información mediante el BOE, pero no entró en más disquisiciones planteadas por el reclamante sobre el expediente administrativo previo a la firma del contrato.
Esto es legal si uno se remite al artículo 23. 16, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que reza que «si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella». Es decir, el Ejecutivo central ha esquivado la reclamación con una publicación en el BOE.
«En realidad, lo que ha sucedido es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado llevando a cabo labores de la producción de la serie televisiva sin la necesaria cobertura legal durante seis meses, algo que cuando menos es irregular y concluyente de lo que podemos esperar de los contenidos que albergará dicha serie, cuya gestación legal tiene tantas apariencias de irregularidades por las demoras descritas», expone Rocafort en conversación con THE OBJECTIVE.
«Lo que mal empieza, mal acaba, y esta serie no va a ser una excepción; en ninguna democracia occidental asimilable a la española sería tolerable una situación como la descrita, lo cual denota que la maquinaria propagandista de Pedro Sánchez no conoce límites en el ocultismo y en la treta legal, y que se va a manifestar de una forma desbocada en los meses venideros, para el horror de millones de españoles, frente a los próximos procesos electorales», zanja el abogado a este medio.
¿Fraude de ley?
Para más inri, el acuerdo firmado por la Secretaría de Estado de Comunicación con las productoras Secuoya y The Pool podría incurrir en fraude de ley, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. Y es que hay juristas que consideran que el proceso mediante el cual se acordaron las condiciones de colaboración presenta indicios de ser «nulo de pleno derecho por ser un negocio simulado». Una situación que también denuncian políticos como Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, diputado y abogado del Estado.
La publicación del pasado 10 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las condiciones del pacto indican que se ha establecido un «convenio de colaboración». En términos públicos esto supone que una entidad privada (las productoras) se interesa por realizar una actividad (la serie) y el Estado decide que tiene interés general.
Pero los términos del acuerdo parecen más los de un «contrato administrativo». La diferencia -y es lo que advierten los juristas- es que el pacto establece una remuneración: las productoras deben abonar un porcentaje de sus beneficios a cambio de la cesión de los derechos de explotación de propiedad intelectual.
La serie
Poco se sabe hasta el momento de la serie: que tendrá dos capítulos en su primera temporada, que llevará por título «Las cuatro estaciones» y que, según Moncloa, será un ejercicio de «transparencia acorde con la democracia del siglo XXI» y «en ningún caso», dice Presidencia, incluirá «propaganda política o partidista».
«Se trata de mostrar a los ciudadanos la organización de la Presidencia del Gobierno, sus principales actividades y la labor de las personas que prestan sus servicios para asegurar su correcto funcionamiento, realizando un ejercicio de transparencia acorde con la democracia del siglo XXI», se lee en el Boletín. El documental se estructurará en una temporada de dos capítulos de, aproximadamente, 45 minutos de duración cada uno, «teniendo derecho los productores, que no obligación, a la grabación de una segunda temporada de otros dos episodios adicionales».
Así, el convenio recalca que la serie, que se emitirá en año electoral, «constituye un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la Presidencia del Gobierno, incluyéndose de manera primordial en su contenido a abordar, con el carácter propio de una serie documental, la realidad del trabajo de la figura del Presidente del Gobierno y su cometido diario». Esta, por lo pronto, sigue sin encontrar una cadena dispuesta a hacerse cargo de la emisión.
