Sánchez anuncia 3.000 millones para rebajar la factura energética del 40% de los hogares
El nuevo paquete contempla rebajas superiores al 50% en las facturas de 1,7 millones de hogares con calefacción central
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Eduardo Parra (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un «nuevo paquete de medidas para reforzar la protección» de los ciudadanos ante la subida de los precios de la energía que confía en aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros y que supondrá la movilización de otros 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En concreto, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de la situación por la guerra en Ucrania, Sánchez ha afirmado que se va a reforzar el Bono Social Eléctrico incrementando un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentando el porcentaje de descuento hasta el 65% y 80% para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, lo que supondrá un beneficio para 1,3 millones de hogares.
Además, el jefe del Ejecutivo ha comunicado la creación temporal de una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas, que será destinado a aquellos «hogares con trabajadores con bajos ingresos», con el que se calcula llegar a 1,5 millones de hogares adicionales.
En tercer lugar, Sánchez ha explicado que se va a reforzar el Bono Social térmico en 2022 y 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicio, al elevar el importe de la ayuda mínima a 40 euros – equivalente al coste de dos bombonas de butano, ha puesto Sánchez como ejemplo- y duplicar el importe de la ayuda media hasta los 375 euros por hogar aproximadamente.
Rebajas a los hogares con calefacción central
También habrá rebajas superiores al 50% en las facturas de 1,7 millones de hogares con calefacciones comunitarias hasta finales de 2023. «Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas (TUR 1, 2 y 3) a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural» con la creación «de una nueva tarifa regulada para la que se limite hasta finales de 2023 el incremento trimestral de precio», ha subrayado.
Esta medida ya la avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada y se concretó este martes en el plan Más Seguridad Energética (+SE), con el que el Gobierno prevé un ahorro en el consumo nacional de gas natural de entre el 5,1% y el 13,5% en el periodo que va desde agosto de este año hasta marzo 2023, en comparación con la media de los últimos cinco años.
Sánchez ha indicado que todas estas medidas supondrán movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los PGE para proteger a las personas de la subida de los precios de la energía y se calcula un impacto al 40% de los hogares españoles. Según el Ejecutivo, se han ahorrado 35.000 millones a los consumidores desde junio de 2021, con medidas como la reducción de impuestos o la ‘excepción ibérica’.
En este sentido, el Gobierno asegura que las facturas eléctricas de los hogares son un 33% más bajas de lo que serían sin las medidas aprobadas. Los consumidores vulnerables pagan lo mismo que antes de la guerra en Ucrania, mientras que los recibos de la luz de las pymes son un 23% más bajos que sin las medidas, y los de la industria entre un 18% y un 20%.
El Gobierno ha rebajado el IVA del gas del 21% al 5% desde octubre hasta el 31 de diciembre. La medida permitirá ahorrar a los consumidores 210 millones de euros, según cálculos de Moncloa. También tienen un IVA reducido las briquetas y pellets procedentes de la biomasa y la madera que se utiliza como leña para las calefacciones, mientras que la electricidad lo mantiene también en un 5% desde junio.
Por otro lado, el Ejecutivo explorará la posibilidad de que las industrias electrointensivas y los grandes consumidores de gas puedan cambiar las potencias que tengan contratadas. En la actualidad, la regulación sectorial impide que se realice más de una modificación cada 12 meses.
En este contexto, el Gobierno pone el foco en proteger a los consumidores que más están sufriendo la crisis energética. De hecho, este es uno de los seis bloques en los que se articula su el plan +SE. Según la medida 49 del documento, también se reforzará la protección de los consumidores de gas natural, limitando la penalización máxima que las comercializadoras pueden fijar si un cliente rescinde el contrato de suministro en el primer año de vigencia del mismo. Además, establecerá la obligatoriedad de que la empresa dé por finalizados los servicios adicionales que tuviera contratados -salvo que el consumidor indique lo contrario-.
Por otro lado, el Gobierno también tiene ya una propuesta para la reforma de la tarifa regulada a la que están acogidos unos diez millones de hogares. El proyecto de Real Decreto para modificar la metodología de cálculo del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) incorpora referencias basadas en una cesta de productos a plazo con las que se prevén reducir hasta un tercio la volatilidad de la tarifa.
Lo que pretende es introducir una señal de precios a los productos a plazo, configurando dicha señal como una cesta con referencia el mercado gestionado por OMIP, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual. El reparto se haría de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual sea del 54%.
