Los países referentes de Montero para el desarrollo de su 'ley trans' dan marcha atrás
Varios estudios internacionales muestran que la disforia de género se supera entre un 75-90% de los casos una vez pasada la adolescencia
Irene Montero, ministra de Igualdad | EP
Tras la aprobación el pasado junio del proyecto de ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, ahora el Gobierno quiere aprobar por la vía de urgencia esta ley que contempla la medicación con bloqueadores de pubertad y el cambio de sexo legal a partir de los 12 años. Una legislación que se inspiró en la de países como Finlandia, Suecia, Australia y Reino Unido que ya están rectificando y dando marcha atrás. Y es que cada vez son más las personas que se arrepienten de la transición y denuncian una atención médica «inadecuada» y leyes que «facilitan» este cambio en una etapa que se caracterizan por el descubrimiento, entre otras cuestiones, de su sexualidad.
Los expertos consultados, destacan la «vulnerabilidad», particularmente psicológica, de esta población. El 97% de los adolescentes que se declaran trans sufren problemas subyacentes sin tratar como el autismo, TDAH, TOC, trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, etc; y el 71% tienen problemas para socializar. Y, además, según varios estudios internacionales, la disforia de género se supera entre un 75-90% de los casos, una vez pasada la adolescencia.
Por ello, colectivos médicos y de padres de hijos trans, como Amanda, agrupación de madres de niños y niñas trans víctimas de disforia de género de inicio rápido (DGIR), formada por 300 familias y que cuenta con el respaldo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, llaman a la prudencia y piden a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que revisen el borrador de esta ley, «escuchen a científicos y expertos» y observen lo que está sucediendo en otros países.
Países que están reculando
Suecia, país pionero en leyes trans, ha reculado y ha puesto fin a la prescripción de bloqueadores puberales en menores de 18 años. Además, el Gobierno sueco, en un nuevo protocolo de actuación y recomendaciones para terapia hormonal, establece «imprescindible» la evaluación psiquiátrica sin que sea considerada terapia de conversión y está indemnizando a los destransicionadores afectados.
Algo similar está ocurriendo en Nueva Zelanda y Finlandia. En el país de Jacinda Ardern han modificado el proyecto de ley de prohibición de terapias de conversión para proteger a los profesionales de la salud mental, ya que la valoración psiquiatra será de carácter obligatorio. Por su parte, Finlandia, también ha decidido modificar su legislación para favorecer los tratamientos psicológicos y la espera vigilante. Además, se ha establecido la edad mínima para los tratamientos médico-quirúrgicos a los 25 años.
En Francia, desde este verano, se ha frenado el uso de bloqueadores de la pubertad por consejo de la Academia de Medicina debido a los efectos secundarios, tales como impacto en el crecimiento, debilitamiento óseo, riesgo de infertilidad, consecuencias emocionales e intelectuales y, para las niñas, síntomas que recuerdan a la menopausia.
El caso de Reino Unido
El caso de Reino Unido es el más sonado. En agosto, el Gobierno británico decidió cerrar su clínica de referencia Tavistock por «diagnósticos erróneos» y unas 1.000 familias ahora están en proceso de demanda. Todo comenzó con la denuncia de Keyra Bell, una joven trans arrepentida, que se querelló contra al Sistema de Salud público por «aconsejarla» y suministrarle tratamiento hormonal sin una evaluación psicológica previa cuando tenía 16 años.
Ahora, con 23, la joven ha reconocido haber estado sumida «en una depresión» cuando tomó la decisión y tras una doble mastectomía, siente que nada de eso ha resuelto sus problemas: «Los dos años previos a ese momento estuve atrapada en una depresión y ansiedad severa. Yo me sentía extremadamente fuera de lugar en el mundo. En realidad, estaba luchando contra la pubertad y mi sexualidad. Yo no tenía a nadie con quien hablar sobre estos temas. Me identificaba más con las lesbianas e inicialmente sentí que había encontrado mi tribu», confesó en un entrevista para Sky News.
Actualmente, a la espera de la resolución del juicio final, todos los tratamiento médicos a menores sin autorización judicial han sido suspendidos y terapias basadas en la evidencia, como la espera atenta, no serán consideradas terapias de conversión.
Espera vigilante
Tomando como referencia los cambios legislativos que están teniendo lugar en estos países, desde Amanda denuncian a THE OBJECTIVE la «irresponsabilidad» de aprobar una ley que se ha inspirado en estas legislaciones y piden poner el foco en los jóvenes con disforia de género de inicio rápido (DGIR), es decir, adolescentes previamente normales, principalmente niñas, que de repente anuncian su deseo de transición al sexo opuesto.
Algo que desde Amanda y diferentes sociedades científicas tachan de «moda» y «contagio social», provocado por la «angustia» por la pubertad y la influencia de las redes sociales y las descripciones comprensivas del transgenderismo. Y es que, las cifras de afectados por DGIR crecen a un ritmo frenético. Por ejemplo, en Madrid, la Unidad de Identidad de Género ha visto un incremento de solicitudes de atención del 500% entre 2017 y 2019, la mayoría de ellas de chicas muy jóvenes. En otros países, como Gran Bretaña, este incremento ha sido del 4000% entre 2009 y 2018. Un aumento que se produce a nivel mundial, según la agrupación.
En este sentido, también se ha pronuncia el prestigioso psiquiatra Celso Arango, jefe de la Unidad de Psiquiatría Infantil del Hospital Gregorio Marañón, quien apunta la necesidad de escuchar a las voces expertas y tener en cuenta la fase de crisis vivencial propia de la adolescencia. «Este último año el 20 % de los adolescentes que tenemos ingresados en nuestra Unidad dicen ser trans. Hemos llegado a tener ‘transiciones’ en la propia planta del hospital. Algunas son niñas con TEA o Asperger. Para ellas declararse trans es su única esperanza de ser aceptadas», explica el Dr. Arango.
Por ello es que desde Amanda exigen la adopción de una postura «prudente» por parte del legislador en lo concerniente a los jóvenes con disforia de género que permita a madres y padres buscar la mejor atención para sus hijas e hijos, que permita el desarrollo de una atención con profesionales que no sientan miedo ante la amenaza de ser denunciados y que no permita la modificación del sexo registral a menores de 18 años.
