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Las feministas socialistas piden una reunión exprés a Sánchez para que paralice la 'ley trans'

Militantes del PSOE y PSC remiten una misiva al presidente del Gobierno en la que expresan que «lo que vaya a ser de nuestro partido nos preocupa profundamente»

Las feministas socialistas piden una reunión exprés a Sánchez para que paralice la ‘ley trans’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. | Europa Press

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES) ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarle una reunión exprés. ¿El motivo? Alertarle de los peligros que entraña la ley trans y solicitarle su paralización. La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está firmada por mujeres militantes y simpatizantes del PSOE y del PSC que se dicen «tremendamente preocupadas por cómo avanza la tramitación» de la norma.

Denuncian el «inexistente debate político en las Cortes Generales, la imposibilidad de dialogar con nuestros y nuestras representantes políticos», al tiempo que lamentan «especialmente las últimas noticias aparecidas en medios públicos anunciando la voluntad del Gobierno de hacer avanzar la ley con modificaciones mínimas, sin atender las peticiones de familias de los menores afectados, los colegios profesionales, las y los docentes o la enorme cantidad de asociaciones de mujeres que se manifiestan contra ello».

«Queremos dialogar y deseamos exponer nuestras razones», zanja el comunicado, que cuenta con las rúbricas de Amelia Valcárcel (presidenta), Altamira Gonzalo y Teresa Blat (vicepresidentas), Inma Moraleda (secretaria) y Rosa Peris (tesorera), además de las vocales Yolanda Besteiro, Carmen Cajide, Malé Chillida, Meli Galarza, María José Hernández, Rocío León, Alicia Miyares, Lourdes Muñoz Santamaría, Soledad Muruaga, María José Partera, Rafaela Pastor, Cristina Ubani y Juana Serna.

División en el PSOE

La carta evidencia la división que existe dentro del PSOE con respecto a la norma estrella de Irene Montero. Una división que, en el fondo, es la misma que afecta al movimiento feminista: está el feminismo radical, de raigambre marxista, y el feminismo queer, que preconiza que ser mujer no es un hecho biológico, y que por tanto debe aceptarse la «autodeterminación de género». Dos cosmovisiones que se han demostrado irreconciliables.

En un principio, el PSOE abanderaba las tesis del feminismo radical. Así consta en el argumentario del partido respecto a este punto, firmado en 2020 por Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Santos Cerdán. El texto advertía de una manipulación interesada de conceptos «fundamentales en el feminismo como son el sexo y el género» que pone «en riesgo el propio concepto jurídico y sujeto político mujer». Pero ese texto se convirtió en papel mojado cuando la exvicepresidenta del Gobierno fue apartada.

Comunicado del PSOE que data de 2020 en el que se posiciona contra los fundamentos de la ‘ley trans’.

A partir de ese instante, los socialistas cambiaron de postura para no enemistarse con el lobby trans, aunque sí se ganó la antipatía del feminismo clásico. Pero eso no significa que estén dispuestos a aceptar su tramitación por la vía de la urgencia, como piden tanto desde Unidas Podemos como desde el colectivo trans, que ya ha declarado al PSOE partido non grato y ha amenazado con expulsarlo del Orgullo 2023.

El feminismo clásico sigue contando con representación dentro del partido. Especialmente, en Carmen Calvo, que ha reaparecido recientemente para cargar contra una norma que «requerirá mucha finura de matices en todo para tener más seguridad jurídica». También en la consejera valenciana de Justicia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, que dijo de la ley trans que es «un gran error» y «un ataque frontal a los derechos de la mujer».

THE OBJECTIVE ha venido alertando de las posibles consecuencias perniciosas de esta norma, que permitirá que los menores de edad sean sometidos a tratamientos que figuran como «no recomendados» para ellos en la ficha de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). De hecho, los países pioneros en adoptar estas políticas ya están reculando, al ver los efectos de éstas en materia de igualdad y sobre la salud de los niños sometidos a bloqueadores de la pubertad.

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