El Supremo rechaza suspender de inmediato el nombramiento de Mozo al frente del CGPJ
Wenceslao Olea fue el único vocal que votó en contra de la designación. Recurrió la decisión al considerar que el Consejo «carece de competencia» para la elección
Rafael Mozo, el vocal del CGPJ elegido presidente por sus compañeros. | Fernando Alvarado (EFE)
Nuevo capítulo en el serial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Tribunal Supremo ha rechazado este martes suspender de forma inmediata el nombramiento de Rafael Mozo como presidente interino del órgano de gobierno de los jueces. Wenceslao Olea había pedido al alto tribunal que impusiera medidas cautelarísimas contra su elección y resolviera así la bicefalia que vive el Poder Judicial desde la dimisión de Carlos Lesmes. Ya fue el único vocal que votó en contra de que Mozo se convirtiera en el mandamás del Consejo al entender que este «carece de competencia» para la elección.
La Sección Sexta de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha desestimado las medidas cautelarísimas presentadas por Olea y el secretario general del CGPJ, José Luis de Benito. No obstante, han acordado abrir una pieza separada para continuar la tramitación de la medida cautelar. Los ponentes serán los magistrados Eduardo Espín y Octavio Herrero.
Los jueces sostienen que en los recursos presentados no concurren circunstancias de especial urgencia para tramitar la suspensión de forma inmediata. Antes de decidir escucharán los argumentos del CGPJ. A pesar del nombramiento, Mozo tiene funciones limitadas. Eso no ha impedido que los altos cargos del Consejo impugnen un acuerdo ante el Supremo por primera vez en la historia, lo que supone un paso más en la crisis institucional que viven las instituciones judiciales. Un distanciamiento que se ha podido comprobar este martes en la jura de Dolores Delgado como fiscal jefa de la Sala de lo Militar del alto tribunal.
El presidente del Supremo
Olea y De Benito rechazan el acuerdo del Pleno del CGPJ para nombrar a Mozo, el vocal de mayor edad, como «presidente suplente». Entienden que la decisión supuso dividir la jefatura del Poder Judicial, ya que el magistrado Francisco Marín Castán ejerce la presidencia del Supremo desde la renuncia de Lesmes. La designación del progresista Mozo salió adelante con el consenso del Consejo: 16 votos a favor y solo uno en contra, el de Olea. Otra vocal, Mar Cabrejas, se ausentó de la votación.
Una vez finalizado el escrutinio, Olea formuló un voto particular. Este vocal del CGPJ, muy cercano a Lesmes y nombrado a propuesta del PP, considera que «solo puede existir un único presidente» y que el Consejo «carece de competencia» para el nombramiento. «Se está vulnerando nada más y nada menos que la Constitución», avisó el miembro discrepante, que también es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Olea puso de manifiesto que Mozo «no reúne ninguna» de las condiciones legales para erigirse como presidente, ya que para ello debe ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Supremo y reunir los requisitos exigidos para ser presidente de Sala o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad. Unas condiciones que no cumple el vocal designado, que ejerce desde 2018 como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El conflicto sucesorio se desató el 9 de octubre, cuando Lesmes anunció su dimisión como presidente del CGPJ y del Supremo, cargos que ejerce la misma persona, ante la falta de avances en las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, conformado por 20 miembros, aunque en este momento tiene dos bajas. Ya lo había advertido un mes antes, durante la apertura del año judicial.
Lesmes intentó dejar atada su sucesión. Para eso encargó un informe al gabinete técnico del Supremo que concluía que debía reemplazarle Marín Castán y regatear así la imposibilidad de hacer nombramientos en el alto tribunal, bloqueado por ley hasta que no se renueven sus vocales. Estos ya habían mostrado sus reticencias a que Marín Castán presidiera el órgano.
El malestar era evidente, ya que el magistrado al que señaló el informe del Supremo no forma parte del CGPJ. «No parece ni correcto ni adecuado que un vocal del Consejo que no ha sido nombrado presidente del Supremo pueda presidirlo», alegaron los vocales tras el Pleno del jueves para legitimar su decisión. No obstante, el documento técnico advertía de que no era necesario formar parte del órgano de gobierno de los jueces para ostentar la máxima autoridad.
No es la primera vez que un presidente del CGPJ y del Supremo renuncia. Ya lo hizo en junio de 2012 el fallecido Carlos Dívar, aunque en otro escenario. El magistrado malagueño dejó su cargo tras destaparse el escándalo de sus viajes a Marbella no justificados y pagados con dinero público. Le sustituyó Gonzalo Moliner, un magistrado del Tribunal Supremo de tendencia progresista que dedicó buena parte de su carrera a dirimir cuestiones de ámbito social y laboral.
Moliner, como Mozo, era miembro del CGPJ. No obstante, su nombramiento de forma interina generó mayor discrepancia. Salió adelante con solo 12 votos a favor de los 20 vocales del Consejo, el mínimo que exige la ley, muy lejos de la unanimidad que consiguió Dívar en 2008. Entonces, el mismo magistrado ostentó la presidencia provisional de ambas instituciones. Lo hizo hasta diciembre de 2013, cuando fue elegido el ahora dimitido Carlos Lesmes.
