El Tribunal Supremo incluye dos vocales en el nuevo CGPJ, pero no cubrirá su cuota

PP y PSOE negocian con sigilo la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se han impuesto la discreción para evitar que las conversaciones salten por los aires, como en 2018. Deben renovar a los 20 vocales que conforman el Consejo, caducado desde hace cuatro años, y desbloquear así los órganos judiciales, incluidas las vacantes del Tribunal Constitucional. El debate ahora está en los criterios de idoneidad, lejos de los nombres. Sin embargo, ya hay dos seguros, Ángel Arozamena y José Antonio Montero, que proceden de un Tribunal Supremo que no cubrirá las tres plazas que le corresponden.

El dimitido presidente del CGPJ Carlos Lesmes entregó en las Cortes una lista con 51 candidatos a vocales del órgano de gobierno de los jueces en septiembre de 2018. La mayoría, 27, estaban avalados por las asociaciones y otros 24 por sus propios compañeros. El Congreso y el Senado eligen, por mayoría de tres quintos, a 12 vocales de origen judicial y a otros ocho entre juristas de reconocido prestigio para un mandato de cinco años.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la selección debe respetar una determinada proporción. «Tres magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad». No obstante, y con la lista que facilitó Lesmes en las Cortes, será imposible mantener la cuota que le corresponde al alto tribunal por las renuncias de José María del Riego e Inés Huerta.

El Supremo, al límite

La decisión de estos dos magistrados supone una bomba de oxígeno para el Supremo, que vive una situación límite. La jubilación de María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social, agrava el colapso del alto tribunal, que cuenta con 17 vacantes. El problema radica en la imposibilidad del CGPJ para hacer nombramientos discrecionales. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en marzo de 2021 lo impide mientras el Consejo se mantenga en funciones.

Las renuncias de Del Riego y Huerta abren una nueva vía. La ley orgánica establece que si no hubiese candidatos dentro de algunas de las categorías que se señalan, las vacantes se destinarán al siguiente grupo. La plaza que no cubre el Supremo servirá para promocionar a un cuarto magistrado con más de 25 años de antigüedad, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Los dos magistrados del alto tribunal que tienen un sillón asegurado son Arozamena y Montero, ambos miembros de la Sala Contencioso-Administrativo.

Arozamena, de 66 años, es magistrado del Supremo desde 2015. Ingresó en la Carrera Judicial en 1985 y ejerció como juez en los Juzgados de Distrito de Cornellá (Barcelona) y Arganda del Rey (Madrid) y como magistrado especialista de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1990-1996). Entre 1996 y 2007 fue magistrado del Gabinete Técnico del Supremo y entre 2009 y 2015 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Fuera de la Carrera Judicial, ha ocupado los puestos de vocal asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante el segundo Gobierno de Felipe González y el de director general de Relaciones con la Administración de Justicia (2007-2009). También ha sido profesor asociado de Derecho Procesal (1991-1997) y de Derecho Constitucional (2000-2007) en la Universidad Carlos III de Madrid. Se presentó por libre a vocal del Consejo, consiguiendo el aval de 54 compañeros.

Montero, de 64 años, es magistrado del Supremo desde 2009. Ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y tuvo su primer destino en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). En 1988 se convirtió en magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde permaneció hasta su nombramiento para el alto tribunal. Desde su ingreso en la Sala Tercera ha estado destinado en la Sección Segunda, que se ocupa de los asuntos en materia de Derecho Tributario.

Despolitizar el CGPJ

En su caso recibió el aval de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece. La organización conservadora también presenta a Alejandro Abascal, encargado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y uno de los jóvenes jueces que impulsó Lesmes.

Las 18 plazas restantes del CGPJ siguen sin dueño, aunque todo indica que en las próximas semanas habrá fumata blanca entre los grandes partidos. Las opciones son cada vez más limitadas, pues de los 51 nombres iniciales que presentó Lesmes ante las Cortes generales solo quedan 42 posibles aspirantes. Nueve se han caído de la carrera por diferentes causas y otros, como la candidata que quiere promocionar Podemos, Victoria Rosell, no encaja en los planes del PP de despolitizar el órgano.