La renovación del CGPJ se complica: vetos políticos y nueve candidatos imposibles

La negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en su fase final. PSOE y PP tienen muy avanzado el acuerdo, pero descartan un pacto inminente. El debate se ha ralentizado por los requisitos de idoneidad que demandan los populares. Una línea roja para evitar que se cuelen perfiles políticos como José Ricardo de Prada o Victoria Rosell, a la que Podemos quiere sentar en el órgano de gobierno de los jueces. Estos vetos se suman al rosario de bajas que ha sufrido la lista de 51 aspirantes que el dimitido Carlos Lesmes remitió a las Cortes en 2018. Nueve nombres se han caído, lo que limita las posibilidades.

El CGPJ lleva casi cuatro años caducado. Los partidos se citaron para remozar el Consejo en 2018. El acuerdo estaba cerrado, pero un mensaje de WhatsApp dinamitó la operación. El entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, informó a sus compañeros del acuerdo para repartirse el órgano: su partido ostentaría la presidencia y los socialistas la mayoría de vocales, pero se aseguraban la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única competente para enjuiciar a los aforados.

Lesmes, presidente de CGPJ en aquel momento, remitió el 27 de septiembre de 2018 a las Cortes una lista con 51 candidatos para que eligieran a los 20 vocales que iban a conformar el nuevo Consejo. La normativa establece que son las encargadas de designarlos, por mayoría de tres quintos. Cada Cámara elige a 10 vocales, cuatro entre juristas de reconocido prestigio y otros seis jueces de los 5.300 en servicio. Estos últimos son seleccionados de una lista cerrada con nombres que eligen los propios profesionales, avalados por sus colegas.

Renuncias al CGPJ

El paso del tiempo es inexorable. La lista ha tenido nueve bajas, por lo que solo quedan 42 aspirantes en liza. Suponen el 82% de los nombres que se acordaron en un principio. Durante estos años se han producido renuncias, jubilaciones, promociones y hasta un fallecimiento que han reducido la nómina de candidatos, lo que complica la elección de los partidos para renovar a los vocales del CGPJ.

La mayoría de las bajas, cuatro jueces, han renunciado por iniciativa propia a seguir en la carrera. Se trata de los magistrados María Luisa Ruano (que además debía jubilarse), Luis Rodríguez Vega, José María del Riego e Inés Huerta. Durante estos años también se ha jubilado José María Calderón y ha fallecido César García Otero. Las promociones y nuevos destinos también han apartado del Consejo a otros tres posibles vocales.

Inmaculada Montalbán fue nombrada a finales del año pasado magistrada del Tribunal Constitucional. En las mismas fechas, Diego Íñiguez fue designado consejero del Tribunal de Cuentas. La elección de Rosell como Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se produjo mucho antes, en enero de 2020, tras abandonar su acta de diputada en el Congreso, una responsabilidad incompatible con la de ser vocal del CGPJ.

El cargo actual que desempeña Rosell posibilita que vuelva a estar en las quinielas. Así lo quiere Podemos, que ha lanzado un órdago al PSOE. Los socialistas cederán a sus socios de Gobierno dos de los 11 vocales que le corresponden en el nuevo CGPJ, pero espera un ejercicio de responsabilidad de estos para llegar a buen puerto. La promoción de Rosell se antoja como uno de los escollos a resolver en las negociaciones. El veto del PP a la juez es implícito, ya que considera que no cumple con el requisito de despolitización que reclama.

La consigna de los populares es clara: aún no se ha hablado de nombres. Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones han relatado a THE OBJECTIVE que los de Alberto Núñez Feijóo ya se han puesto en contacto con algunos jueces para que formen parte de los nueve vocales que le corresponden en el futuro CGPJ, aunque cederá un asiento al PNV. El compromiso de los socialistas también va en esa dirección, ya que dos de sus plazas irán destinadas a su socio de Gobierno.

Cambiar el sistema

«Hemos perdido mucho tiempo y el Poder Judicial ha estado intervenido, pero lo importante no es mirar atrás. Hay que ponerse de acuerdo en los requisitos», insistió el jueves el líder del PP durante su viaje a Bruselas para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea. Ese mismo día, la ministra de Justicia, Pilar Llop, volvió a defender el sistema actual de elección de los vocales del CGPJ. Los populares exigen cambiar la fórmula, tal y como solicita la UE.

La posiciones en ese sentido continúan alejadas, lo que también frena los tiempos. Pero este apremia porque, en los próximos meses, podrían darse nuevas bajas en la lista de 51 aspirantes que remitió Lesmes a las Cortes. Una de ellas, la del magistrado Ignacio Espinosa, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que se jubilará en los próximos meses.

La decisión final puede llegar antes. Esta misma semana, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, afirmaba que se ha progresado en el diálogo: «Puedo reconocer que se producen avances, a buen ritmo, y que hay contactos que se multiplican en las últimas horas y días». El negociador del PSOE, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, también se ha expresado en la misma dirección al reconocer que «todavía no está el acuerdo definitivo» y que «tocan pocas palabras y mucho trabajo».

Las negociaciones se llevan con la máxima discreción. Ambas partes guardan un celoso secretismo para evitar que se filtren cuestiones que lleven al traste el acuerdo. Es lo que sucedió en 2018, cuando el mensaje que envió Cosidó hizo recular al juez Manuel Marchena, al que las formaciones eligieron como presidente del CGPJ sin que se hubiesen decidido los vocales, lo que generó un fuerte malestar en la carrera judicial. PP y PSOE no se fijan plazos, pero las fuentes consultadas sostienen que la intención es anunciar una entente en las próximas semanas.