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El exmarido de María Sevilla se querella contra Irene Montero por llamarle "maltratador"

Rafael Marcos también anunció que demandaría, por declaraciones similares, a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y a la periodista Ana Pardo de Vera

El exmarido de María Sevilla se querella contra Irene Montero por llamarle «maltratador»

Rafael Marcos también anunció que demandaría, por declaraciones similares, a la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y a la periodista Ana Pardo de Vera

El exmarido de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre condenada por secuestrar a su hijo e indultada parcialmente por el Gobierno, ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por llamarle maltratador.

Fuentes jurídicas han confirmado que la demanda se ha presentado esta semana en la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, como anunció Rafael Marcos, exmarido de María Sevilla, el pasado mes de julio después de que Montero no acudiera al acto de conciliación previo que se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid.

La ministra declinó así retractarse de las palabras que dijo tras conocer el indulto parcial a María Sevilla el pasado 25 de mayo, en un acto en el que el denunciante explica que la ministra le llamó «maltratador» de su pareja y de su hijo, motivo por el que se querella contra ella por perjudicar su honor y le reclama 85.000 euros.

Rafael Marcos también anunció que demandaría, por declaraciones similares, a la secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, y a la periodista Ana Pardo de Vera: a la primera por un delito contra el honor por el que le reclama 65.000 euros y a la segunda por injurias y calumnias, solicitándole 10.000 euros.

Las tres hicieron declaraciones sobre Rafael Marcos tras conocerse que el Gobierno indultaba parcialmente a María Sevilla, condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de cárcel y la pérdida de la patria potestad de su hijo por un delito de sustracción de menores de ese niño, al que no permitía acercarse a su padre a pesar de las resoluciones judiciales en ese sentido.

El Ejecutivo rebajó la pena de cárcel a dos años, de manera que Sevilla no tenía que permanecer en prisión, y conmutó la retirada de la patria potestad, decretada por cuatro años, por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Fuente: EFE

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