El Gobierno admite el auge de los secuestros de hijos, pero oculta el sexo de sus captores
En 2021 se abrieron 434 diligencias por sustracción de menores, según los datos facilitados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La ministra de Igualdad, Irene Montero. | Isabel Infantes (Europa Press)
Los secuestros parentales no dejan de crecer en España año tras año, hasta el punto de que ya se produce más de uno al día. Así lo ha reconocido este mes de octubre el Ministerio del Interior, a través de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: entre enero y agosto de 2022 se registraron 283 casos, incluyendo 14 en el extranjero. Pero la estadística oficial no discrimina si la denuncia la realiza el padre o la madre, pues el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dejó de incluir este dato en los informes anuales que publica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES).
Una decisión que ha sido muy criticada por la Asociación de Niños sin Derechos (NISDE) y por la oposición, por cuanto entienden que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ha mostrado un trato de favor a madres secuestradoras -o «madres protectoras», según la ministra de Igualdad, Irene Montero– como Juana Rivas y María Sevilla, ambas condenadas por la sustracción de sus hijos y posteriormente indultadas con polémica.
La opacidad del Gobierno en esta materia es notoria. Libertad Digital desveló el pasado mes de junio cómo Interior ocultaba por primera vez en democracia las estadísticas oficiales sobre el número de secuestros parentales, suprimiendo este dato del informe anual del Centro de Personas Desaparecidas. Cuatro meses después, de manera velada y sin disgregar estos datos por sexo, Marlaska ha admitido unas cifras preocupantes: en 2021 se abrieron 434 diligencias policiales por sustracción de menores.
La inercia es, por tanto, ascendente. En 2019, antes de la pandemia del coronavirus, se abrieron 369 diligencias, mientras que hace seis años, en 2016, el número era tan sólo de 262. De seguir la tónica actual, este año cerrará con alrededor de 424 sustracciones de menores, aunque no se podrá saber cuántas han sido obra de las madres y cuántas de los padres.
Los datos facilitados el pasado 23 de octubre por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí están, no obstante, desglosados por Comunidades Autónomas. En este sentido, Cataluña se sitúa a la cabeza, con 53 casos registrados hasta agosto. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 46, Andalucía, con 44, y la Comunidad de Madrid, con 40. Mientras tanto, en las Islas Baleares se habrían abierto 32 diligencias, 25 en Canarias, 19 en Galicia y 18 en el País Vasco. Fuera de España, las autoridades tuvieron conocimiento de 26 denuncias.
La estadística incluye los hechos conocidos por los cuerpos policiales encuadrados en el artículo 225 bis del Código Penal, que castiga los casos en los que participa un progenitor que, «sin causa justificada para ello», sustrae a su hijo menor. Contempla pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
Se considera sustracción el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia, así como otros supuestos como incumplir gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.
Opacidad del Gobierno
Los datos del Ministerio del Interior han sido corroborados por THE OBJECTIVE, aunque éstos no han sido incluidos en ningún informe oficial. Una tesitura que ya es habitual en esta legislatura. El departamento que dirige Fernando Grande Marlaska tampoco disgrega por nacionalidad las condenas por agresión sexual, aunque una búsqueda en el Instituto Nacional de Estadística (INE) permite arrojar luz al respecto: el 46% de las personas condenadas en 2021 son extranjeros.
La opacidad sobre los secuestros de menores ha sido reprochada a nuestro país por las autoridades internacionales. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), ubicado en La Haya, constató en 2018 que el sexo del secuestrador había desaparecido de los informes españoles desde 2009, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. El organismo, a partir de datos aportados por otros país, publicó uno propio según el cual 7 de cada diez secuestros parentales son perpetrados por mujeres.
Esta cifra no tiene traslación en España, donde María Sevilla, condenada por secuestrar a su hijo, fue indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y su marido, Rafael Marcos, tildado de maltratador por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que se enfrenta ahora a una denuncia por intromisión ilegítima al derecho al honor. Una circunstancia que podría explicar por qué no se aplica la «perspectiva de género» a la sustracción de menores.
