Vocales del CGPJ instan al Gobierno a derogar la ley que les impide hacer nombramientos
Consideran «poco probable» que el Ejecutivo dé marcha atrás con la reforma. Creen que es la única forma de cubrir las 69 vacantes que tiene la cúpula judicial
El vocal Rafael Mozo preside un Pleno del CGPJ. | EFE
El enésimo fiasco de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aumenta el riesgo de colapso en los tribunales. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en marzo del año pasado prohíbe a sus vocales realizar nombramientos discrecionales mientras estén en funciones, lo que supone que haya 69 vacantes en la cúpula judicial. PP y Vox presentaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional, aunque este no tiene intención de inmiscuirse. Los miembros del órgano de gobierno de los jueces consultados por THE OBJECTIVE sostienen que solo existe una salida: que el Gobierno derogue la reforma legal, aunque lo consideran «poco probable».
Los vocales del CGPJ recibieron con pesimismo la reforma legal que, desde hace 20 meses, les prohíbe realizar nombramientos en la cúpula judicial. Reconocen en privado que derogarla ayudaría a mejorar la situación de la Justicia. No pueden solicitarlo públicamente porque se estarían entrometiendo en otros poderes independientes del Estado.
El Gobierno no tiene intención de dar marcha atrás. Las posibilidades de que se active esta vía para que los vocales del Consejo puedan designar a las 17 vacantes del Tribunal Supremo y los 52 miembros que faltan en la cúpula judicial son escasas. También es poco probable que el Tribunal Constitucional active el proceso para pronunciarse sobre los recursos que presentaron Vox y PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que fueron admitidos a trámites hace ya 13 meses.
Un CGPJ en funciones
Los ponentes de los recursos contra la reforma que maniata al CGPJ son los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Las fuentes consultadas alegan que es poco probable que el tribunal de garantías entre en el debate en plenas negociaciones de renovación y que existen otras normas que llevan años varadas, como la ley Celáa, la del aborto o la de la eutanasia. En la mayoría de los casos, para recabar el mayor consenso posible.
Los socialistas culpan al PP del bloqueo en la renovación del Consejo por romper el diálogo de manera unilateral con la excusa de una presunta rebaja del delito de sedición. Sin embargo, PSOE y Podemos idearon en verano una triquiñuela con el propósito de que el CGPJ pudiese renovar a los dos miembros del tribunal de garantías que les corresponde aún estando en funciones. De esa manera, el Ejecutivo podía designar a sus dos candidatos y recuperar la mayoría progresista en el órgano.
Un ejercicio de doble moral para algunos de los juristas consultados por este diario, que no entienden por qué se favorece una renovación de las instituciones a la carta. Los miembros del CGPJ ya temían que las negociaciones entre PSOE y PP pudieran romperse. Una vez descartada la dimisión en bloque, que según los expertos supondría un delito de abandono de servicio público recogido en el artículo 409 del Código Penal, los vocales diseñaron una plan que permitirá la actividad del Consejo, aunque con un presidente suplente pendiente de la resolución del Supremo, Rafael Mozo, y las manos atadas para actuar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado al PP que cumpla la Constitución y que vuelva al diálogo para renovar el CGPJ. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, asegura que los socialistas «quieren hacer una justicia a medida del independentismo». El negociador de su partido, Esteban González Pons, ha reconocido que las puertas están cerradas, pero que eso puede cambiar. Si no sucede, el Ejecutivo idea retomar la fórmula que planteó en octubre de 2020 para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo.
Cambio de sistema
El sistema actual requiere el voto de tres quintos de las Cámaras, lo que obliga a los principales partidos a ponerse de acuerdo. Congreso y Senado eligen a 12 vocales de origen judicial y a otros ocho entre juristas de reconocido prestigio. Los actuales cumplieron su mandato hace casi cuatro años y, desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que han estado a punto de ser relevados. De hecho, el expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, remitió a las Cortes una lista de 51 nombres en 2018 que ya ha tenido nueve bajas.
La iniciativa registrada por PSOE y Podemos hace dos años proponía que solo se necesitara la mayoría absoluta, 176 votos, para renovar a los miembros del CGPJ. Una cifra que el Gobierno conseguiría fácilmente. Aquella propuesta se retiró seis meses después de que la Comisión Europea reprochara a Sánchez la falta de consenso e independencia judicial.
El Ejecutivo espera que esta vez sea diferente. Su intención es enviar a Bruselas el documento con los nombres consensuados con el PP para renovar el CGPJ. Los socialistas consideran que la ruptura unilateral del diálogo ablandará las exigencias de las instituciones continentales y que, esta vez, permitirán la reforma. Una tesis en la que siempre ha insistido Podemos. Este verano, su portavoz, Pablo Echenique, mantenía la cantinela al asegurar que era necesario reformar el sistema «para arrebatar a los corruptos su minoría de bloqueo».
La reforma podría tramitarse a través de una Proposición de Ley. Es la forma más rápida, ya que permite que, si se lleva por vía de urgencia, pueda materializarse en apenas dos meses. Ese fue el mecanismo que se utilizó el Gobierno este verano para la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitía al CGPJ nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Constitucional pese a estar en funciones.
Los miembros del Consejo, caducado hace cuatro años, mantienen su compromiso de designar a los candidatos al tribunal de garantías pese a que PSOE y PP hayan roto las negociaciones. Lo que reclaman en privado es poder hacer lo mismo con las vacantes en la cúpula judicial.
