La Fiscalía pide desestimar la demanda del padre de Iglesias contra Álvarez de Toledo
El demandante solicita una indemnización de 18.000 euros. La diputada del PP considera que si el tribunal le condena estaría legitimando al FRAP
La Fiscalía ha pedido al juez desestimar la demanda que interpuso el padre de Pablo Iglesias contra Cayetana Álvarez de Toledo. Francisco Javier Iglesias solicita a la diputada del PP una indemnización de 18.000 euros por un delito contra el derecho al honor después de que esta le llamara «terrorista» en una entrevista. La defensa también solicita desestimarla porque el demandante ha reconocido públicamente que perteneció al comité que fundó el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). La exportavoz popular en el Congreso considera que si el tribunal le condena estaría legitimando a la organización.
La vista se ha celebrado este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora, ciudad en la que reside Javier Iglesias. Los hechos se remontan a mayo 2020, cuando Álvarez de Toledo se refirió al exlíder de Podemos, entonces vicepresidente del Gobierno, como «hijo de un terrorista». Días más tarde, la diputada popular mantuvo esa afirmación en una entrevista publicada por ABC.
«He venido a declarar que La Tierra es redonda», ha afirmado Álvarez de Toledo tras el juicio. La diputada del PP ha ratificado sus palabras de hace dos años. Considera que resulta evidente decir que «una persona que militó en una organización terrorista puede ser calificada como terrorista sin que se atente contra el honor de nadie». En su opinión, «el FRAP es una organización terrorista». Además, ha enumerado las ocasiones en las que el demandante y su hijo han reconocido que Javier militó en ella.
Iglesias vs Álvarez de Toledo
La parlamentaria ha citado un artículo de Pablo Iglesias por la muerte de Santiago Carrillo, algún mensaje en redes sociales y una entrevista concedida por el demandante a Público en 2020: «Dijo que perteneció al comité para la creación del FRAP», ha insistido la diputada del PP. El demandante y su letrada han rehusado hacer declaraciones ante los medios.
Álvarez de Toledo ha expresado también su «estupor» por la estrategia que ha utilizado la acusación: «Han hecho algo sorprendente, como decir que eso eran bromas familiares, o algo más extravagante aún, como señalar que la entrevista de Público contenía errores que él no ha corregido más tarde». La diputada del PP considera que si el tribunal le condena, sería «una manera de legitimar al FRAP», a cuyas víctimas ha recordado apoyada por un libro de Carmen Ladrón de Guevara.
Francisco Javier Iglesias interpuso la demanda el 17 de junio de 2020. La presentó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Zamora, que inicialmente se inhibió a favor del Tribunal Supremo por la condición de aforada de Álvarez de Toledo. El padre del exvicepresidente del Gobierno recurrió la decisión al considerar que tales manifestaciones se habían producido fuera del Congreso. El alto tribunal decidió entonces devolver el caso al juzgado zamorano.
Javier Iglesias solicita que se publique la sentencia en dos diarios de tirada nacional y una indemnización de 18.000 euros. Cree que se ha vulnerado su derecho al honor porque las palabras de Álvarez de Toledo fueron «ofensivas» y tuvieron «una gran repercusión mediática». La defensa también ha pedido que se desestime la demanda.
El abogado de la diputada, Rubén Múgica, ha basado su alegato en que Álvarez de Toledo dijo la verdad, ya que considera que el propio demandante ha reconocido que formó parte de una organización llamada comité pro-FRAP. Lo hizo en una entrevista publicada en Público el 28 de mayo de 2020, tras las polémicas palabras de la parlamentaria popular en el Congreso.
La entrevista del demandante
«Pertenecí al comité para la creación del FRAP (…) Y tengo que decir que estoy orgulloso de todos mis compañeros y no reniego en absoluto de mi pasado, pero abandoné la organización a principios de 1974 por estas discrepancias. Creía que el Frente tenía que ser mucho más amplio. Y fue en el año 1975 cuando el FRAP dio el paso de entrar en la lucha armada. Para mí fue un error», insistía el padre del exvicepresidente del Gobierno en el texto.
La organización surgió de una escisión maoísta del PCE y estaba dirigida por Julio Álvarez del Vayo. En 1973 cometió el primero de los cinco asesinatos que se le atribuyen. A estos hay que sumar otros dos que perpetró el comité fundador del FRAP, al que pertenecía el padre de Iglesias, el Primero de Mayo de 1973. El Ministerio del Interior reconoció oficialmente en 2011 a los dos policías asesinados, Juan Antonio Fernández y Manuel Pedregal, como víctimas del terrorismo.
El progenitor del exlíder de Podemos afirmó en la citada entrevista que ese Primero de Mayo estuvo detenido por repartir propaganda unos días antes. Pasó mes y medio en la cárcel de Carabanchel. El propio Iglesias ha aludido a esta etapa de la vida de su progenitor en más de una ocasión. En un artículo publicado en Público en 2012 con motivo de la muerte de Santiago Carrillo, Pablo Iglesias mostraba su admiración por el ex secretario general del PCE, pese a sus diferencias. Y explicaba: «Créanme si les digo que siendo hijo de un militante del FRAP y habiendo militado donde milité, tiene su mérito admirar a Carrillo».
El exvicepresidente del Gobierno también se refirió al asunto en Twitter para hacer una recomendación musical: «Una canción que me cantaba mi padre frapero de peque». Álvarez de Toledo aseguró en la entrevista con ABC que, al margen de la actividad que ejerciera el padre de Iglesias, «militaba en esa organización terrorista». E insistía: «Bajo la máscara del antifranquismo se esconden muchas cosas: hubo antifranquistas demócratas (…), pero hubo que no lo fueron. Y matar a personas no es ser demócrata».
La diputada del PP sostuvo en la entrevista con ABC que el exvicepresidente del Gobierno no le insultó en el Congreso al llamarle marquesa. «Si tuvieran que retirar del diario de sesiones la expresión hijo de terrorista, también habría que retirar lo de marquesa porque es un hecho fáctico». No es la primera vez que el padre de Iglesias demanda a un político por este asunto. Ya ganó una causa en 2019 a Hermann Tertsch, que lo relacionó con un asesinato del FRAP. El eurodiputado de Vox tuvo que abonar una indemnización de 15.000 euros.