El desacuerdo para renovar el CGPJ aboca a una amplia mayoría progresista en el TC
La decisión de los ‘populares’ dificulta la sustitución de Alfredo Montoya por el Senado. Los candidatos necesitan el apoyo de tres quintos
Acceso del Tribunal Constitucional. | Juan Carlos Hidalgo (EFE)
El PP puede pagar muy cara su decisión de suspender las negociaciones para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ). Si el órgano de gobierno de los jueces acaba poniéndose de acuerdo en designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde y el Gobierno nombra a sus otros dos candidatos, el sector progresista contará con una amplia mayoría de siete magistrados por cuatro de los conservadores en el tribunal de garantías. La plaza vacante, a la que renunció por enfermedad Alfredo Montoya, depende del Senado. Los aspirantes necesitan el apoyo tres quintos de la Cámara, un escenario que solo es posible si populares y socialistas alcanzan un pacto.
La dimisión de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, forzó a los partidos a dialogar. La intención es que la renovación de sus vocales y de las cuatro vacantes del Constitucional fuesen de la mano. La negociación tenía que incluir al sustituto de Montoya, el juez conservador que abandonó el tribunal en julio. El PP confiaba en mantener la plaza que se elige en la Cámara Alta, un escenario que ya no se podrá producir porque los de Alberto Núñez Feijóo rompieron las conversaciones de manera unilateral a finales de octubre aludiendo a una posible reforma del delito de sedición.
Los vocales del CGPJ han acelerado en las últimas semanas para designar a los dos magistrados que les corresponde en el Constitucional. Uno será de tendencia progresista y otro, conservadora. Los primeros han puesto sobre la mesa el nombre de José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Sus colegas conservadores aún no han decidido su candidato, aunque el favorito es Pablo Llarena, instructor del procés.
La decisión del CGPJ
El Gobierno presiona a los miembros del Consejo para que lleguen a un acuerdo en el próximo Pleno, que tendrá lugar el 24 de noviembre. No quiere esperar más para nombrar a sus dos candidatos, ambos progresistas. Una tendencia que compartirán tres de los cuatro nuevos magistrados. Se sumarán a otros cuatro jueces de esta sensibilidad y tres conservadores que continuarán en el tribunal de garantías tras las salidas de Pedro González-Trevijano, Juan Antonio Xiol, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez, cuyo mandato caducó en junio.
Cuando suceda, el Tribunal Constitucional contará con siete magistrados progresistas por cuatro de tendencia conservadora. Un desequilibrio inusual, según las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. En su opinión, este desajuste podría favorecer las tesis del Gobierno en un momento en el que hay mucho en juego en el tribunal de garantías, que tiene pendiente pronunciarse sobre casos tan polémicos como la ley del aborto, la de la eutanasia, la ley Celaá o el indulto del expresidente andaluz José Antonio Griñán.
Hay juristas que afean al PP que suspendiera las negociaciones. Consideran que esa decisión dificulta el relevo de Montoya en el Senado. El magistrado fue elegido por la Cámara Alta en 2017 a propuesta de los populares, que sostienen que esa plaza les corresponde. Sin embargo, reconocen que será muy complicado renovarlo. Para hacerlo necesitan tres quintos y, por tanto, los votos de los senadores socialistas, que no están por la labor después de que los de Feijóo decidieran romper las conversaciones de manera unilateral.
El Senado abrió el 31 de julio el plazo para que las regiones presentaran sus candidatos al Constitucional. El plazo finalizaba el 11 de octubre, pero varias comunidades solicitaron una ampliación. El tribunal de garantías consideró la petición y aumentó el periodo hasta el 12 de diciembre. Madrid envió una carta explicando que descartaba dar un nombre. Solo Aragón ha propuesto un aspirante, el juez José Ricardo De Prada. Los populares lo recibieron como un órdago.
De Prada, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tiene la vitola de ‘bestia negra’ del PP. Fue uno de los autores de la sentencia que les condenó por sus actividades ilícitas del caso Gürtel, lo que abrió las puertas de La Moncloa a Pedro Sánchez a través de una moción de censura. Fue además uno de los jueces que votó a favor de recusar como miembro del tribunal de la Gürtel a la magistrada Concepción Espejel, ahora en el Constitucional, por su cercanía con los de Feijóo.
El Gobierno debe nombrar a dos magistrados, aunque depende de que el CGPJ elija a sus dos candidatos para poder renovar el tercio completo, según marca la Carta Magna. Uno de los jueces que suenan con más fuerza es Pablo Lucas. El otro nombre corresponde decidirlo a sus socios de Gobierno, pero sigue en el alero. No se descarta que el elegido sea De Prada, sobre el que ya no pesa el veto del PP, que pidió a los socialistas no incluirlo en el acuerdo que estuvieron a punto de cerrar hace dos años.
