El Gobierno inicia hoy en el Congreso de los Diputados la derogación del delito de sedición
PSOE y Unidas Podemos surpimirán el capítulo I del título XXII del Código Penal para suplirlo por uno de «desórdenes públicos agravados»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que PSOE y Unidas Podemos presentarán este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para reformar el delito de sedición. Según ha indicado el líder socialista en una entrevista en La Sexta, la iniciativa prevé la «derogación» de la sedición y la creación de un nuevo delito de «desórdenes públicos agravados», que contemplará penas muy inferiores a las actuales –pasando de 15 a cinco años las condenas a prisión– para hacerlo «homologable al de otros países europeos».
El jefe del Ejecutivo defendió durante una entrevista en La Sexta las decisiones «valientes y audaces» que ha venido adoptando para rebajar la tensión en Cataluña, y en ese contexto justificó la proposición de ley que se presentará este viernes para homologar el Código Penal, dijo, a las principales democracias europeas.
El plan del Gobierno pasa por suprimir por completo el capítulo I del título XXII del Código Penal, que detalla en seis artículos el delito de sedición, y modificará el 557, el de desórdenes públicos -al que añadirá la etiqueta de «agravados» y modificará su contenido-, para cumplir el compromiso adquirido.
El nuevo tipo del Gobierno recogerá -tal y como ha desvelado el diario El País– que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».
Mientras, «los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años».
Un beneficio para Puigdemont
Sánchez consideró este proceso como «un paso definitivo» para la modernización de estos tipos delictivos. La reducción de las penas hasta un máximo de cinco años irá acompañada de una rebaja de la inhabilitación de los líderes del ‘procés’ ya condenados.
Debido a esto, las penas para Carles Puigdemont y Marta Rovira -los dos políticos fugados que todavía no han rendido cuentas ante la Justicia por los hechos de octubre de 2017- serán mucho más reducidas que las de sus compañeros de Esquerra y Junts, que fueron condenados a 13 años de prisión, aunque finalmente no cumplieron todo tras ser indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de no haberse dado, tal y como admitiría el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, las razones de «equidad y justicia» .
En el caso de la inhabilitación, la pena también cae. Para Oriol Junqueras, por ejemplo, esta bajaría de los 13 años hasta los ocho, aunque habría que añadirle las penas por malversación agravada, por el que también están condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Por el momento, el Gobierno no ha comunicado que tenga en mente modificar este delito, aunque podría hacerlo en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno niega haber cedido
Sánchez negó que esta decisión sea una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y recordó que hasta ahora no había mayoría parlamentaria suficiente para que saliera adelante la reforma. Pero, en las últimas semanas, ha afirmado que ha visto que varios grupos han mostrado su disposición a esa modificación del delito de sedición.
El líder socialista negó que la amnistía que pide el independentismo no va a ser aceptada por el Gobierno y que con esta reforma el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española. «Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito», recogió.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha reaccionado al anuncio de Sánchez celebrando que la eliminación del delito es «un paso indispensable en la desjudicialización». «Seguimos trabajando para acabar completamente con la represión y poder votar en un referéndum. Para resolver el conflicto político y por la libertad», ha subrayado Aragonès en una comparecencia en el Palacio de la Generalitat.
Sin informes del CGPJ
El Gobierno ya había anunciado este jueves que de acometerse reformas legislativas destinadas a favorecer la «desjudicialización» del conflicto político con Cataluña, entre la que en principio estaría la modificación del delito de sedición, éstas se impulsarían a través de proposiciones de ley en el Congreso y no de proyectos de ley del Ejecutivo, lo que evitaría que tuvieran que pronunciarse al respecto órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado.
De esa forma, y al tratarse de una proposición en el Congreso que no exige informes a otras instituciones, podrá tramitarse rápidamente, lo cual permitirá cumplir con la exigencia de ERC, que había pedido en reiteradas ocasiones que la reforma de la sedición estuviera aprobada antes del 31 de diciembre de 2022.
