El Gobierno acelera la sedición: se tramitará en el Congreso el mismo día que los Presupuestos
La Mesa de la Cámara convocará una nueva reunión de la Junta de Portavoces este viernes para cerrar el orden del día del Pleno
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. | Jesús Hellín (Europa Press)
El Gobierno pone la directa. La intención de la Mesa del Congreso es llevar la reforma del delito de sedición la próxima semana al Pleno, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes parlamentarias. El órgano rector de la Cámara convocará una nueva reunión de la Junta de Portavoces este viernes para cerrar el orden del día del 24 de noviembre. Si sale adelante, los diputados votarán si admiten a trámite la proposición de ley que han presentado PSOE y Podemos para reformar el Código Penal. Tendrían que hacerlo el mismo día que llegan al hemiciclo los Presupuestos Generales del Estado.
La Mesa del Congreso ha admitido este lunes a trámite la proposición de ley que registraron PSOE y Podemos la semana pasada para rebajar las penas por sedición. Lo han hecho pese al rechazo de PP, Vox y Ciudadanos en la Junta de Portavoces. La intención de la institución que preside la socialista Meritxell Batet es que la reforma del Código Penal se tramite por la vía de urgencia y se debata en el Pleno del día 24, justo después de que lo hagan los Presupuestos.
La fórmula de la proposición de ley implica que el Gobierno evita que se pronuncien al respecto órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado. Su inclusión no está aún asegurada en el orden del día. Para hacerlo, la Mesa convocará una nueva reunión de la Junta de Portavoces a final de esta semana. Si se admite, el Pleno debate la iniciativa y, si tiene los votos suficientes, es aceptada a trámite. A continuación se establecerán unos plazos para la presentación de enmiendas; primero de totalidad y luego parciales. Al ser por vía de urgencia se acortan considerablemente los tiempos.
La sedición como «canje»
Si hay enmiendas a la totalidad tienen que debatirse y votarse en un nuevo Pleno, ya que al ser una reforma de una Ley Orgánica la comisión no tiene competencia legislativa plena. Una vez aprobada en el Congreso, pasa al Senado, trámite habitual de cualquier proposición de ley. Las enmiendas parciales se debaten y votan en la comisión pertinente. De esta forma, el Gobierno se garantiza que la reforma legislativa esté aprobada antes de que finalice el año.
«Parece evidente que se trata de un canje», lamenta Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos. El Gobierno plantea rebajar la pena máxima por el delito sedición a cinco años, un tercio de la actual, y convertirlo así en «un delito homologable» al de otros países europeos. Se renombrará como delito por desórdenes públicos agravados. La iniciativa se aprueba si consigue una mayoría simple, un número que el Ejecutivo tiene asegurado con el apoyo de las fuerzas nacionalistas, las mismas con las que pretende sacar adelante las cuentas públicas del próximo año.
Los partidos del Gobierno aceleran su aprobación con el objetivo de «poner distancia con las elecciones municipales y autonómicas del próximo año», subrayan varios dirigentes de la oposición consultados por este diario. Podemos y PSOE no descartan que la proposición de ley para reformar el delito de sedición incluya una enmienda para rebajar también las penas por malversación.
ERC ha mostrado su intención de presentar una enmienda para rebajar el delito de malversación. El propio presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha explicado que su partido pretende revertir la reforma aprobada por el PP en 2015, entonces con mayoría absoluta. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este lunes en la Cadena SER que el Gobierno «estudiará» la enmienda de ERC cuando la presente.
El otro socio de Gobierno, Podemos, se ha mostrado a favor de la medida, aunque estudia realizar su propia enmienda para rebajar el delito de malversación. El presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, ya adelantó esta posibilidad la semana pasada. Este lunes ha precisado que desconoce el contenido de la iniciativa de ERC y ha explicado que ese delito, endurecido en 2015, está redactado «de forma vaga, genérica» y ha dado lugar a «interpretaciones abusivas».
Asens ha calificado de «torticero» el delito de malversación aprobado con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Cree que la reforma se hizo ad hoc «para perseguir al independentismo» y al expresidente Artur Mas tras la convocatoria de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014 porque entonces «no se le pudo llevar a los tribunales». De salir adelante esta reforma, podrían verse beneficiados los condenados por el procés, pero también otros dirigentes sentenciados, como los del caso ERE, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.
Los Presupuestos y la reforma del delito de sedición no serán las únicas cuestiones que se tramitarán el 24 de noviembre. El Gobierno quieren incluir el nuevo impuesto a la banca y a las energéticas, que engloba, a través de una enmienda, la creación del nuevo impuesto a las grandes fortunas. La iniciativa se registró en el Congreso el 10 de noviembre, así que el día de Pleno estará disponible el texto definitivo. También deben ser ratificadas la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y las leyes de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la de Solidaridad Global.
