La moción de censura, única vía de la oposición para frenar la reforma del delito de sedición
Este procedimiento recogido en la Constitución solo serviría para retrasar unos meses la tramitación de la proposición de ley
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. | Javier Lizón (EFE)
La moción de censura como dique de contención. Es la única herramienta que tiene la oposición para frenar la reforma del delito de sedición, aunque ninguna formación se decide a presentarla. Ciudadanos fue el primero en solicitarla, ya que solo dos grupos cumplen los requisitos: PP y Vox. Los populares eluden hablar de ella y sostienen que el único camino son las urnas. El líder de la formación verde, Santiago Abascal, les insta a registrarla para impedir a los independentistas salirse con la suya. Al menos, de momento, ya que solo retrasaría unos meses la tramitación de la proposición de ley.
El artículo 113 de la Constitución prevé la moción de censura como la forma que tienen los parlamentarios de «exigir la responsabilidad política del Gobierno». Debe proponerla, al menos, la décima parte de la Cámara, 35 diputados, e incluir un candidato a la presidencia. La primera condición excluye a Ciudadanos, una de las fuerzas que más interés ha puesto en la moción de censura.
La desaparición de la cuestión previa de inconstitucionalidad, tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en los años ochenta, dejó a los partidos sin opción de detener la tramitación de aquellas leyes que consideraban inconstitucionales antes de su aprobación. Ahora, la única forma de revertirlas es recurrir al tribunal de garantías una vez aprobadas. Pueden hacerlo las asambleas regionales o un grupo de 50 diputados del Congreso. La otra opción es directamente ganar las elecciones y obtener una mayoría suficiente en las Cámaras para volver a cambiar el Código Penal, como plantea el PP.
La moción de censura en el aire
La moción de censura es, por tanto, la única fórmula para detener un trámite legislativo en marcha. De ahí que los partidos conservadores repitan casi en bucle la necesidad de registrarla. Sin embargo, la iniciativa cuenta con pocos visos de salir adelante, ya que sería necesaria una mayoría parlamentaria de la que ahora disfruta el centro-izquierda gracias al apoyo de las fuerzas nacionalistas. El procedimiento retrasaría unos meses el debate parlamentario, justo de lo que huyen PSOE y Podemos.
«La moción de censura es la única forma de retrasar la rebaja del delito de sedición. Mientras se tramita, no se puede tramitar otra cosa», reconoce Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos. Insta al PP a «plantearla con sensatez» para impedir que se apruebe la reforma del Código Penal. No es el único que lo hace. Abascal, presidente nacional de Vox, ha afirmado este lunes que su partido tenderá la mano a quien decida hacer uso de la moción de censura, en clara alusión a los populares.
La formación verde ya presentó sin éxito un procedimiento de este tipo en octubre de 2020. En aquella ocasión, Abascal no contó con el apoyo del PP, dirigido entonces por Pablo Casado, lo que supuso el distanciamiento entre ambos líderes. En esta ocasión, Vox renuncia a volverla a registrar porque «otros también tienen sus responsabilidades». Aseguran que «si hay un candidato de consenso y se compromete a convocar elecciones de inmediato, nuestro apoyo está garantizado».
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, elude hablar de la moción de censura porque lo considera una fórmula poco seria. Apela a la «serenidad, moderación y centralidad que une a la mayoría de los españoles», en un intento por arrastrar a sus filas a los votantes descontentos con el PSOE. «No estamos aquí para combatir radicalismo con radicalismo. Ni a insultar a Pedro Sánchez con histrionismo u ocurrencias. Hemos venido a ganar», ha afirmado este lunes ante los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
«Un fraude de ley»
El principal partido de la oposición se distancia así de la moción de censura. En su lugar presentará una propuesta para que la sedición se mantenga en el Código Penal y se introduzca como delito «cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España». Pero Vox seguirá haciendo ruido para que Feijóo se moje. Quiere impedir que Sánchez «favorezca a los golpistas de ayer y facilitar a los de mañana».
Abascal sostiene que la proposición de ley que presentaron el viernes PSOE y Podemos para rebajar el delito de sedición «facilita el camino a sus socios y a sus cómplices» en su intento de destruir España. Los juristas le dan vueltas a la iniciativa para encontrar una fórmula que paralice su tramitación. Javier Borrego, abogado del Estado y exmagistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, cree que la iniciativa supone «un fraude de ley», tal y como define el artículo 6.4 del Código Civil.
Borrego sostiene que el Ejecutivo «camufla» la modificación de una Ley Orgánica como es el Código Penal en una proposición de ley para evitar que se pronuncien órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado. «El Reglamento del Congreso distingue entre proposición y proyecto de ley, que tienen tramitación diferenciada. Quien anuncia la modificación legislativa es el Gobierno, su ministra de Hacienda y el propio presidente. No es un trabajo de los grupos parlamentarios. Nace del acuerdo entre dos gobiernos, el central y el catalán», asegura.
Este profesional, ahora en Durán y Durán Abogados, considera que el Gobierno utiliza la proposición y el proyecto de ley a conveniencia. «En un Estado de derecho las formas son esenciales. Y la división de poderes, fundamental. Confundir poder legislativo con ejecutivo es pervertir el sistema», denuncia Borrego. En su opinión, la oposición «además de escandalizarse, debería actuar y paralizar inmediatamente esa proposición» al tratarse de «un fraude de ley». Otros expertos consultados por THE OBJECTIVE ponen en tela de juicio esa fórmula.
Competencia del Congreso
«Una ley solo se puede impugnar mediante un recurso de inconstitucionalidad una vez que se aprueba, bien por un parlamento regional o por 50 diputados», explica el abogado Ramón de Veciana Batlle, que fue portavoz de UPyD en Cataluña. En su opinión, el artículo 6.4 del Código Civil es «un mecanismo inexistente» en el ordenamiento español a no ser que se trate de un procedimiento civil. En la misma dirección se pronuncia el abogado Pere Huguet.
El expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana considera que, «nos guste poco o mucho, reformar las leyes es una de las competencias del Congreso de los Diputados». Huguet sostiene que la proposición de ley que presentan PSOE y Podemos para rebajar el delito de sedición a un máximo de cinco años, un tercio de la pena actual, es «una facultad de los grupos políticos». Y concluye: «No creo ni que sea inconstitucional, pues lo que se hace es despenalizar una conducta».
