El PSOE pide 26 años de cárcel para Granados por la presunta 'caja b' del PP de Madrid
El partido pide declarar partícipes a título lucrativo a los 72 diputados entre ellos los ahora consejeros Lasquetty, Ruiz Escudero y David Pérez
El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. | Europa Press
El PSOE ha pedido a la Audiencia Nacional que condene al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y al exgerente del PP en la región Beltrán Gutiérrez a 26 y 17 años de cárcel respectivamente por la presunta existencia de una ‘caja b’ en el partido regional, con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011.
En un escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, y al que ha tenido acceso Europa Press, la formación solicita la apertura de juicio oral contra Granados, Gutiérrez y contra otros seis acusados, además de las personas jurídicas EICO Reputación y MADIVA Editorial.
Los socialistas piden condenar a Granados y Gutiérrez por delitos electorales, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas y falsificación. A Granados, además, también le acusan de un delito de cohecho y de otro de tráfico de influencias relacionados con los trabajos de reputación.
El PSOE pide que se condene al exconsejero Borja Sarasola a 59 años y 2 meses de cárcel; al presunto ‘conseguidor’ de la trama Alejandro de Pedro a 49 años de prisión; a la exdirectora general de Medios de Comunicación Isabel Gallego a 27 años y 1 mes de cárcel y al alto cargo de la Consejería de Sanidad Francisco Lobo a 9 años de cárcel. Adicionalmente, interesa penas de 14 años de prisión para Diego Mora.
Asimismo, el PSOE insta a que se declare «partícipe a título lucrativo y por los importes que se señale en sentencia a los 72 diputados autonómicos del Partido Popular que resultaron electos (y/o sus sustitutos) tras la celebración de las elecciones» de los citados años, pues a juicio del PSOE «sus candidaturas se vieron igualmente beneficiadas del exceso de gasto electoral y su ocultación».
Aguirre, González y Cifuentes
Entre los entonces diputados a los que el PSOE pide condenar como partícipes a título lucrativo están los propios Granados y Sarasola, así como los expresidentes Aguirre, González y Cifuentes y los exconsejeros Lucía Figar y Salvador Victoria, que estuvieron imputados pero finalmente el juez decidió archivar la causa para ellos.
Destacan asimismo la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y los ahora consejeros Javier Fernández-Lasquetty, Enrique Ruiz Escudero y David Pérez García; la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Elvira Rodríguez; o la presidenta de la Asamblea de Madrid, María Eugenia Carballedo.
También se encuentran entre esos 72 diputados Engracia Hidalgo, concejala del grupo municipal del PP y secretaria de política autonómica del PP; y Henríquez de Luna, que fue diputado regional del PP y ahora lo es de Vox.
Este escrito de la formación liderada por Pedro Sánchez llega después de que el instructor dictase el auto de procesamiento de esta pieza separada número 9 de la macrocausa ‘Púnica’. Entonces, el magistrado acordó levantar las imputaciones que pesaban sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y su sucesor Ignacio González, procesando a Granados como el presunto cabecilla de la trama.
Un delito sostenido en el tiempo
En contra de lo sostenido por el magistrado, que según el PSOE consideró que se trataban de «acciones separadas e independientes unas de otras», los socialistas apuntan: «No estamos ante tres actuaciones aisladas, sino ante un continuo temporal. No estamos ante delitos individualizados de falsedad electoral puntual».
A juicio de los socialistas, existió «un plan creado» desde la llegada al poder del PP en la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003 que consistió en usar «las instituciones en provecho privado» para «desde ellas prevaricar y malversar de manera continuada, con el objetivo fundamental de obtener fuentes de financiación alternativas a las oficiales y conocidas».
De esta forma, añade el escrito, los ‘populares’ se garantizaban «que se pudiese acudir a las elecciones totalmente dopados al mismo tiempo que, mediante la presentación de contabilidades falseadas ante los organismos de control, se evitaba dar positivo».
En el mismo, el PSOE se retrotrae a finales de 2003, cuando el PP «puso en práctica un plan que supuso el desvío de fondos públicos con la finalidad de subvencionar gastos» de la propia formación.
«A finales de 2003 se habían acumulado las deudas como consecuencia del Tamayazo y la repetición de las elecciones, pero devino más urgente a principios de 2004, cuando la formación política perdió las elecciones nacionales y con ello el gobierno de la nación, viendo así limitada su capacidad de financiación y debiendo acudir a fin de poder recaudar dinero, a sus formaciones regionales allí donde todavía conservaban el poder como era entre otros el caso de Madrid», aduce el PSOE.
Conciertos con empresarios
Los socialistas señalan en este punto que en esta pieza separada el juez analizaba «las múltiples ramificaciones de ese plan que tenía como objetivo obtener para el partido fuentes de financiación fuera de los cauces legales». «Desde un primer momento sostenemos que el Partido Popular utilizó los fondos públicos para pagar gastos del partido; fundamentalmente, gastos relacionados con las campañas electorales, y también gastos de propaganda y publicidad de sus principales líderes», explican.
A este respecto, el PSOE pone el foco en los exculpados Aguirre y González y también en los procesados Granados y Gutiérrez. «Todos ellos se concertaron con los proveedores del partido para ocultar facturación y realizar el pago de los gastos, electorales y no electorales, por canales no oficiales, y utilizaron sus puestos e influencia dentro de las Administraciones públicas, ya fuesen la Comunidad de Madrid o municipios, para desviar fondos públicos en favor del Partido Popular y sus dirigentes y allegados, principalmente mediante la adjudicación de contratos públicos», afirma el escrito.
La formación insiste en que todos ellos «también se concertaron con empresarios para que estos entregasen dinero en efectivo a cambio de resultar adjudicatarios de contratos públicos licitados desde la Comunidad de Madrid». Ese dinero, continúan, «se entregaba a Gutiérrez, que lo guardaría para formar lo que se ha denominado la ‘caja b’ del Partido Popular».
Parte de ese dinero, incide el escrito, era retenido por Granados, que actuaba «como recaudador del Partido Popular y se quedaba una parte de lo recaudado». Todo este plan, sostiene el PSOE, se urdió aprovechando que las consejerías «y toda la panoplia de entidades y organismos de ellas dependientes pasaron a estar presididas y dirigidas por afiliados al Partido Popular que actuaron como órgano de contratación y adjudicación en las licitaciones públicas y que tenían así bajo su control toda la gestión de la contratación pública».
