La misteriosa ONG que quiere acceder al caso PDVSA desafía a la juez y recurre ante el TC

La ONG que quiere personarse como acusación popular en el caso PDVSA vuelve a la carga por tercera vez en once meses. Y en esta ocasión lo hace con un doble desafío a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de la petrolera estatal venezolana. Por un lado, según un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Centro Guernica para la Justicia Internacional informa a la juez María Tardón que ha consignado de forma unilateral una fianza muy inferior a la exigida por la magistrada para permitir que pueda incorporarse como acusación popular a la causa: apenas 6.000 euros de los 50.000 euros requeridos.

Por otro lado, el Centro Guernica para la Justicia Internacional dice sufrir una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva al haberle impuesto la juez una «fianza desproporcionada» y advierte a la magistrada que, por esa razón, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una impugnación ante el tribunal de garantías que, según señala en su escrito, la ONG estaría dispuesta a retirar si la instructora del caso PDVSA da por buenos los 6.000 euros depositados como fianza y acepta finalmente su personación en la causa.

Esa cantidad representa 44.000 euros menos de los que la magistrada María Tardón le había exigido como fianza en un auto en el que ponía en duda la legitimidad de la ONG para personarse en el caso y en el que, además, alertaba de que su incorporación como acusación popular a la causa podría «afectar al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva del resto de las partes, especialmente de los investigados».

PDVSA y Baltasar Garzón

«El órgano al que me dirijo ha de considerar apropiada la cantidad consignada para adaptarla a las capacidades reales de mi representada, admitiéndose la acción penal como acusación popular del Centro Guernica, prestando como garantía la fianza consignada de 6.000 euros», indica la ONG en el escrito, fechado el pasado 15 de noviembre y firmado por su presidenta, la abogada Almudena Bernabéu.

Se trata de una experta en Derecho Penal Internacional que ha colaborado desde hace años en distintas iniciativas y conferencias organizadas por la fundación del exjuez Baltasar Garzón, cuyo despacho de abogados representa precisamente a PDVSA como parte perjudicada en la investigación que instruye la juez Tardón, como adelantó este diario. La acusación en el caso la dirige la Fiscalía, que hasta hace unos meses tenía a Dolores Delgado como máxima responsable. Almudena Bernabéu también figura como cofundadora y codirectora del Guernica Centre for International Justice en Estados Unidos, una asociación que tiene su sede central en California y cuenta actualmente con oficinas en Londres y Madrid.

«La cuantía de la fianza se halla impugnada ante el Tribunal Constitucional en amparo, demanda que está pendiente de resolución y que esta parte retiraría en caso de accederse a tenerla por personada con la consignación de la fianza operada mediante el presente escrito», añade la presidenta del Centro Guernica para la Justicia Internacional en el escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 3.

Recauda 6.000 euros para el ‘caso PDVSA’

En el documento, admite de nuevo que el Centro Guernica para la Justicia Internacional se constituyó en España en marzo de 2021, solo consta de tres socios y en el momento en que solicitó personarse en el caso PDVSA por primera vez (el pasado mes de enero) tan solo disponía en su cuenta bancaria de 4.000 euros que había recibido en concepto de subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores de España para un proyecto destinado a promover la Justicia y los Derechos Humanos en Nicaragua.

La organización afirma que solo se financia a través de subvenciones y patrocinios, pero no percibe cuotas periódicas ni ningún otro tipo de ingreso regular. No obstante, en su escrito admite que ha conseguido recaudar en los últimos nueve meses la cantidad de 6.000 euros «para hacer frente a la garantía impuesta en concepto de fianza» por la juez Tardón. Importe que ha sido depositado en la cuenta de consignaciones del Juzgado mediante transferencia bancaria el 15 de noviembre para solicitar de nuevo a la juez que acepte su personación en el caso «atendiendo a la situación económica» de la ONG que hacen casi imposible reunir los 50.000 euros para la fianza.

Los misterios de la ONG

THE OBJECTIVE ha contactado con Almudena Bernabéu para poder conocer los motivos de su insistencia por personarse en el caso PDVSA, llevando el asunto incluso ante el Tribunal Constitucional. También para preguntar cómo ha conseguido recaudar los 6.000 euros que ha depositado como fianza en el juzgado. Sin embargo, no ha obtenido respuesta. Según el primer escrito aportado por la ONG para solicitar su personación en el caso PDVSA, Bernabéu reside en San Francisco (California). Esa fue una de las razones esgrimidas por la juez para oponerse a su incorporación a la causa como acusación particular tras un recurso interpuesto en febrero, y que supuso el segundo intento de la ONG para ser admitida como acusación popular.

«Del propio escrito de personación y el de interposición del recurso se desprende que nos encontramos ante una asociación que se ha constituido en septiembre de 2020, que cuenta con tres únicos socios, una de las cuales, su presidenta, ni siquiera reside en España sino en Estados Unidos», señalaba la magistrada en un auto, fechado el 30 de marzo, en el que rechazaba un recurso presentado por el Centro Guernica contra la fianza de 50.000 euros impuesta por la juez.

No obstante, y a pesar de residir en EEUU, Berbabéu también figura como ejerciente y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), según consta en el censo de letrados del Consejo General de la Abogacía. La dirección profesional en la que tiene domiciliado su despacho en Madrid es un coworking, en el que han confirmado a este diario que ejerce como abogada la presidenta del Centro Internacional Guernica, pero al que acude solo de forma esporádica. Asimismo, la dirección que la ONG decía tener como sede social en uno de sus escritos remitidos a la Audiencia Nacional corresponde a un domicilio en la ciudad de Valencia.

Interés en el caso

En su recurso presentado el pasado mes de febrero, para justificar su interés en personarse como acusación popular en el caso PDVSA, la ONG explicaba que «ha conformado una línea de trabajo específica sobre ‘Venezuela, derechos humanos y corrupción’» y que su objetivo es poder «participar en diferentes procedimientos e investigaciones para esclarecer las consecuencias de la corrupción» en ese país. Fuentes venezolanas consultadas por este diario confirman la colaboración de una ONG de ese país con el Centro Guernica.

«Mi representada ha establecido acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales especializadas en la investigación y la lucha contra la gran corrupción, y ha participado en esfuerzos de documentación e investigaciones criminales sobre redes de corrupción en Venezuela ante otras jurisdicciones y en colaboración con autoridades de terceros países, por lo que dicha información y conexiones podrían ser de esencial utilidad en el presente procedimiento», añadía la organización en su recurso.

Argumento que fue rebatido con contundencia por la juez Tardón en un auto dictado el 30 de marzo. «En el procedimiento que aquí se sigue no se investiga en ningún caso ninguna de las conductas delictivas relacionadas con la corrupción que los aquí investigados hubieran podido cometer en Venezuela, su país de origen (…) sino el posible delito de blanqueo», subrayó.

Portazo de la juez

Como adelantó este diario, la juez Tardón reprochó con dureza en marzo que la ONG pretendiese incorporarse como acusación popular «casi cinco años después de que se iniciara la instrucción del procedimiento». «Difícilmente puede redundar en un mayor beneficio al interés público en el esclarecimiento de los hechos de la causa, siendo contraria, sin embargo, al interés de simplificar y agilizar la tramitación y conclusión del procedimiento», indicaba la magistrada en un auto.

La juez de la Audiencia Nacional recordaba que el sumario de esta compleja investigación consta de 38 tomos, más de 15.500 folios y 2.500 acontecimientos. La Fiscalía también se había posicionado a favor de mantener la cuantía de 50.000 euros en concepto de fianza a la ONG presidida por Almudena Bernabéu si quiere formar parte del procedimiento. 

La juez del caso PDVSA investiga el presunto y millonario saqueo de la petrolera estatal venezolana por parte de varios exjerarcas chavistas residentes en España, imputados por crear una presunta trama de corrupción, blanqueo de capitales y compraventa de activos inmobiliarios a través de empresas pantalla y testaferros, así como mediante el pago de sobornos y haciendo uso de tráfico de influencias.

El procedimiento se inició como consecuencia de la querella formulada en 2017 por la propia PDVSA como parte perjudicada, y se instruye desde junio de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Su titular, la magistrada María Tardón, decidió el pasado mes de noviembre dividir la causa en tres piezas separadas para agilizar las pesquisas y debido a la «complejidad» de las mismas. Aunque la instrucción del caso se inició hace cinco años, no fue hasta el 25 de enero de 2022 cuando el Centro Guernica para la Justicia Internacional solicitó personarse como acusación popular.