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Rabat veta al jefe de visados del consulado español en Tetuán por su origen marroquí

Exteriores aprobó el nombramiento del funcionario español en agosto, pero dio marcha atrás cuando Marruecos esgrimió su doble nacionalidad

Rabat veta al jefe de visados del consulado español en Tetuán por su origen marroquí

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, junto a su homólogo marroquí, Nasser Bourita. | Twitter MAEC

Rabat ha vetado el nombramiento del nuevo jefe de visados en el Consulado General de España en Tetuán, Abdelilah Lamri el Ayadi, porque considera que también es nacional marroquí, según desvelan fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE y confirma un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) incluyó el destino de Lamri en la resolución de nombramientos del Ministerio de Asuntos Exteriores del pasado 23 de agosto. El funcionario español se desplazó a Tetuán a principios de septiembre para tomar posesión del nuevo puesto en el consulado español con su pasaporte de servicio -de color azul-, pero a los pocos días se encontró con la negativa de Rabat a reconocerle el permiso de residencia y su estatus diplomático.

Rabat esgrimió un «impedimento legal», según la OID. «Marruecos considera que no puede tener acreditación diplomática en ese país un doble nacional y en este caso, se daba esa circunstancia», reconoce el departamento de José Manuel Albares. España hace lo mismo con Marruecos ya que no permite que un país tercero acredite en Madrid a nacionales españoles en puestos sensibles como es el caso de un jefe de visados.

Este veto llevó, por ejemplo, a la actual embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, a renunciar a la nacionalidad española en su momento para poder ser destinada en Madrid ya que, de otra forma, el Gobierno español no le hubiera podido reconocer la inmunidad diplomática. Su hermano, Fadel Benyaich, hizo lo mismo para ser embajador marroquí en España entre 2014 y 2018.

Rabat «siempre» reconoce a sus súbditos

Lo que sorprende en el caso de Lamri es que este funcionario español superase la convocatoria de Exteriores sin que nadie se percatase de su doble nacionalidad. Las citadas fuentes se preguntan cómo la subdirectora general de Personal, Marta de Blas, no pudo detectar este hecho después de haber estado destinada cinco años en Rabat.

En este sentido, apuntan a que los padres del citado jefe de visados son de nacionalidad marroquí y que Rabat «siempre» lo va a reconocer como súbdito aunque utilice otra nacionalidad distinta -en este caso, la española-. «Un marroquí no puede renunciar a su nacionalidad», explican. Desde la OID no se quiso entrar a valorar esta cuestión a preguntas de este periódico.

Además, Lamri consiguió la plaza de jefe de visados de Tetuán sin haber cumplido dos años de trabajo en el departamento de Albares, rompiéndose de esta forma una ley no escrita en Exteriores con pleno conocimiento de sus superiores. «Al interesado se le ha adjudicado otro puesto en otro destino pero, en ningún caso, se le expulsó», puntualiza el portavoz de la OID. Su nuevo destino apareció en el BOE el pasado 3 de noviembre: jefe de visados en el Consulado General de Manila (Filipinas), un destino que no estaba en la convocatoria resuelta a finales de agosto.

Lamri consiguió su plaza de funcionario en octubre de 2018 en la escala de auxiliares de archivos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Un año después, opositó sin éxito a una de las seis plazas del cuerpo de archiveros y bibliotecarios del Congreso de los Diputados y tras ello, entró en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La tramitación de visados en los ocho consulados españoles en Marruecos ha sido una constante preocupación para Madrid en las últimas décadas desde que España impuso ese trámite a los marroquíes en 1992. En 2016, por ejemplo, se detectó en el consulado de Rabat una presunta venta masiva de visados Schengen a jóvenes marroquíes, de entre 25 y 30 años, que no cumplían los requisitos para obtener esa preciada autorización, según desveló El Confidencial.

Los solicitantes pagaban entre 6.000 y 8.000 euros por esa etiqueta que se pega en una página del pasaporte y que permite moverse libremente por los países de la UE adscritos a Schengen. Previamente, en los noventa, se destapó otra trama de corrupción de visados en Tánger que fue denunciada en un juzgado de Madrid.

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