El comité de discapacitados investiga un desfalco de 130.000 euros en Aragón
Cermi ha encargado una auditoría para calibrar la cantidad exacta que ha desaparecido de sus cuentas y ha apartado a un alto cargo regional
Mujer con discapacidad. | Stefano Intintoli (Unsplash)
La sorpresa saltó a principios de noviembre. Cuando los dirigentes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) revisaron las cuentas de la organización en Aragón detectaron que faltaban al menos 130.000 euros. Inmediatamente pusieron el caso en manos de los abogados, que ultiman una denuncia que presentarán en los próximos días en los juzgados. De momento, han abierto una investigación para calibrar la cantidad exacta que ha desaparecido y apartado al director técnico de esta plataforma de discapacitados que agrupa en toda España a más de cuatro millones de personas y 8.000 asociaciones.
«Cermi ha iniciado una investigación interna para esclarecer el desfalco sufrido. En estos momentos se están realizando las auditorías necesarias para determinar el alcance sustraído», manifiesta una portavoz del comité español de discapacitados. El presidente de la entidad en Aragón, Luis Gonzaga, ha declinado hacer declaraciones a THE OBJECTIVE porque el caso está «en fase de investigación».
El dirigente regional avanza que cuando concluya la auditoría y dispongan de datos concretos dará más información. La investigación interna se centrará en averiguar qué cantidad exacta ha desaparecido, cómo se ha producido la sustracción y quién o quiénes han sido sus responsables. La organización adoptará también las medidas oportunas para que no vuelva a producirse una situación similar.
«Un atentado contra los discapacitados»
Un miembro del comité que prefiere mantener el anonimato afirma que han fallado los controles. No entiende cómo ha desaparecido una cantidad tan elevada si se auditan las cuentas cada año. Los indicios apuntan a que la presunta sustracción se habría producido en los últimos meses. En su opinión, se trata de «un atentado contra los discapacitados, que son personas vulnerables y que necesitan ese dinero para desarrollar proyectos que mejoren su día a día».
Cermi ha tomado ya su primera decisión de calado: apartar al director técnico de Aragón, que lleva más de una década desarrollando labores en la plataforma que agrupa a las asociaciones de discapacitados. Esta resolución no implica que la organización le señale como culpable. Es una medida de procedimiento, indican las fuentes consultadas.
«Los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos son el propio Cermi Aragón y sus entidades miembro, ya que estas, y por lo tanto las personas con discapacidad y las familias a las que representan, son las primeras damnificadas por esta sustracción», reconoce la organización. No obstante, este diario no ha podido conocer de dónde procedía el dinero, qué cantidad total existía en la cuenta y cuáles eran las personas autorizadas a realizar transacciones.
Cermi es una plataforma nacional que, solo este año, ha recaudado más de 591.000 euros de subvenciones y ayudas públicas, según indican en su página web. La mayor cuantía previene de una subvención a entidades del Tercer Sector de Acción Social que otorga el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra. Sin embargo, desde Cermi Estatal afirman que la situación de Aragón no tiene vinculación alguna con la del resto de España.
Esclarecer responsabilidades
«Cada Cermi es independiente y soberano y no está supeditado a la organización estatal. Es un asunto de la organización en Aragón, que ha sido víctima de un posible acto ilícito contra su patrimonio y está ya en vía legal para esclarecer responsabilidades», ha indicado a este diario su presidente nacional, Luis Cayo Pérez. El dirigente lamenta la situación que viven sus compañeros y se ofrece a apoyarles «en todo lo que esté en mi mano».
Los responsables de este presunto desfalco podrían enfrentarse a una condena que oscila entre los dos y los seis años de prisión y a una inhabilitación especial para los empleos públicos y del derecho de sufragio pasivo de entre seis y 10 años. Así lo señala el artículo 432 del Código Penal que establece las penas por delitos de malversación.
