El Supremo mantiene a Mozo como presidente del CGPJ y despeja la renovación del TC
Los vocales del Consejo se reúnen este jueves con la intención de elegir a los candidatos al tribunal de garantías que le corresponden
Rafael Mozo preside un Pleno del CGPJ. | EFE
Rafael Mozo continuará como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Tribunal Supremo ha decidido no imponer medidas cautelares contra su designación, como pedían el único vocal que votó en contra, Wenceslao Olea, y el secretario del Consejo, José Luis de Benito. La decisión se toma apenas un día antes de que se celebre un nuevo Pleno del órgano de gobierno de los jueces que puede resultar decisivo para elegir a los dos candidatos que le corresponde en el Tribunal Constitucional. El Gobierno presiona para elegir a sus dos representantes antes del Día de la Constitución.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se han pronunciado este miércoles sobre la medida cautelar, pero no sobre el fondo del asunto, que abordarán más adelante. La decisión llega después de que el pasado mes de octubre el Supremo ya rechazara la medida cautelarísima solicitada por Olea y De Benito.
Los miembros del CGPJ decidieron elegir como presidente provisional a Mozo el 13 de octubre, días después de que Carlos Lesmes renunciara a la presidencia. El magistrado progresista fue elegido por 16 votos a favor y uno en contra de los 18 en liza. El único que se opuso fue el vocal Olea, muy próximo a Lesmes. Incluso llegó a formular un voto particular porque «solo puede existir un único presidente» y el Consejo «carece de competencia» para el nombramiento. Otra vocal, se ausentó.
La decisión del Supremo
El Consejo desoyó la hoja de ruta que había diseñado al anterior mandamás para su relevo. El informe que encargó Lesmes establecía que debía sustituirle Francisco Marín Castán, el miembro con más edad del Supremo, aunque no formara parte del órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, sus vocales se rebelaron, lo que provocó una bicefalia al frente del CGPJ.
El Supremo ya rechazó el 18 de octubre suspender de forma inmediata la designación de Mozo como presidente interino sin escuchar al CGPJ. Los magistrados Octavio Herrero, José Antonio Montero, Celsa Pico y Eduardo Espín han declinado dejar en suspenso del nombramiento de Mozo, que ocupa el cargo de forma temporal aunque apenas tiene atribuciones.
El magistrado José Manuel Bandrés, que también forma parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pidió abstenerse para evitar que la decisión de sus compañeros sea impugnada en el futuro, ya que es el candidato designado por el sector progresista del CGPJ para una de las plazas vacantes en el Constitucional desde junio. Sin embargo, el alto tribunal ha desestimado su solicitud, por lo que ha tenido que participar en el proceso.
La decisión del Supremo llega solo unas horas antes de que se reúna el Consejo. El encuentro debe servir para que las dos familias del órgano de gobierno de los jueces designen a sus candidatos al tribunal de garantías, una empresa que se lleva retrasando meses. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE son pesimistas. Afirman que ven difícil que este jueves se produzca la fumata blanca, pero mantienen la esperanza de que los nombramientos se produzcan antes de Navidad.
El ala progresista ya ha decidido su nombre para el tribunal de garantías, el citado Bandrés. Quienes no lo han hecho han sido los conservadores. Suena con fuerza Pablo Llarena, que fue instructor en el juicio del procés. En las últimas horas también ha tomado consistencia la candidatura de César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Para designar a los magistrados del Constitucional es necesario alcanzar un consenso, ya que se necesita el voto de 11 de los 18 vocales que actualmente conforman el CGPJ (un juez se jubiló y otra falleció). El sector progresista del Consejo está preocupado porque los conservadores sigan dilatando la elección de su candidato. Sostienen que detrás de esa demora se esconde su rechazo a Bandrés por ser muy cercano al Gobierno, algo que los aludidos rechazan.
El Ejecutivo no quiere dilatar más el proceso. El mandato de cuatro miembros del Constitucional está caducado desde junio, pero no puede elegir a su par hasta que el CGPJ no decida que dos magistrados propone para el tribunal de garantías. El Gobierno quiso cerrar este capítulo antes del 13 de septiembre, fecha que señaló como límite tras introducir una enmienda a su propia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe al Consejo realizar nombramientos cuando está en funciones.
