Carpetazo inminente al rescate del Gobierno a Plus Ultra por un error de la juez instructora
La aerolínea está investigada por un supuesto delito de malversación de fondos públicos por el rescate de 53 millones de euros del fondo de la SEPI
Avión de Plus Ultra. | Europa Press
Un error de la juez instructora aboca al archivo la investigación sobre el polémico rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. La compañía, que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, se librará de comparecer a declarar como investigada en las diligencias abiertas por la magistrada Esperanza Collados por un supuesto delito de malversación de fondos públicos.
Y será así por un error de la juez que impedirá que la compañía comparezca como imputada en el juzgado para responder ante las sospechas de su incumplimiento de los requisitos para acceder a tal ayuda, según ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los magistrados de la Sección Segunda han dado la razón a la aerolínea en un recurso de apelación en el que alegaba que su citación a declarar se había producido fuera del plazo de instrucción válido. Una decisión que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado compartían.
El 8 de abril de 2021 dio inicio la instrucción del caso. Según la ley procesal, la investigación judicial debe durar un máximo de 12 meses, si bien esta puede ser prorrogada durante otros seis meses si los magistrados lo consideren necesario, sin necesidad de contar con ninguna de las partes. El pasado 8 de abril de 2022 la jueza Collazos debió de prorrogar la causa para poder continuar con la investigación. No lo hizo. Y, sin embargo, en un auto fechado el 25 de mayo y que fue recurrido por Plus Ultra, citó a la aerolínea a declarar. Esto, sin haber aumentado los plazos necesarios para continuar las pesquisas. La propia aerolínea se percató del error de la instructora y recurrió su citación alegando que se encontraba fuera de plazo.
«La expiración del plazo conlleva la inviabilidad de incorporar nuevo material instructorio. En consecuencia, no es posible la práctica de actuaciones adicionales, ni siquiera la que sería primera llamada al proceso de los luego acusados, una vez agotado, sin haberse interesado su prórroga, el plazo máximo de investigación establecido legalmente», indican los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid en su auto, aludiendo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Frenazo al caso Plus Ultra
La jueza respondió al recurso de Plus Ultra alegando que, según su interpretación de la ley procesal penal, el año para poder realizar una investigación judicial comienza a contar cuando una de las partes, en este caso la aerolínea, es citada en condición de investigado. Algo que sucedió el 25 de mayo de 2022. Por ello, la magistrada instructora entendía que se encontraba dentro del plazo que fija la ley. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de Plus Ultra dejando sin efecto su citación como investigada y abocando la instrucción a su archivo.
«No cabe acordar la práctica de la diligencia de investigación consistente en la declaración como investigado del representante legal de Plus Ultra, ni ninguna otra, una vez se haya agotado el plazo de doce meses previsto para el desarrollo de la instrucción, siendo el dies a quo el correspondiente a la fecha en la que se incoan las diligencias previas», añaden los magistrados en su resolución.
Otro error benefició a Plus Ultra
La decisión de la juez de llamar a declarar al representante legal de Plus Ultra se produjo a petición de Vox, que ejerce la acusación popular junto al PP y Manos Limpias. Una solicitud que se produjo después de un error anterior del juzgado, en este caso técnico, que originó el motivo que ahora va a impedir que la aerolínea sea citada a declarar como investigada. La juez tuvo que repetir el 29 de marzo el careo que ya habían mantenido en enero los peritos que realizaron dos informes, uno a solicitud de la SEPI y otro a petición de la juez, para determinar si la situación económica de Plus Ultra a cierre del año 2019 era compatible con las condiciones para poder optar al rescate.
Aquel careo tuvo que repetirse como consecuencia de un error técnico había impedido que se grabara el primer careo de los peritos en enero. Esa segunda declaración de los expertos se produjo el 29 de marzo, apenas unos días antes de que el 8 de abril, según ha determinado ahora la Audiencia Provincial, concluyera el plazo de instrucción. Un error que se suma al que va a librar a Plus Ultra de su imputación.
Durante aquel segundo careo, como informó este diario, los peritos independientes confirmaron a la juez del caso Plus Ultra que la aerolínea era «una empresa en crisis» a fecha del 31 de diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, y por tanto podría haber incumplido los requisitos exigibles para optar al rescate que recibió de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los peritos de la SEPI, por su parte, se han ratificaron en que, en base a los documentos que le entregaron la sociedad pública y Plus Ultra, la empresa sí habría cumplido con los requisitos para recibir el rescate.
¿Ocultó Plus Ultra información?
No obstante, y a diferencia del perito judicial independiente, los expertos que firmaron los informes de la SEPI reconocieron que no habían podido examinar la documentación completa del expediente. Con la solicitud de llamar a declarar al representante legal de Plus Ultra, el partido presidido por Santiago Abascal quería que la aerolínea respondiese, entre otras cuestiones, sobre si ocultó información sobre las cuentas de la empresa a los peritos judiciales.
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió un préstamo de 53 millones de euros para ayudar a la compañía aérea de origen venezolano a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la SEPI en marzo de 2021. «Siendo Plus Ultra una empresa en crisis no podía tener acceso a esta ayuda. Los profesionales que intervinieron debieron verlo como expertos en la materia. Y debieron ver también la trascendencia y el impacto en esta situación del crédito participativo del arrendamiento financiero de empresas», afirmó Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, tras el segundo careo mantenido por los peritos.
